Empresas de los amigos del jefe de fracción de Nuevas Ideas recibieron $6.9 millones del Estado

Por Jaime Quintanilla y Claudia Palacios

Entre junio de 2019 y junio de 2023, al menos 39 instituciones del Estado adjudicaron más de $6.9 millones de fondos públicos a siete compañías dirigidas por empresarios a los que el diputado Christian Guevara, el jefe de fracción del partido de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa, llama “amigos”. 

Documentos oficiales de Compras de El Salvador (Comprasal), una oficina del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, y del sitio de Transparencia del Gobierno revelan que las sociedades ganaron 166 adjudicaciones para proveer servicios e insumos tan diversos como la instalación de aires acondicionados, servicios de publicidad, construcción de áreas de salud, suministro de alimentos y otros bienes, así como mantenimiento a vehículos ministeriales. 

A estos registros se suman dos adjudicaciones por más de $1.2 millones que la Alcaldía de San Salvador otorgó entre 2022 y 2023 (en dos procesos diferentes) a una de las siete empresas.

El 62.25 % del total de contrataciones, que equivalen a $4.3 millones, las ganaron tres empresas en las que el diputado Guevara aparece vinculado como fundador, o tuvo participaciones como directivo y apoderado, según el Registro de Comercio. Grupo Plan B y Media Latam Group, dedicadas a servicios de publicidad, y Aire Frío, dedicada a la instalación y mantenimiento de aires acondicionados. En las tres sociedades, los empresarios Raúl Figueroa, Gustavo Melgar y Julio Mejía, a los que el diputado Guevara conoce desde sus años de colegio y universidad, según fuentes que confirmaron esos vínculos tempranos, ocupan cargos de directivos y apoderados.

En los documentos oficiales del Registro de Comercio, el diputado Guevara aparece como socio fundador de Aire Frío El Salvador. En Grupo Plan B participó de la reestructuración de la sociedad y llegó a fungir como directivo y secretario de la junta extraordinaria de accionistas. En Media Latam Group fungió como apoderado. En esta última, su esposa, Sonnel Marielos Marquez Fuentes, empleada de la Corte de Cuentas desde 2008, aparece como accionista fundadora. En declaraciones públicas el diputado ha asegurado que ni él ni su esposa tienen vínculos actuales con esas compañías. 

Otras cuatro sociedades fundadas, administradas o dirigidas por los empresarios vinculados al diputado, y por los familiares de estos, también ganaron adjudicaciones con instituciones del Estado por $2.6 millones entre junio de 2019 y junio de 2023. Las sociedades Figuesan, Constanza y Asociados, On Time y Taller María Auxiliadora han sido proveedoras de diversos servicios que van desde el mantenimiento de vehículos, entrega de paquetes y elaboración de alimentos hasta la construcción de áreas hospitalarias. 

Durante seis meses, