DOM dio contrato millonario a empresa ligada a un secretario municipal y a donante de Nuevas Ideas
La Dirección de Obras Municipales dio un contrato por $33.6 millones a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores para reconstruir el mercado San Miguelito, en San Salvador, sin verificar, pese a que una ley especial se lo exige, si esta era capaz de ejecutar el proyecto. En El Salvador, el dueño de la mexicana creó una empresa gemela con ayuda del secretario de la Alcaldía de San Martín y una notaria que fue financista de Nuevas Ideas. En la práctica, fue la salvadoreña la que ejecutó la obra desde su inicio en noviembre de 2022. Al final, la empresa no contaba con suficientes recursos, abandonó el proyecto y espera que le paguen cerca de medio millón de dólares por los trabajos realizados en la obra aún inconclusa.
Por Andrés Dimas y Jaime Quintanilla
La junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le entregó por $33.6 millones la reconstrucción del mercado San Miguelito a Gallo Hermanos Constructores, una empresa mexicana ligada al secretario de la alcaldía de San Martín, gobernada desde 2021 por Nuevas Ideas y GANA.
La asignación de la obra ocurrió el 4 de noviembre de 2022, más de un año después del incendio que consumió gran parte de la estructura del mercado, otrora uno de los tres más grandes de la capital.
La DOM ignoró su propia ley al contratar a una empresa que no contaba con la capacidad ni los recursos suficientes para operar en El Salvador. Para sortear este obstáculo, el dueño de la empresa mexicana creó una empresa con similar nombre junto a un socio salvadoreño: el secretario municipal Marlon Cabrera Lemus.
En la práctica fue la empresa salvadoreña la que operó en el mercado San Miguelito hasta que, en febrero de 2023, la DOM le quitó proyecto por incumplimiento del contrato a la empresa de origen mexicano.
Esta maniobra en la que una empresa extranjera se apoyó en su sociedad gemela para ejecutar una obra pública fue, a juicio de expertos, una “subcontratación” que riñe con la ley especial de contrataciones creada por la Asamblea oficialista para la DOM.
Además, el hecho de que estas sociedades nunca habían ganado un contrato de obra pública y no existían en El Salvador, y el uso de una de las empresas para actuar en nombre de la otra, no fueron impedimentos para entregar uno de los contratos más cuantiosos de la entidad, una oficina adscrita al Órgano Ejecutivo, que comparte colores con el partido Nuevas Ideas y es dirigida por fundadores y dirigentes de este instituto político.
Como ocurre con más de un centenar de proyectos pagados con millones de dólares de impuestos de los contribuyentes, sobre la reconstrucción del mercado San Miguelito hay poca o casi nada de información disponible al público. Tras más de tres meses, el equipo de investigaciones de FOCOS logró confirmar la adjudicación y detalles del proceso.
Además, logró contactar al dueño mexicano de la compañía, Francisco Gallo Palmer, quien confirma haber ganado la obra en la que participó, asegura, al enterarse de la convocatoria realizada a nivel internacional; confirma su vínculo con Cabrera Lemus, pero asegura que todo el proceso se hizo en orden. Si hubo fallas, él apunta hacia la DOM y no hacia sus empresas.
En México, la empresa fue cuestionada por irregularidades en la construcción de un edificio judicial en 2017 por la Auditoría Superior de Michoacán.
Cinco fuentes que trabajaron con Gallo Hermanos en El Salvador, una fuente de la Alcaldía de San Salvador que conoció del proyecto y una fuente de la institución aseguran que en la obra siempre estuvo involucrado el secretario municipal Marlon Cabrera Lemus, a quien Gallo Palmer llama “amigo”, y con quien creó la sociedad gemela de Gallo Hermanos en El Salvador una semana después de que se lanzara el proceso de licitación. La empresa fue bautizada en el país con idéntico nombre que su par mexicana y sirvió para contratar personal y alquilar maquinaria que llegó a trabajar al barrio San Miguelito.
Todas las fuentes detallan, además, que la empresa únicamente alcanzó a demoler la estructura que sobrevivió el incendio de septiembre de 2021, pero que luego abandonó la obra por dificultades para acceder a más recursos.
Gallo Palmer confirma los impases y el desenlace, y confirma que la finalización de su contrato le fue notificada a través de un documento firmado por Claudia Rodríguez de Guevara, presidenta de la Junta Directiva de la DOM. En el escrito se hace constar la revocación del contrato a seis meses de aprobado. La empresa había detenido desde diciembre los trabajos para luego abandonar el proyecto.
