Empresa bitcoin eligió a El Salvador para custodiar $2.1 millones de casinos en paraísos fiscales

Por S. Rivera /Gabriela Villarroel

Casinos en línea que tienen licencia para operar en paraísos fiscales buscaron a El Salvador para poner en custodia sus fondos a través de Dream Finance, una empresa de bitcoin que enfrenta señalamientos por fraude fiscal y lavado de dinero, y fue autorizada para operar en el país por el Banco Central de Reserva (BCR) desde el año 2021. 

En su paso por El Salvador, Dream Finance pagó un préstamo de $1 millón de dólares antes del plazo acordado y custodió criptomonedas para casinos en línea por $2.1 millones, sólo para desaparecer en 2024. Abogados, informáticos y expertos en servicios financieros digitales, coinciden en que estas operaciones fueron posibles debido a la débil regulación del ecosistema cripto en El Salvador. 

La empresa se inscribió en el Registro de Comercio salvadoreño como Dream Finance S.A. de C.V. en 2021 con la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, una apuesta del Gobierno de Nayib Bukele para convertir a El Salvador en el primer país en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal, bajo la promesa de traer “prosperidad económica y libertad financiera” a los salvadoreños. 

Más de dos años después, esa apuesta llega a su fin. El 29 de enero, la Asamblea Legislativa –controlada por el oficialista Nuevas Ideas–, aprobó una reforma que deja sin efecto al bitcoin como moneda de curso legal, un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a El Salvador para optar a un financiamiento de $1,400 millones.

Sin embargo, mientras El Salvador impulsó el uso del bitcoin, empresas como Dream Finance se acercaron al país para establecer sus operaciones. Según su presentación ante el BCR, esta compañía pretendía funcionar como una billetera electrónica, casa de cambio, y custodio de criptoactivos para el público en general, pero estos servicios pasaron desapercibidos entre los usuarios y las empresas salvadoreñas. 

Los estados financieros de Dream Finance muestran que sus únicos clientes y acreedores durante los tres años que operó en El Salvador fueron cuatro empresas extranjeras ubicadas en zonas de baja tributación o paraísos fiscales, como las Islas Marshall, Panamá y San Vicente y las Granadinas. 

El principal negocio de Dream Finance en El Salvador fue la custodia de criptomonedas para dos empresas hermanas: Luckland Services Ltd., una compañía dueña de cripto casinos en línea, y Meg Services Ltd., dedicada al marketing digital. Ambas están registradas bajo la misma dirección en las Islas Marshall, un territorio que exime a las empresas del pago del impuesto sobre la renta y está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).

La empresa también suscribió un préstamo por $1 millón de dólares a AlphaPo, una compañía con licencia para operar en Panamá y San Vicente y las Granadinas, que se dedica a brindar el servicio de suscripción a sitios de juegos en línea y otros negocios digitales. Aunque el plazo para pagar esta obligación era de hasta dos años, Dream Finance logró saldar su deuda en la mitad del tiempo.

Agencias especializadas en procesadores de pago cripto y ex ejecutivos de la empresa, han señalado a AlphaPo y a Dream Finance de operar como una sola entidad, y de realizar transacciones entre ellas como una estrategia para saltarse la supervisión de entes reguladores. Dream Finance y sus marcas, además, enfrentan señalamientos de fraude al fisco alemán, así como lavado de dinero. Se consultó a las empresas y a sus representantes legales en El Salvador sobre estos hallazgos, pero al cierre de esta investigación, no hubo respuesta. 

Aunque ninguna de estas empresas opera directamente en El Salvador, sí eligieron a la filial de Dream Finance en el país para resguardar sus cripto activos, después de la adopción del bitcoin. Estos fondos, sin embargo, se fueron tan rápido como llegaron: tres años después de haber iniciado operaciones, la empresa decidió liquidar su sociedad alegando “falta de operatividad”.

