El préstamo del BCIE para la emergencia de Eta e Iota que JOH utilizó para comprar votos

Texto: Vienna Herrera
Portada: Daniel Fonseca
Fotografías: Jorge Cabrera y Amílcar Izaguirre

“Era un fenómeno, decenas de personas en los bancos aquí de El Progreso cobrando el bono. Algunas decían que eran siete mil (lempiras), otras decían que eran 14 mil los que te daban, siete mil antes de las elecciones y los otros siete mil después”, dice Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), quien radica en esta pequeña ciudad al norte de Honduras.

Elvis Hernández se refiere al dinero en forma de ayuda directa proveniente de dos bonos aprobados en 2021 por el gobierno de Juan Orlando Hernández, previo a las elecciones generales de noviembre de ese año: el Bono Vida Mejor-Bicentenario, que recogía remanentes de presupuesto de varias instituciones, y el Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, financiado con un préstamo de 1,750 millones de lempiras (USD 70 millones) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a paliar la emergencia provocada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

A pesar de la devastación —100 muertos y 4.5 millones de personas afectadas, según cifras oficiales— y de que miles de personas sin hogar ni albergue deambulaban por las calles de San Pedro Sula y El Progreso, el gobierno de Honduras le escribió al BCIE para solicitar el préstamo hasta junio de 2021, siete meses después del desastre. Según la documentación del mismo banco, los fondos,  fueron aprobados en agosto y transferidos en octubre, casi un año después del paso de las tormentas tropicales, pero a solo un mes de las elecciones presidenciales. 

De acuerdo con un documento de la Secretaría de Finanzas, del total del préstamo, el BCIE entregó el 20 % al gobierno de Hernández, 339,813,551 lempiras (13,592,542 USD) para que la ayuda llegara a unos 485 mil beneficiarios. Sin embargo, dos personas que cobraron el bono, dos fuentes dentro del banco y dos veedores de sociedad civil le confirmaron a Contracorriente que los bonos fueron entregados en noviembre de 2021 por el gobierno nacionalista, a cambio de votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura. 

Una de las personas que recibió el bono y habló con este medio bajo condición de anonimato, cuenta que para incluirla en el listado de beneficiarios le pidieron su tarjeta de identidad, “Nomás eso y que votara por ‘Papi a la orden’”. 

Las dos fuentes dentro del banco aseguran que el préstamo se aprobó inusualmente rápido debido a la cercanía de las elecciones. El todavía director del BCIE, Dante Mossi, que dejará su cargo en unos días, reconoció en entrevista con Contracorriente que el desembolso se produjo efectivamente en un plazo más corto de lo habitual,  aunque asegura que se debía a la urgencia de que el bono llegara a quienes lo necesitaban. 

Todas las fuentes consultadas describen el mismo mecanismo para la entrega de bonos: transferencias monetarias condicionadas a votar por el Partido Nacional. Las personas que podían cobrar el bono eran parte de un listado que recogían las guías de familia, personas encargadas de monitorear su comunidad y gestionar los proyectos, quienes a cambio recibían un pago mensual del gobierno. Aunque no era un requisito oficial, las guías de familia debían ser también activistas del Partido Nacional para asegurarse de que los beneficiarios votaran por Asfura.

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Antes de que el gobierno de Hernández recibiera el dinero para los bonos, la plataforma Mesa Ciudadana, conformada por académicos y sociedad civil, envió una carta a Mossi en donde le pedían que no desembolsara el préstamo porque podría ser utilizado para el clientelismo electoral. Según la plataforma, nunca obtuvieron respuesta.

Mossi reconoció que los políticos se pueden beneficiar de bonos o proyectos que se realicen con fondos del BCIE si es año electoral, y que esa fue la razón por la que no desembolsaron todo el fondo en ese momento y solo dieron el 20 %.

“No hay ninguna anomalía, si hubiese, créame que yo la vería. Yo fui acusado muchas veces por haberle hecho un desembolso para la campaña al Partido Nacional; digo, es una tontera, ni siquiera estaba en Honduras cuando pasó eso. […] Legalmente no es problemático, pero no sé si moralmente o a nivel de conciencia hay como, este análisis de, bueno, podemos beneficiar a cierto candidato si estamos entregando esto dos semanas antes de las elecciones”, dijo Mossi. 

Tres años después del paso de Eta e Iota, el manejo de las ayudas a los damnificados por parte del gobierno de JOH sigue envuelto en serias dudas. La Fiscalía hondureña tiene una investigación en curso sobre el programa «No están solos», en la que busca aclarar el tipo de control para elegir a las personas a las que se les darían los bonos, y si realmente las ayudas fueron entregadas. Estos fondos, al igual que los prestados por el BCIE, fueron entregados por medio de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), una de las instituciones más cuestionadas durante el gobierno de Hernández por estar involucrada en varios casos de corrupción. 