Creada ante los oficios de una donante de Nuevas Ideas
Gallo Hermanos no existía en El Salvador antes del lanzamiento de la licitación. Sin embargo, sí existía en Morelia, en el estado mexicano de Michoacán, donde fue fundada en junio de 2007 por Francisco Javier Gallo Palmer y Lorena Elizabeth Mirón Balboa. En 2019, Mirán Balboa cedió su cargo a su hijo Luis Fernando Gallo Mirón, medio hermano de Gallo Palmer.
En México, la empresa fue cuestionada por irregularidades en la construcción de un edificio judicial en 2017 por la Auditoría Superior de Michoacán. Y en julio de 2021 fue sancionada e inhabilitada por dos años y seis meses para ser contratada a nivel federal por presuntamente haber brindado información falsa en un proceso de licitación. Un año y tres meses después, en septiembre de 2022, ganó un amparo interpuesto ante tribunales federales administrativos y la sanción fue declarada nula.
En agosto, cuando todavía estaban inhabilitados para operar en México, los hermanos Gallo resolvieron, en una sesión de junta directiva, celebrada el primero de ese mes, que abrirían operaciones en El Salvador a través de la inscripción de una sucursal para poder licitar en el país. 10 días después, Gallo Hermanos Constructores S. A. de C. V. se constituyó no como una sucursal sino como una nueva empresa en el país.
La llegada de Francisco Gallo a El Salvador, dice, fue porque se enteró de la convocatoria internacional de licitación del mercado y gracias a Cabrera Lemus, quien lo ‘asesoró’ para poder licitar con la DOM. Cabrera, luego, materializó su relación con el empresario mexicano al convertirse en socio minoritario de la salvadoreña que luego sería usada para operativizar la reconstrucción del mercado San Miguelito.
La sociedad salvadoreña se constituyó el 11 de agosto de 2022, una semana después de lanzada la convocatoria de licitación y mes y medio antes de que se adjudicara la obra a la empresa mexicana.
La empresa mexicana se inscribió como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda el 23 de agosto, cinco semanas antes de que la DOM le entregara el contrato de $33.6 millones. Así lo confirma el Número de Identificación Tributaria 9600-250607-101-0 correspondiente a Gallo Hermanos Constructores, S. A. de C. V., de capital mexicano.
La sociedad homónima de Gallo Hermanos Constructores S. A. de C. V. se constituyó en El Salvador con $2,000 como capital inicial. Según consta en el Registro de Comercio, Gallo Palmer fue nombrado administrador propietario y suscribió el 80 % de las acciones; Cabrera Lemus fue nombrado suplente y suscribió el 20 %.
«Según la ley, esta subcontratación es irregular porque uno de los accionistas de esta sociedad vendría a ser un servidor público.»
Ruth López, jefa de Anticorrupción de Cristosal.
La empresa salvadoreña fue domiciliada en un despacho jurídico, ubicado en la colonia Médica, en San Salvador. Ahí no hay ninguna oficina de ninguna constructora; en su lugar, Cabrera colocó la dirección del bufete de abogados donde alguna vez trabajó. “Él en un tiempo estuvo aquí, pero ahorita ya no. Aquí no hay ni gallo ni gallina ni pollitos. Nosotros ni conocemos a ningún tal Gallo”, dijo Mario Herrarte, abogado encargado del despacho. “Acuérdese que para el domicilio pone cualquier dirección y no necesita autorización del titular del inmueble para poner esa dirección ahí (en el CNR)”, añadió.
Cabrera Lemus es abogado y, desde la llegada de Nuevas Ideas y GANA a la comuna, fue nombrado secretario municipal, un puesto de confianza para el concejo. Entre 2012 y 2017, mientras San Martín era gobernada por ARENA, Cabrera Lemus fue jefe de Cuentas Corrientes y Recuperador de Mora, y también fungió como apoderado legal del alcalde y su concejo.
Su llegada a la alcaldía cian, aseguran dos fuentes, obedece a su relación desde la infancia con el actual alcalde Mauricio Arias. “Ambos nacieron en el mismo barrio, aquí en San Martín. Por eso y por la experiencia previa que tenía, el alcalde lo llamó”, dice una de las fuentes.
Gallo Palmer asegura que su asociación con Cabrera se debe a que son amigos, pero reaccionó con sorpresa cuando se le hizo ver que su socio también tiene un cargo público. El empresario sostiene que la razón de constituir una sociedad en El Salvador con el mismo nombre que tiene en México fue para “poder hacer negocios en El Salvador, no de construcción”.