Expertos en finanzas, tecnología y transparencia consultados para este reportaje consideran que el caso de Dream Finance refleja los vacíos en la regulación que El Salvador impone a proveedores de criptomonedas y las debilidades en la institucionalidad que las supervisa, abriendo un espacio para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de grupos criminales.

Al momento de la inscripción de Dream Finance en el país, las empresas proveedoras de servicios bitcoin estaban reguladas únicamente por la Ley Bitcoin y los reglamentos e instructivos secundarios derivados de ella. Aunque estos marcos normativos exigían el cumplimiento de medidas generales antilavado de dinero, las entidades encargadas –el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero–, no tenían la capacidad ni los filtros necesarios para investigar los antecedentes de las empresas proveedoras ni el origen de los fondos que reciben. Se consultó a estas entidades sobre los procesos de verificación a este proveedor, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje, no hubo respuesta. 

Una empresa bajo sospecha de fraude fiscal

Dream Finance S.A. de C.V. es el nombre de una de las filiales de Dream Finance OÜ, un conglomerado de empresas domiciliadas en Estonia que puede pasar desapercibido. En el mundo cripto, la compañía es más conocida por sus plataformas CoinsPaid y CryptoProccesing, reconocidos procesadores de pago en criptomonedas a nivel global. 

Según su sitio oficial, CoinsPaid hace más de 1 millón de transacciones mensuales, valoradas en $700 millones; mientras que su subsidiaria CryptoProcessing asegura ser la plataforma de pago número uno en la industria de juegos en línea. Según Blockchain Intelligence Group, los principales usuarios de ambas plataformas son los casinos en línea, una de las industrias más expuestas al riesgo de lavado de dinero.

Ambos procesadores de pago, aunque populares y con miles de usuarios, han sido calificadas como “plataformas de riesgo” por agencias de calificación especializadas en procesadores de pagos, como PayRate42 y RatEx, que buscan identificar a operadores de criptoactivos que operan fuera del marco regulatorio.

Las marcas de Dream Finance, aunque sí están reguladas en otras jurisdicciones, “han enfrentado desafíos de cumplimiento regulatorio significativos, con acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal y cumplimiento regulatorio inadecuado”, según PayRate42. En el caso de CoinsPaid, añade, la empresa podría estar involucrada en “el procesamiento de fondos ilícitos”, particularmente a través de “plataformas de juego ilegales”; así como “fraude fiscal” y “cumplimiento normativo inadecuado”. 

Un ex ejecutivo de Dream Finance en Estonia, entrevistado para esta investigación, también señaló a la empresa de evadir sus obligaciones fiscales en Alemania, desde donde se toman algunas de las principales decisiones de la compañía, en contra de sus mismas advertencias.

Según el Código Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta Corporativa de Alemania, una empresa tiene responsabilidades fiscales al tener su “centro de gestión” en ese país. El centro de gestión, según la misma normativa, se define como “el lugar donde se toman las decisiones clave de gestión de la empresa”. Max Krupyshev, CEO de Dream Finance, está basado en Berlín; por lo que según el ex ejecutivo, la compañía debería estar sujeta al pago de impuestos en Alemania.

FOCOS revisó los estados financieros de Dream Finance en Estonia entre 2021 y 2023, y estos no reflejan el pago de impuestos de ningún tipo para Alemania o algún otro país de la Unión Europea. También se consultó al CEO de la empresa sobre los señalamientos de fraude fiscal y lavado de dinero; y aunque Krupyshev respondió que trasladaría las preguntas a su equipo de relaciones públicas, no se concedió un espacio de entrevista o explicación hasta el cierre de esta investigación.

En su sitio web, CoinsPaid asegura que “no tolera el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o cualquier otra forma de actividad ilícita”. Además, la empresa se compromete a “implementar políticas, procedimientos y controles moldeados por las mejores prácticas de la industria y las normas más efectivas contra el lavado de dinero”, que aplican, sin excepción, “a todos los empleados de la Compañía, los miembros de la Junta, funcionarios, contratistas y consultores”.

El representante legal de Dream Finance, según el registro comercial de Estonia, es el austríaco Alexander Horst Riedinger, socio del empresario bielorruso Ivan Montik. Ambos son creadores de SoftSwiss, una empresa líder en cripto casinos y soluciones de juego, señalada de operar casinos en línea  ilegales, sin licencia en países de la Unión Europea. 

Aunque los propietarios de Dream Finance OÜ son Riedinger y Krupyshev, ex empleados aseguran que todas estas empresas operan bajo una “compleja red de actividades comerciales” que funciona de manera “opaca” con el propósito de evadir las regulaciones. 

Casinos, los usuarios de Dream Finance 

Durante los tres años que operó Dream Finance S.A de C.V., solo tuvo tres clientes: un grupo de empresas extranjeras que realizaron transacciones para poner bitcoin en custodia de la empresa basada en El Salvador; y dos de ellas, relacionadas con el mundo de los cripto casinos en línea.

La custodia de cripto es muy parecida a la operación de un banco. En el sistema financiero tradicional, los custodios se encargan de guardar dinero, ya sea en efectivo, valores o incluso en oro. Pero en el caso del cripto, los custodios no almacenan ninguno de sus activos porque todos los datos y transacciones existen en un libro de contabilidad público: la cadena de bloques o blockchain. Lo que protegen los custodios como Dream Finance, son las claves privadas de los usuarios y las billeteras cripto que otorgan acceso a los fondos.

La diferencia con la banca tradicional radica en la regulación: mientras los bancos, fondos de inversión y de pensiones están obligadas por ley a rendir cuentas sobre el dinero que reciben de sus clientes; esto no sucede en el mundo cripto. No sucede tampoco en El Salvador, a pesar de la regulación de activos digitales. 

Los dos usuarios que reportaron mayor cantidad de dinero en custodia de Dream Finance S.A. de C.V., son Luckland Services Ltd. y Meg Services Ltd., empresas que, según sus sitios web oficiales y registros públicos, comparten la misma dirección en las Islas Marshall, en el Complejo de Sociedades Fiduciarias de la calle Ajeltake, ubicada en la capital, Majuro, número 96960. 

Esta misma dirección fue utilizada por empresas que aparecieron en las filtraciones de Offshore Leaks y los Pandora Papers, informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que divulgaron filtraciones con miles de empresas que trasladaron sus sociedades a paraísos fiscales.

Según los estados financieros de Dream Finance S.A. de C.V. la compañía custodió un total de $2,079,307.13 dólares en criptomonedas para Meg Services Ltd, y debido a que únicamente sirvió como “custodio” de estos fondos, no especifica cuál es el origen de los recursos de su cliente, del que no existe registro en El Salvador. 

Captura de pantalla del estado financiero de 2022 de la empresa. Documento consultado en el CNR.

Según su sitio web, Meg Services es una empresa que se dedica al marketing digital, optimizando el contenido de sus clientes para aparecer en motores de búsqueda y en redes sociales. Entre sus «socios confiables» aparece Luckland, dueña de cripto casinos en línea como Jack Million, Casino Midas, Spin Samba y Krypto Oddsen.

Dream Finance custodió también $20,186.27 en criptomonedas para Luckland, que aparece en el registro mercantil de las Islas Marshall como Luckland Services LTD desde enero de 2015. Los sitios web de los casinos de Luckland, además, refieren a las licencias que tiene la compañía para operar en las Islas Marshall, Curazao y Chipre.

Todas las locaciones de las empresas que han hecho transacciones con la filial salvadoreña de Dream Finance, han sido catalogadas por informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y diferentes medios de comunicación internacionales como “paraísos fiscales”. 

Estas transacciones, según expertos consultados por FOCOS, deberían ser fiscalizadas por autoridades reguladoras, como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Se consultó a estas instituciones sobre las operaciones de Dream Finance en el país, pero no se obtuvo respuesta. 

Laura Hernández, abogada especialista en Tecnologías y Protección de Datos, aseguró que a diferencia del sistema financiero tradicional, el bitcoin permite mover grandes cantidades de dinero sin declarar su origen o exigir a sus clientes parámetros de transparencia como los destinatarios finales. 

En el caso de los movimientos realizados por Dream Finance en El Salvador, asegura que son “potencialmente riesgosos” en el ecosistema de criptomonedas, pero también representan un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado para contrarrestar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.

Para la especialista, los riesgos radican en la acción de custodiar sumas altas de dólares sin claridad sobre la fuente de los fondos propios o de sus clientes y sin conocer el propósito del servicio. Hernández advirtió que el rol de la SSF y el BCR para supervisar y auditar las operaciones en criptomonedas “está reducido al mínimo”, a comparación de los mecanismos aplicables a los sistemas financieros tradicionales.

La ley bitcoin, la ley de activos digitales y sus reglamentos, añadió, “son debiles y no son exhaustivas respecto de normas sobre la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo  o actividades ilicitas si las comparamos con las regulaciones aplicables para la banca tradicional”. 

En octubre de 2024 la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales, siendo así que la nueva entidad que regularía a los proveedores bitcoin sería la Comisión de Activos Digitales (CNAD), implementando la Ley Bitcoin, su reglamento y demás instructivos . Además de agregar nuevos pasos en el procedimiento de registro, como la preinscripción e inicio de operaciones. Estas reformas, sin embargo, aún no han sido publicadas en el Diario Oficial.

El especialista de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), Carlos Palomo, considera que los movimientos financieros realizados por Dream Finance son de alto riesgo, no solo porque se dedican a la industria de los casinos en línea, si no por la falta de regulación y fiscalización efectiva de las autoridades salvadoreñas. 

Explicó que, aunque el marco legal vigente aborda en gran medida las obligaciones de los proveedores de bitcoin a sus clientes, la parte de contraloría estatal es débil. Si bien las leyes obligan a los proveedores a colaborar y dar acceso inmediato en casos que lo requieran, se desconoce si las instituciones estatales encargadas lo realizan periódicamente, o si tuvieron alertas por la operación de Dream Finance.

Según el artículo 3 del reglamento de la Ley Bitcoin, los proveedores de Bitcoin deberán informar cualquier cambio o cierre de operaciones a más tardar 72 horas después, al Banco Central de Reserva. A pesar que Dream Finance inició su proceso de liquidación en marzo de 2024, según el listado del BCR, continúan “operando”. 

Un préstamo pagado antes del plazo

El 7 de noviembre de 2022, Dream Finance El Salvador suscribió un contrato de préstamo con la empresa AlphaPo por $1 millón de dólares. Este contaría con un interés mensual del 1.5 % y sería por un plazo de amortización de dos años; sin embargo, se pagó en menos tiempo del estimado, antes de cerrar sorpresivamente en 2024. 

En el estado financiero de 2023, presentado en diciembre de ese año, ya no aparece reflejado este préstamo por pagar. Esto, sin dejar claro cómo hizo frente a estos pagos: en 2022, la empresa no reportó tener criptomonedas en custodia y sus activos no superaban los $3,000 dólares.

Captura de pantalla del estado financiero de 2022 de la empresa. Documento consultado en el CNR.

AlphaPo, la prestataria, es una compañía basada en San Vicente y las Granadinas que también cuenta con una filial en Panamá, ambos territorios reconocidos por ofrecer baja o nula tributación a las empresas. Según información disponible en su sitio web, además, es también una plataforma de pagos con criptomonedas que se utiliza para contratar servicios de suscripción de comercio electrónico, sitios de juegos y otros negocios en línea. 

Según la agencia RatEx, existen reportes sobre una superposición entre AlphaPo y Dream Finance, que operarían como una sola entidad en sus departamentos de tecnología, cumplimiento, y prácticas financieras. El informe indica que las transacciones entre CoinsPaid, plataforma de Dream Finance, y AlphaPo “ocurren sin responsabilidad formal”, lo que podría representar “una estrategia para saltarse la supervisión regulatoria”. 