Un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) denominado La política pública de asistencia social del partido de gobierno: origen, trayectoria y propósito de los programas y proyectos sociales, indicó que durante los años en que la Sedis estuvo activa ejecutaba más fondos que los aprobados para su presupuesto. Los años en que más incrementó esa ejecución fueron 2016 y 2017, así como 2020 y 2021, «coincidente con los años del fin del gobierno y del proceso electoral».

Asfura, a pesar de la compra de votos, perdió las elecciones ante la actual presidenta, Xiomara Castro. El gobierno actual eliminó la Sedis para sustituirla por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde hoy está en prisión acusado de narcotráfico. Su hija, Ivonne Hernández, ocupaba el cargo de ejecutiva de Finanzas en el BCIE cuando se aprobaron los fondos para emergencia que acabarían siendo utilizados en parte para la compra de votos, y desempeñó ese cargo hasta junio de 2022.

«Ella ganó un concurso en el área financiera de gestión de recursos en nuestra oficina de Taipéi, en la República de China Taiwán, sin relación alguna con la parte de negocios que se encarga del diseño de operaciones», respondió Mossi a la pregunta de Contracorriente sobre si había algún conflicto de interés por el hecho de que la hija del presidente de Honduras trabajara en el banco en el momento del préstamo.

La hija del presidente en el BCIE

Ivonne Hernández comenzó a trabajar en agosto de 2019 como asistente de la directora de Honduras ante el BCIE, Catherine Chang, hija del exministro de Gobernación de Hernández, Chang Castillo, y esposa del exfiscal general, Óscar Chinchilla, quién recientemente se fue a Nicaragua a ocupar el cargo de vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). 

Una fuente que trabajaba en ese entonces en el BCIE, en una de las oficinas encargadas de proyectos, dijo que Chang tenía un papel fundamental para apoyar al gobierno de Juan Orlando Hernández: «Era un caballito de guerra, aprobando cosas que ni sabían que estaban aprobando. Un proyecto que se lleva al BCIE ya lleva todo cuadrado, ni siquiera discuten si es un proyecto necesario, solo hacen la patarata [fingen]».  

Contracorriente contactó a Catherine Chang para solicitar su versión sobre estas declaraciones y explicar su relación con el gobierno del expresidente Hernández, pero al cierre de este texto no respondió a las solicitudes de entrevistas.

Ivonne Hernández, según su perfil de Linkedin, ocupó ese puesto hasta octubre de 2020, cuando fue nombrada Ejecutiva de Finanzas, cargo en el que permaneció hasta junio de 2022.

La hija del expresidente asegura en esa misma red social que es fundadora y miembro de la Fundación Acción Juvenil (Fundaj), una organización que recibió casi 38 millones de lempiras (un millón 500 mil dólares) entre 2016 y 2017 en convenios con la SEDIS. Según una respuesta de Sedesol entregada vía solicitud de información, de ese dinero, casi la totalidad (33 919 millones de lempiras, un millón 356 mil dólares) sigue pendiente de liquidación.

Ivonne Hernández, sin embargo, no aparece como fundadora en el Registro Público de las Asociaciones Civiles (DIRSACC). Fundaj fue inscrita por Elvin Onán Rodríguez Alvarenga, quien en su LinkedIn declara que trabaja en Bufetes Asesores Legales, una empresa para la que Ivonne Hernández laboró como asistente de abogados entre mayo de 2010 y junio de 2012.

La misma empresa figura también en el currículo del expresidente Juan Orlando Hernández. Según el documento, trabajó ahí desde 1997 hasta la fecha en que presentó su currículo en 2013, previo a ser nombrado presidente. Según medios locales del departamento de Lempira, Rodríguez Alvarenga, además, trabajó como asesor en el despacho de la primera dama, Ana García Carías, en la administración pasada.

Contracorriente contactó a Ivonne Hernández para conocer sobre su trabajo en el banco y su implicación con Fundaj, pero al cierre de este texto no respondió a nuestras solicitudes de entrevistas.

Las redes clientelares de Vida Mejor

El expresidente Hernández y su esposa, Ana García Carías, estuvieron involucrados en el programa Vida Mejor, en el que se enmarca la entrega de bonos financiados por el préstamo del BCIE, desde 2006. Sin embargo, fue a partir de su llegada al poder en 2014 que el programa se transformó en una maquinaria asistencialista y clientelar gubernamental, que le permitió controlar una considerable masa de votantes a través de la Sedis.

La extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social estuvo involucrada en varios casos de corrupción revelados por la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), como el caso «Corrupción sobre Ruedas». Según la información de la MACCIH, la hermana fallecida de Hernández, Hilda Hernández, transfirió por medio de la Sedis fondos destinados a ONG para campañas políticas del Partido Nacional. 

«Vida Mejor fue la red clientelar más grande que ha tenido Honduras, por haberse consolidado por tanto tiempo. Normalmente, los gobiernos siempre están cuatro años y consolidan lo que pueden, pero en 12 años se convirtió en la plataforma clientelar más grande que hemos tenido», dice el investigador Elvin Hernández. 

Uno de los principales productos de  Vida Mejor fueron los ecofogones, un sustituto de los fogones con leña, comunes en hogares pobres de Honduras. Hernández los presentó como una solución a la crisis climática y aseguró que reducirían las enfermedades respiratorias de las mujeres que cocinaban con leña. En 2013, año de la campaña electoral en la que Hernández llegaría a la presidencia por primera vez, el programa recibió fondos del gobierno de Honduras mediante una donación de 23,587 millones de lempiras (USD 1 millón), provenientes del BCIE. 

El contrato para la construcción de 9,575 ecofogones, fue otorgado a la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), una organización no gubernamental inscrita en 2006 por Ana García, la exprimera dama y esposa de Juan Orlando Hernández. Entre 2014 y 2017, Fundeih recibió al menos 2 mil 800 millones de lempiras (116 millones de dólares) por medio de convenios con la Sedis.

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Una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el manejo del Fundeih entre 2013 y 2016, señala que la organización usaba las mismas facturas para liquidar dos fondos distintos. Al menos 86,708 mil lempiras (USD 3,468) de gastos que correspondían al proyecto de ecofogones del BCIE estaban también dentro de las liquidaciones del Fondo Departamental que el Congreso Nacional le entregaba a diputados para ejecutar proyectos. Este fondo fue investigado por la fiscalía hondureña y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) porque los parlamentarios depositaban el dinero en sus cuentas de banco y lo usaban para gastos personales o de campaña.

Los auditores, además, contactaron a 87 personas supuestamente beneficiarias de los ecofogones quienes aseguraron no haber recibido el beneficio.

Lujo y conexiones familiares en el BCIE

Los cuestionamientos más recientes hechos al BCIE tienen un actor en común: su presidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi. En 2018, la Junta Directiva del BCIE nombró a Mossi en el cargo, contando con el respaldo de los votos de Honduras, Nicaragua y El Salvador. En ese momento, Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras; Daniel Ortega cumplía su tercer mandato consecutivo en Nicaragua; Salvador Sánchez Cerén, luego prófugo de la justicia acusado de corrupción y ahora ciudadano nicaragüense, presidía El Salvador. 

Mossi buscó una reelección por cinco años más, pero en mayo de este año el BCIE anunció que terminaría su período y elegirían un nuevo presidente. El mandato de Mossi finaliza la próxima semana. 

Eduardo Trejos, exdirector del BCIE por Costa Rica, dijo en una entrevista con Contracorriente que él había enviado al gobierno de Xiomara Castro varias comunicaciones para que no apoyaran la permanencia de Mossi en la presidencia, pero no tuvieron respuesta.

«Se había desgastado bastante la relación con Mossi y los indicadores financieros venían en bajada, sabiendo cuál había sido la posición de Mossi con Juan Orlando, otorgando los créditos que se utilizaron políticamente y todo lo que ya sabemos», dijo Trejo, quien salió del BCIE en 2022. 

Mossi creía tener aliados suficientes para la reelección, según Trejos, pero en la reunión de gobernadores que hubo en México en mayo de 2023 se quedó sin sus aliados cercanos. «Más o menos el 68 % del capital accionario del banco estaba en su contra, y no solamente por su reelección, sino que también pedían su salida inmediata del banco. Ese 32 % que apoyaba su reelección era Honduras, Nicaragua y El Salvador». 

Una base de datos elaborada por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en conjunto con la alianza periodística Redacción Regional demuestra que en la primera administración de Hernández el BCIE no dejó de financiar proyectos para Honduras. En esos primeros cuatro años le dieron 633 millones de dólares distribuidos en ocho proyectos, pero los fondos se duplicaron con la llegada de Mossi al banco en 2018. Tras la reelección ilegal de Hernández, Honduras llegó a recibir 1,752 millones de dólares para 18 proyectos, entre 2018 y 2021.