“No se creó con la idea de suplantar a la mexicana ni nada. Se creó para hacer cuestiones de importación y exportación”, asegura el empresario mexicano; aunque las principales actividades que registraron en el CNR reseña una fusión de las experiencias de sus fundadores: “Construcción de obras civiles, transporte de material, arrendamiento de maquinaria, asesoria contable y jurídica e inversiones en bienes y raíces”.
Según la escritura pública de constitución de la sociedad en El Salvador, Gallo Palmer y Cabrera Lemus fundaron la sociedad ante los servicios de la abogada y notario, Silvia Leticia Portillo González. En 2020, esta abogada donó $1,644 al partido Nuevas Ideas, según consta en el listado de donantes a partidos políticos del Ministerio de Hacienda.
Actualmente es la jefa de la Unidad de Compras Públicas de la alcaldía de San Martín y, desde septiembre de 2021, comparte lugar de trabajo con Cabrera Lemus.
Según su hoja de vida, Portillo González fue una funcionaria de confianza del actual Consejero Político Nacional del partido Nuevas Ideas y exministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Cuando Rivas dirigió el extinto Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), entre 2014 y 2019, la abogada fue jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Ella ocupó ese mismo cargo, ahora en un ministerio, cuando Rivas ejerció como el primer ministro de Seguridad de Bukele, entre 2019 y 2021.
Portillo también fue la encargada de inscribir a la salvadoreña Gallo Hermanos ante el Ministerio de Trabajo.
Al consultarle sobre su relación con Portillo González y Cabrera Lemus, Gallo Palmer dijo que “a la notaria me la presentó su esposo”, con quien dice guardar una relación de amistad. “Después conocí a Marlon”, agrega. Al pedirle más detalles sobre su relación con los funcionarios municipales salvadoreños, el empresario dijo que solo hablaría sobre el mercado porque “lo demás no es asunto público”.
FOCOS buscó a Portillo en su oficina en la alcaldía de San Martín el 12 de mayo y le dejó una carta solicitando reacciones, pero al cierre de este reportaje no había respondido.
En conclusión: cuando la mexicana Gallo Hermanos ganó el proyecto del San Miguelito, la empresa recién llegada no contaba con oficinas propias ni equipos ni personal para ejecutar una obra pública en el país. Esto no evitó que la DOM le encargara uno de sus proyectos más importantes a esta empresa cuyo dueño, en paralelo, creó una empresa gemela en El Salvador que presentó direcciones locales y se inscribió en todos los entes necesarios para comenzar a operar.
La DOM y una ley que fue letra muerta
El 23 de noviembre de 2021, la Asamblea oficialista creó una ley especial para la DOM (la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales), con el pretexto de hacer más expeditas y eficientes el proceso de adjudicaciones para llevar ‘desarrollo’ al país. Pese a lo estipulado en esta ley, la entidad no verificó que el contratista estuviera calificado para ejecutar la obra. Es decir, incumplió su propia normativa.
A la Junta Directiva de la DOM se les escapó que la empresa recién llegada al país no contaba con propiedades ni ningún otro bien en El Salvador que sirvieran como garantías necesarias para poder recibir el anticipo del 30 % de la obra, clave para iniciar la construcción.
Aún así, Gallo Hermanos ganó el contrato y lo poco que pudo operar fue gracias a una alianza entre Gallo Palmer y el empleado municipal para crear la empresa salvadoreña con idéntico nombre que la mexicana. Esta sociedad gemela le sirvió para realizar pagos por alquiler de maquinaria y la planilla de salarios de sus empleados, de acuerdo con documentos del ISSS y tres fuentes que trabajaron en el proyecto junto a la sociedad mexicana y la sociedad salvadoreña.
Para dos juristas expertos en transparencia y derecho administrativo, el hecho de que Gallo Hermanos utilizara a una empresa homónima, vinculada directamente a la constructora mexicana, con el objetivo de cubrir gastos clave para el desarrollo de la obra, puede entenderse, en la práctica, como una “subcontratación”.
“Por un lado, está contratando con una sociedad, pero va a ejecutar otra sociedad; o sea que engañó, porque no reunía las condiciones para operar, porque el contrato lo está cumpliendo la sociedad homónima. Hizo un traspase de las obligaciones de facto”, explicó José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas.
“El haber ejecutado la obra; es decir, haber contratado personas, haber servido como empleador de una obra, el haber contratado servicios, el haber comprado bienes para ser ejecutados en la ejecución de una obra que había sido adjudicada a una empresa extranjera está actuando, de hecho, como un subcontratista”, plantea Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la oenegé Cristosal.
El protagonismo de la empresa salvadoreña en las obligaciones de la mexicana acerca a la DOM a otra prohibición de su propia ley. Según el artículo 4, literal b, de la Ley Simplificada para Obras Municipales que regula a la DOM, no podrán ser oferentes ni contratistas de la institución “los servidores públicos de (…) cualquier municipalidad, ni las personas jurídicas en las que ellos ostenten calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores y directivos”. Al final del artículo se agrega que “los impedimentos anteriores se extienden también a las subcontrataciones ”, como ocurriría en el caso del secretario municipal Cabrera Lemus, administrador único suplente y accionista fundador de la Gallo Hermanos en El Salvador.
“En tanto, según la ley, esta subcontratación es irregular porque uno de los accionistas de esta sociedad vendría a ser un servidor público; en este caso, un secretario municipal”, agregó López.
La reconstrucción del mercado San Miguelito es considerado como uno de los “proyectos presidenciales” de Nayib Bukele, según comunicó la institución, que asumió la obra en sustitución de la alcaldía de San Salvador. La obra es la segunda adjudicación más onerosa que la DOM ha brindado entre diciembre de 2021 y enero de 2023, de acuerdo con información oficial de la institución.
La DOM resolvió que le pagará por la demolición que hizo. Gallo Palmer aseguró que el monto acordado es de $425,000.
La DOM es una entidad creada el 17 de noviembre de 2021 y actualmente es dirigida por fundadores y dirigentes del partido Nuevas Ideas, el partido fundado y dirigido por familiares y amigos del presidente Nayib Bukele. Gracias a su creación, el Ejecutivo ahora concentra y controla todas las obras municipales del país que, en años anteriores, eran financiadas por un fondo especial que se distribuía para ser ejecutado de manera autónoma por las alcaldías.
La Junta Directiva que avaló esa contratación está conformada por hasta cinco miembros vinculados al partido Nuevas Ideas, entre donantes y dirigentes políticos, los dos restantes son empleados de confianza del Ejecutivo. Destacan la presidenta del organismo, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de Bukele y secretaria de finanzas del partido, y María Ofelia Navarrete, conocida por María Chichilco, ministra de Desarrollo Local y consejera política nacional de Nuevas Ideas. Álvaro O’Byrne, director ejecutivo de la Institución y quien funge como secretario de la Junta, es además fundador del partido cuyo color oficial es el cian, el mismo color que ha asumido la entidad gubernamental a nivel nacional.
Este periódico intentó obtener respuestas de la presidenta de la Junta Directiva y del director ejecutivo de la DOM sobre el proceso de adjudicación del proyecto, el desarrollo de la obra y sobre los quiebres del mismo. No hubo respuesta, a pesar de los múltiples intentos para contactarlos desde el 4 de mayo hasta el cierre de este reportaje.
Que no sepa la mexicana lo que hace la salvadoreña
Gallo Palmer usó a la sociedad que constituyó con el secretario municipal de San Martín para arrancar la obra, a pesar de que la DOM había otorgado la reconstrucción del San Miguelito a su empresa mexicana, según documentos administrativos y fuentes que participaron del proyecto.
Gallo Hermanos utilizó a su gemela salvadoreña para realizar pagos sin los que hubiese sido difícil iniciar el proyecto, desde utensilios de bioseguridad como guantes o máscaras de protección pasando por el pago de sueldos por servicios profesionales, el pago de las cuotas del ISSS a ingenieros, técnicos y obreros hasta el alquiler de la maquinaria que sirvió para la demolición de la estructura preexistente, según relataron tres fuentes cercanas al proceso.
El empresario mexicano reconoce que la creación de la salvadoreña le sirvió porque le permitió inmediatez, “cuando se inició, (hice trámites con) la salvadoreña, la hicimos porque no teníamos el NIT de la sucursal mexicana. Tardó mucho el gobierno en dárnoslo. Algo rápido fue crear la salvadoreña”, explicó.
Pero al mismo tiempo niega que haya utilizado a la empresa salvadoreña para realizar pagos a proveedores porque asegura que los tratos entre proveedores fueron “únicamente de palabra, no se firmó contrato con ellos. No les he pagado aún, todavía les debo”. Asimismo, afirmó que a los empleados les pagaba en efectivo con dinero que le transferían desde su empresa en México.