Además, tanto CoinsPaid como AlphaPo experimentaron la misma vulneración de seguridad a sus billeteras activas con criptomonedas, causando una pérdida estimada de $60 millones. El grupo de cibercriminales norcoreanos Lazarus fue el que robó de las billeteras de AlphaPO, Atomic Wallet y CoinsPaid alrededor de $160 millones, de los cuales se lograron rastrear solamente $150,000.

El préstamo de AlphaPo a Dream Finance S.A. de C.V. es una de las pocas transacciones entre ambas empresas que sí se encuentran respaldadas por documentos públicos. Sin embargo, después de cumplir con su obligación de pago, Dream Finance cerró su operación en El Salvador, sin mayores explicaciones. 

Según el Acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad consultado por este medio de comunicación, el  13 de marzo de 2024 se acordó la disolución y liquidación de Dream Finance bajo el argumento de “falta de operatividad y ejercicio de actividades económicas”.

FOCOS revisó los balances financieros de Dream Finance OÜ en Estonia, disponibles en el registro mercantil de ese país, que muestran a una filial muy distinta a la que opera en El Salvador, a pesar de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por este último.

En 2021, Dream Finance OÜ reportó ingresos en Estonia por 10,453,998 euros, equivalentes a más de $10.9 millones de dólares, y un beneficio neto de 4.562,530 euros, $4.7 millones de dólares. Ese mismo año, Dream Finance OÜ informó en su reporte anual que entre sus «pasos importantes y expectativas» para el crecimiento empresarial, buscarían ampliar su presencia geográfica, abriendo entidades jurídicas en Lituania y El Salvador.

Ese año, el Gobierno salvadoreño estrenaba la Ley Bitcoin, y delegó al Banco Central de Reserva (BCR) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) crear las normas técnicas necesarias para regular la operación de las empresas bitcoin que decidieran instalarse en el país. 

Uno de estos filtros es la inscripción de proveedores en el Banco Central, que hasta diciembre de 2024 reportaba 153 empresas de bitcoin registradas. De estas, solo 21 aparecen operando activamente, a tres años de la adopción de la criptomoneda en el país. 

Dentro de esta lista se encuentra Dream Finance S.A. de C.V., que se constituyó el 1 de diciembre de 2021 en el Centro Nacional de Registros (CNR) con apenas $2,000 dólares de capital inicial, el mínimo requerido para conformar una sociedad.

Tan solo un año después, en 2022, Dream Finance reportó la custodia de $2,102,358.70 dólares en criptomonedas, provenientes de las dos empresas extranjeras; así como la firma de un préstamo por $1 millón en criptomonedas.

En el balance general de ese 2022, la compañía reportó ganancias por $14,493.33 dólares y un gasto de operación de apenas de $244 dólares. Esto, a pesar que 2022 fue el único año en que Dream Finance sirvió como custodio de criptomonedas.

En 2023, la filial salvadoreña reportó ganancias por $14,033.84, muy cercana a la del año anterior, pero con un gasto operativo 100 veces mayor, de $25,747.90 dólares, de los cuales $17 mil fueron destinados a servicios profesionales. 

Ese mismo año, Dream Finance reportó que la deuda de $1 millón ya había sido saldada –un año antes del plazo– y, a pesar de los buenos resultados, alegó “falta de operatividad” para liquidar la sociedad en El Salvador.

Los accionistas de la filial salvadoreña de Dream Finance son dos connacionales: Mario Noé Castillo Barahona, quien posee el 99% de las acciones (con una aportación de $1,980 dólares)  y Fidel Ernesto Quiteño Aldana, con un 1% de acciones ($20). 

El  representante legal y administrador único propietario según el asiento de la compañía es  Semkras Serhi, un ciudadano ucraniano de quien no hay más información disponible en el registro de comercio y de propiedades. 

Las personas a cargo de liquidar la sociedad trabajan para la firma de abogados Consultores Legales Corporativos S.A. de C.V.  Tanto Dream Finance como sus consultores comparten la misma dirección de oficina según el CNR, situada en el 3a Calle Poniente y 71 Avenida Norte, Edificio Lexincorp, en la Colonia Escalón de la ciudad de San Salvador. 

Esta es una práctica común entre las empresas offshore, es decir, compañías que crean sociedades “de papel” en países extranjeros donde consideran que tendrán mejores beneficios regulatorios o tributarios. Por sí mismas, este tipo de operaciones en destinos offshore no son ilegales, pero sí pueden llegar a serlo cuando no son reportadas a las autoridades de control fiscal o cuando se utilizan para ocultar capitales ilegales.

FOCOS contactó a los accionistas de Dream Finance en El Salvador mediante correspondencia física y digital para consultar sobre su rol en las operaciones de la empresa, los controles aplicados a los servicios de inscripción de compañías extranjeras y su conocimiento sobre los señalamientos internacionales de lavado de dinero y evasión fiscal. Aunque se otorgó un plazo de respuesta hasta el 25 de enero de 2025, al cierre de este reportaje no se obtuvo ninguna respuesta.

El despegue fallido del bitcoin

Con la adopción del bitcoin, el gobierno de Nayib Bukele apostó por atraer millones de dólares en inversión extranjera y llevar inclusión financiera a todos los salvadoreños. En la práctica, el proyecto no despegó: ni siquiera el uso obligatorio de la criptomoneda en todos los establecimientos del país o el bono de $30 dólares en bitcoin, logró convencer a los salvadoreños de usar la criptomoneda.

Aunque el Gobierno salvadoreño vendió el uso del bitcoin como una alternativa para que las personas envíen remesas de forma “gratuita” al país, las transacciones en criptomonedas no crecen. Entre enero y octubre de 2024, las remesas familiares ascendieron a $6,857.5 millones; de los cuales apenas $71.7 millones, el 1.4 %, representan envíos con bitcoin, según datos del BCR.

Las empresas tampoco usan bitcoin para operar diariamente: según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), ocho de cada 10 salvadoreños no han utilizado nunca el bitcoin.

Ahora, después de dos años de presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para «mitigar los riesgos del bitcoin», el gobierno de Nayib Bukele retrocedió en su apuesta a cambio de un crédito de $1,400 millones. Este, además de dar un alivio a las apretadas finanzas del Estado, dará mejores condiciones para colocar deuda en el mercado internacional y nuevos préstamos con el Banco Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sin embargo, la falta de transparencia con respecto al bitcoin y el gasto de dinero público en esta política causó retrasos para a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2021 se opuso a la adopción de la criptomoneda como moneda curso legal.

El bitcoin también ha significado retos de cumplimiento para adoptar estándares internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En 2022, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) sugirió a El Salvador “reforzar la supervisión de la actividad de los proveedores de servicios de activos digitales, proveedores de servicios bitcoin y emisión de ofertas públicas y privadas de tokens”, pues considera que su obligación de regular a proveedores de bitcoin solo está “parcialmente cumplida”.

Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, señaló que esta recomendación evidencia que “no existe un control sobre las facultades y capacidades dentro del Estado para poder atender a todas las necesidades de este ecosistema bitcoin”. 

López recalcó que una de las principales fallas en la legislación bitcoin es que no se contemplan los destinatarios finales, y no hay una regulación para lograr determinar quiénes en verdad están siendo beneficiados con este ecosistema económico. 

Hasta  la fecha, la empresa bitcoin que más terreno ha ganado en el país es Bitfinex, que ha liderado proyectos estatales como la tokenización del Hotel Hilton en el aeropuerto internacional de El Salvador, el cual no alcanzó el financiamiento mínimo. En Estados Unidos el uso de los servicios de Bitfinex está prohibido debido a procesos sancionatorios por irregularidades en sus transacciones.  

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Con reportes de Claudia Palacios.

Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Programa de becas de Activos Digitales de la Asociación de Periodistas de El Salvador.