En la misma entrevista, Trejos aseguró que la ministra de Finanzas de Honduras, Rixi Moncada, se opuso en esa reunión a la salida de Mossi, y logró que al menos terminara su plazo de nombramiento.

Mossi declaró ante Radio América que, efectivamente, la ministra Moncada lo defendió: «A mí me place mucho que la decisión sea unánime […] yo no estuve en ese debate, pero sí pregúntenle a la ministra de Finanzas que me defendió como una leona». El hijo de Moncada, Ramón Ernesto Arias, trabaja como ejecutivo de proyectos en el BCIE desde 2021, previo a que ella fuera nombrada Secretaria de Finanzas en el nuevo gobierno.

Contracorriente contactó a la ministra Moncada para conocer sobre la relación de la Secretaría de Finanzas con el BCIE, y si existe algún conflicto de interés porque su hijo trabaje en el banco. Moncada respondió, vía mensaje de texto, que su hijo «trabaja para el BCIE desde antes de mi designación como Secretaria de Finanzas, y considero que no existe ningún conflicto de intereses porque su cargo no tiene jerarquía en relación con mis funciones de Estado».

De acuerdo con Trejos, la oposición a que Mossi se reeligiera se debe a que durante su dirección el banco aumentó en un 34 % las contrataciones administrativas, compró sedes en diferentes países y empezó a financiar gastos corrientes, es decir, fondos no recuperables.

Trejos no es el único que ha denunciado la situación del banco. Su predecesor, Ottón Solís, que fue director del BCIE ante Costa Rica de junio de 2018 a junio de 2021, denunció en un artículo publicado en varios medios los abusos de la cúpula del BCIE. Solís asegura en el artículo que desde sus primeros días supo de «ofensivos lujos y ostentaciones a disposición de los directores. Parecía que me había incorporado a un banco de alguna de las economías petroleras del golfo Pérsico. Esos excesos son incompatibles con los fines desarrollistas del BCIE y con los ingresos de la mayoría de los habitantes de la región, sus dueños».

De acuerdo con Solís, los directores recibían en ese momento un salario de 11 mil dólares mensuales, más bonificaciones, y a aquellos directores que trasladaban su residencia a Honduras les daban 2 mil dólares adicionales por desarraigo. Además, denunció que los directores podían contratar a cuatro personas a su disposición, viajar a cualquier país socio sin pedir permiso, disponer de vehículos de lujo y tomar vacaciones sin reportar, lo que hacían regularmente porque el banco tiene de requisito dar dos días de vacaciones al mes y pagar por las vacaciones no tomadas. Según Solís, durante la pandemia el presupuesto administrativo del banco se incrementó en un 98 %.

Una fuente consultada por Contracorriente que trabajó en el banco y que pidió proteger su identidad, aseguró que todo lo denunciado por los dos expresidentes es cierto. «Así es como se chantajeaban, las fiestas adentro del BCIE se gastaban exagerado de dólares. Era una forma de convencer para aprobar proyectos».

La misma fuente asegura que en el banco eran muy comunes  las conexiones de familiares con políticos pues mientras más peso tenía el político, su familiar entraba en un cargo de más responsabilidad en el BCIE. «Todo mundo entró por alguien. Yo no encontré a nadie que no fuera por algún familiar o alguien conocido», dice.

Nuevo gobierno, viejas políticas

El préstamo del BCIE para paliar la emergencia de Iota y Eta se empezará a pagar hasta 2026, y estará activo por los siguientes 20 años con una tasa variable. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Finanzas publicado en enero de 2023, el remanente del préstamo, que suma 1,694,105,000 lempiras (67 millones de dólares), será trasladado al programa gubernamental Red Solidaria cuando el BCIE apruebe esta modificación.

La Red Solidaria es un programa del gobierno de Xiomara Castro que tiene la misión de «mejorar de manera progresiva las condiciones de vida y el acceso a mecanismos de protección social para las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema», con el lema de que la pobreza no tiene color político. 

Sin embargo, uno de sus ejes de acción sigue siendo las transferencias monetarias. Si bien no está claro cuánto están destinando para esto, en su portal de transparencia señalan que en enero de 2023 tenían un presupuesto de 772 millones de lempiras para ayuda social a personas, y en junio solo quedaban 20 millones por devengar. 

Contracorriente contactó a la directora ejecutiva del Programa Red Solidaria, Edith Marissela Figueroa, y al ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, encargado de diseñar los programas que ejecuta la Red Solidaria, para conocer más sobre las transferencias monetarias y los planes para el uso de ese remanente, pero al cierre de este reportaje no habían contestado las peticiones de entrevistas.