El protagonismo de Yusshy Mendoza en el caso jesuitas

El cuarto día del juicio del caso jesuitas en la Audiencia Nacional de Madrid, España, reunió a cinco testigos de cargo: un exmilitar que participó en el operativo en el que asesinaron a seis sacerdotes y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA); dos exfiscales que investigaron el caso en El Salvador; y dos civiles, testigos de la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989 y por la que se sigue el juicio contra el excoronel Inocente Orlando Montano, entonces viceministro de seguridad pública.

Por las preguntas hechas a los testigos por Jorge Agüero Lafora, abogado defensor de Montano, la defensa intentó demostrar que no había forma de ubicar al exmilitar en la reunión de alto mando donde se tomaron las decisiones sobre el operativo en la UCA o vincular a los sacerdotes jesuitas con actividades ilegales junto al FMLN.

Todo se cayó desde el inicio con el testimonio de Yusshy René Mendoza Vallecillos, exteniente de la Fuerza Armada y quién pasó de imputado a testigo en el caso, tras ser exonerado de toda responsabilidad penal al inicio de la vista. Agüero Lafora buscó desacreditar su testimonio preguntando sí la compañía de Jesús lo había apoyado económicamente para salir del país. Mendoza lo negó y varias veces repitió que salió del país porque temía por su vida luego de que cooperó con la Comisión de la Verdad.

Antes de ello, el defensor buscó que Mendoza cayera en contradicciones en su testimonio. No lo logró. Al contrario, el exteniente reforzó lo que dijo a la representación fiscal y los acusadores particulares: las órdenes del operativo en la UCA salieron de una reunión del alto mando de la Fuerza Armada, integrado por el presidente de la República, Alfredo Cristiani, entonces comandante en jefe del ejército, el ministro de la Defensa y Seguridad Pública, Humberto Larios, los viceministros Juan Orlando Zepeda y Montano, así como el jefe y el subjefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce y Gilberto Rubio. La reunión fue en la sede el Estado Mayor.

La contraorden que nunca llegó

“Cuando se tenía que definir una estrategia grande sí estaban todos”, dijo en su testimonio Mendoza. Según él, el mismo Benavides le confirmó en diferente ocasiones mientras estuvieron en prisión que Montano estuvo en dicha reunión. El mismo esquema y relato está detallado en el diario de Guillermo Benavides, que es una de las pruebas presentada en el juicio.

El testigo relató que Ponce dio las órdenes a Guillermo Benavides, entonces director de la Escuela Militar, quien la trasladó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que estaba al frente de una unidad de 40 elementos del batallón Atlacatl, la misma que había cateado las instalaciones de la UCA el 13 de noviembre. Las órdenes del Alto Mando incluían matar al padre Ignacio Ellacuría y “no dejar testigos”. Mendoza afirmó que creía qué fue escogido para acompañar a Espinoza por ser de la misma generación.

¿Benavides pudo haber actuado por su cuenta? Para Mendoza no, porque él no tenía el poder para destacar la unidad del Atlacatl dentro de la Escuela Militar, bajo las órdenes del Conjunto III el Estado Mayor, ni lograr la movilización de elementos de cuerpos de seguridad que acompañaron el operativo del 16 de noviembre en la UCA.

“Esto tenía que estar autorizado por el alto mando”, dijo ante la audiencia en una videollamada desde Chile, donde reside en la actualidad. En su relato, Mendoza aseguró que Benavides dijo que se tenían que seguir las órdenes a menos que hubiera una contraorden del presidente. “Si no hubo contraorden es que el presidente lo tuvo que haber aprobado”, dijo.

Así Mendoza se convirtió en la segunda persona en nombrar al expresidente Cristiani durante el juicio. El primero fue el mismo Montano cuando intentó defenderse el 10 de junio pasado, asegurando que él, por su cargo de viceministro de seguridad pública, tenía labores más administrativas que operativas, pero en el proceso situó a Cristiani en la reunión previa a la masacre.

Según los exfiscales, Cristiani reconoció en el pasado haber participado en la reunión previa del 15 de noviembre pero siempre negó haber participado de la orden de asesinar a Ellacuría y los otros sacerdotes u ordenar algún tipo de amenazas.

Amenazas y encubrimientos

Mendoza no fue el único en recibir amenazas y reconocer el encubrimiento en el caso, los entonces fiscales de la recién creada oficina de la Fiscalía de Derechos Humanos, Sídney Blanco y Henry Campos también lo sufrieron en carne propia.

El 11 de junio, los abogados españoles José Luis Navarro Pinar y Enrique Arnaldo Cubillo, entonces congresistas españoles, quienes visitaron El Salvador entre 1990 y 1991 y conocieron de primera mano el avance de las investigaciones sobre la masacre, declararon ante la audiencia sobre las obstaculización que existió en la investigación y juzgamiento del caso en el país.

Mendoza aseguró que amenazaron a su familia luego que dio su versión de los hechos ante la Comisión de Honor de la Fuerza Armada, un organismo creado para la investigación de los hechos, y luego fue detenido sin mayor explicación. Cinco días después, fue interrogado por la  Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), la institución oficial que manejaba la información por órdenes del presidente Cristiani.