Sin embargo, la versión de Gallo Palmer no corresponde con lo que registran documentos comerciales y de instituciones oficiales. FOCOS corroboró que el NIT 0614-110822-106-7, correspondiente a la empresa local, fue el que se registró en facturas de alquiler de maquinaria y en el registro reportado ante del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), donde la sociedad fundada por Gallo Palmer y Cabrera Lemus inscribió una planilla salarial de 31 empleados y colocó como dirección al mercado San Miguelito, donde trabajaba la mexicana Gallo Hermanos.
Los documentos reportan que la empresa descontinuó los pagos de cotizaciones y está en mora con el ISSS desde diciembre de 2022. Acumulan una deuda de más de $6,200 entre cuotas atrasadas y multas.
Tres fuentes no vinculadas entre sí que trabajaron para Gallo Palmer aseguraron que la empresa mexicana no pudo hacerse con los recursos suficientes y que los bancos salvadoreños no habían autorizado abrirles cuentas bancarias.
“A la empresa extranjera, los bancos no quisieron abrirles cuentas para funcionar. Entonces, usó la otra empresa (salvadoreña)”, relató una de las fuentes cercanas al proceso.
La vinculación entre ambas empresas era tal que, por la obra en construcción, era frecuente ver a los dos dueños de la empresa salvadoreña. Una de las fuentes que llegó a ser contratada por Gallos Hermanos en el país a finales de 2022 relató que conoció al secretario municipal Cabrera Lemus en el mercado San Miguelito cuando llegaba “a dar órdenes». La fuente lo vio al menos dos veces y, ante los reclamos que le hicieron a Gallo Palmer, el socio del empresario mexicano dejó de llegar. “Al principio lo presentaron como socio y nos extrañó que se borrara del mapa”, dijo.
“Nunca trabajó en el proyecto, nunca trabajó en nada ese tal Marlon. Nosotros varias veces le preguntamos al ingeniero Gallo quién era él. ‘Es un socio’, nos decía. ‘Pero él no puede venir aquí a dar órdenes, aquí los que mandamos somos nosotros’, le dijimos. Llegaba así con grandes ínfulas y, luego de esas dos ocasiones, ya no llegó”, agregó la fuente que trabajó en el proyecto pero que pide anonimato por seguridad.
Consultado por estas visitas, Gallo Palmer no negó que su socio de otra empresa llegara a una obra en la que, según su versión, no tenía nada que ver. “Es mi amigo y es mi socio en la otra empresa, ¿qué es lo extraño?”, se justificó.
Consultado para esta investigación, el secretario Cabrera Lemus no negó la información y dijo que no agregaría más comentarios.
Obra abandonada
El 8 de mayo de este año, la junta directiva de la DOM notificó “la extinción por caducidad del contrato DOM-FG-OB-155/2022, suscrito con la sociedad Gallo Hermanos Constructores S. A. de C. V., por incumplimientos cometidos en la ejecución del contrato relacionado”. Gallo Palmer recibió el documento que firmó la presidenta de la institución, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, luego de que se le enviara una solicitud de entrevista con varias preguntas sobre la adjudicación de este proyecto.
La decisión de la junta directiva se basa en el artículo 111 literal “a” de la ley simplificada, en la que establece que la caducidad anticipada de los contratos se da por el “incumplimiento de una o algunas de las obligaciones del contrato u orden de compra por causa imputable al contratista”. Para este caso, fue específicamente el incumplimiento de las garantías contractuales.
Gallo Palmer asegura que dejó de estar encargado de las obras en el San Miguelito el 10 de febrero “porque las aseguradoras pedían tener garantías hipotecarias en El Salvador y no me aceptaron las garantías mexicanas”. Tres fuentes vinculadas al proceso ratifican la explicación del mexicano.
El empresario también aduce a la falta de permisos de construcción para justificar la falta de avances y el bloqueo de la fianza.
En la resolución, la junta directiva también comisionó al administrador del contrato, Jimy Gutierrez Canizalés (sic), “para que proceda a efectuar el levantamiento de la obra parcialmente ejecutada por el contratista a esta fecha, y para que proceda a realizar los trámites correspondientes al pago”.