Según Mendoza, durante la toma de la declaración, el abogado Rodolfo Parker, actual diputado del PDC, estuvo presente y le dijo que no se podía nombrar a oficiales del alto mando y destruyó una hoja con las declaraciones que ya había dado.

No es la primera vez que el nombre de Parker sale a relucir. Ya el documento final de la Comisión de la verdal, el actual diputado aparece como alguien que entorpeció la investigación del caso Jesuitas. “Existe plena prueba que el licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor, alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato”, dice el informe. Él siempre lo ha negado.

Parker, el martes mismo dijo a Focos, eso no era cierto, que nunca fue parte de la CIHD, pero sí asesor de la Comisión de Honor de la Fuerza Armada. “En mi calidad de asesor de la Comisión de Honor, no intervine en la toma de declaraciones, nunca tuve contacto con dicho oficial cuando rindió su declaración y  tampoco dije cosa semejante ni destruí hoja alguna”, afirmó.

Una comisión de “investigación”

El papel de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) en el caso Jesuitas siempre estuvo en entredicho. La mala reputación de la CIHD la precedía desde su creación en julio de 1985. La comisión se dividía en dos unidades: Unidad Especial de Investigación Salvadoreña, “inspirada en la metodología de investigación del FBI”, creada con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero conformada por investigadores “élites” de los cuerpos de seguridad de la época –la Policía Nacional (PN), la policía de Hacienda (PH) y la Guardia Nacional (GN)-, y una Unidad Técnica Forense (UTF).

Por ley, la comisión respondía al mando del Ministro de Justicia, pero con injerencia del ministro de la Defensa y Seguridad Pública, quien nombraba a la jefatura y al segundo al mando de la Unidad Ejecutiva de la CIHD, que eran asistidas por las unidades de Investigación y una técnica forense. También Defensa nombraba a los asesores jurídicos adjuntos de la Comisión.

Según Campos la CIHD estaba  formada por un grupo de militares, el director era Manuel Rivas, militar de alta, y los investigadores miembros de los cuerpos de seguridad. “En aquella época, la constitución ya reconocía el monopolio de la investigación”, afirmó el exfiscal, pero en la práctica no funcionó así, la contrario la CIHD impidió la investigación.

El objeto de la CIHD, según su ley de creación era “estudiar, calificar y ordenar la investigación de todos aquellos hechos delictivos que, por su misma naturaleza, por las personas que han intervenido en su calidad de víctimas o autores del hecho, por los medios empleados para su ejecución, por su incidencia en la gestión pública y en la conciencia nacional, tengan grave repercusión en el orden público y social del país”. Por ello fue la encargada de investigar la masacre de la Zona Rosa y otros casos sonados de la época.

Las Comisión tenía tanto poder que cuando  una investigación llegaba a sus manos, la Fiscalía y los jueces ya no podían seguir investigando el mismo caso y estaban obligados a “poner a sus ordenes” todos los objetos que hubieren decomisado y las personas detenidas con relación al mismo. Y todas las instituciones del Estado estaban en “la obligación de prestar toda colaboración” que les fuese solicitada. A finales de la década de los 80, en los corrillos judiciales se hablaba en broma de la “Comisión de ‘Invención’ de Hechos Delictivos”.

Fue a esta comisión a la que el presidente Cristiani encargó la investigación del caso Jesuitas y sus colaboradoras. Entonces, la CIHD era manejada por el teniente coronel Manuel Antonio Rivas Mejía. Y, por disposición del coronel René Emilio Ponce, contó con el apoyo del coronel Nelson Iván López y López, jefe del Conjunto I del Estado Mayor de la Fuerza Armada, quien estaba al mando del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor durante el 15 y el 16 de noviembre de 1989.

Tanto los exfiscales Henry Campos y Sídney Blanco, como Mendoza reconocieron que la CIHD más que investigar fue la encargada de encubrir los hechos. Fue el mismo Rivas Mejía quien habría recomendado destruir los cañones de las armas utilizadas y sustituirlos por otros para evitar su identificación en las pruebas balísticas, lo que hizo con la ayuda de del teniente coronel Óscar Alberto León Linares, comandante del Batallón Atacatl. El jefe de la CIHD también habría aconsejado destruir los registros de entrada y salida de la Escuela Militar (EM), lo que se habría hecho Camilo Hernández Barahona, entonces subdirector interino de la EM.

La CIHD jamás tomó declaración a Guillermo Benavides, a pesar de que los hechos habían ocurrido en la zona de bajo su comando durante la ofensiva de noviembre de 1989. Pero, Rivas Mejía sí viajó a Estados Unidos, donde disfrazado con el título de “doctor” interrogó a Lucía Barrera de Cerna, empleada de la UCA y testigo de los hechos, quien en el juicio reconoció que supo que el “doctor” era en realidad un coronel en el transcurso del interrogatorio, pero no supo decir el nombre del mismo.

La audiencia se extenderá hasta el 15 de julio próximo y se escucharán 20 testigos más.