A pesar de que Gallo Hermanos no pudo dar esa garantía de cumplimiento para la reconstrucción del mercado San Miguelito, y que quedó debiéndoles pagos a sus ex empleados y proveedores, la DOM resolvió que le pagará por la demolición que hizo. Gallo Palmer aseguró que el monto acordado es de $425,000 y ya están “en trámite para que nos liquiden eso”.
“Yo ya fui notificado y estamos esperando que me paguen el finiquito. Porque no me han pagado nada, absolutamente ni un peso”, aseguró Gallo Palmer el 11 de mayo y agregó que “el finiquito son $425.000. Es todo el trabajo que nosotros hicimos”.
Los empleados y proveedores afectados también están a la espera de que, ya sea la salvadoreña o la mexicana, les pague lo adeudado por los servicios prestados. “La empresa topó y ya no pudo obtener el anticipo ni traer dinero de México”, aseguró uno de los empleados que estuvo involucrado en la demolición. “Él prácticamente huyó porque nos quedó adeudando”, añadió.
A la fecha, la DOM solo ha notificado la revocación del contrato pero se desconoce si abrió un proceso sancionatorio de inhabilitación a Gallo Hermanos, como lo establece el artículo 118 de la ley, por no poder cumplir con el contrato del San Miguelito. Ya lo ha hecho: en mayo de 2022 anunció la sanción al proveedor Tobar, S. A. de C. V. por obras de bacheo inconclusas en el departamento de San Salvador. La Junta Directiva de la DOM resolvió inhabilitar por cinco años a esa empresa. En este caso, la DOM guarda silencio.
Nueva empresa, una contratación directa
La construcción del nuevo mercado apenas reinició en febrero de 2023. Un mes antes, la Junta Directiva de la DOM buscó a Industrias Metalmecánicas Especializadas, sucursal El Salvador (IME, s.a.c.i.), una empresa argentina que está ejecutando obras en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral. Luego de proporcionar la documentación, en febrero, la DOM le otorgó la reconstrucción del mercado a través del mecanismo de contratación directa, es decir “a dedo”, según explicó una fuente cercana al proceso que no quiere revelar su nombre por miedo a represalias. Según los documentos a los que ha tenido acceso Focos, IME no participó en las primeras licitaciones del mercado San Miguelito.
Según la Ley especial de la DOM, la contratación directa es un procedimiento “particular y excepcional” y sólo procede por montos iguales o menores a $10,000. Sin embargo, la Junta Directiva, podía aprobar la contratación directa por montos mayores cuando era justificado debidamente, como ocurrió con la contratación directa a IME.
Esa potestad para contratar a dedo sin límite de monto fue eliminada por la Asamblea Legislativa el 21 marzo de 2023 y entró en vigor el día 31. Ahora, las contrataciones directas como la que la DOM hizo con IME previamente, son ilegales.
En la lámina perimetral, del mercado San Miguelito, hay páginas pegadas con el logo de la nueva empresa y el de la DOM. Dentro, ya hay vehículos y maquinaria con los mismos logos. Sin embargo, hasta principios de mayo, la obra seguía paralizada. Solo cuatro columnas conmemorativas de la vieja edificación quedan en pie, rodeadas de una planicie de tierra. Ni siquiera los empleados de la gerencia de mercados de la Alcaldía de San Salvador conocen el detalle del avance de las obras.
El origen del San Miguelito data de la década de 1950, sin embargo, el edificio que se incendió había sido inaugurado en 1974. Según datos municipales de 2019, es el tercer mercado más grande de la ciudad capital y uno de los más importantes por su comercio masivo de flores naturales y artificiales.
En los alrededores de donde estaba el mercado San Miguelito, los vendedores siguen a la espera de lo que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, y el director de la DOM, Álvaro O’Byrne, prometieron desde principios del año pasado. Una vendedora, que intenta darse aire con un cartón para apaciguar el calor de la tarde, se encoge de hombros y dice, resignada, que les han dicho que “quizá en un año y medio esté listo el nuevo mercado”. “Para las elecciones”, agrega.
A los principales afectados por el retraso de la obra, los cerca de 2,500 vendedores y vendedoras de 1250 puntos de venta, nadie les ha notificado de ningún avance. Una vendedora de piñatas resiente que, desde que están en los puestos improvisados ha caído su venta, pues, dice, que los clientes no llegan por la falta de parqueo.
“Subí al balcón de un local que nos sirve de bodega para tomar fotos del estado de la obra y los encargados me dijeron que le iban a subir a las láminas para que nadie pudiera ver el avance de la construcción del mercado”, dijo otra afectada que vende flores artificiales.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
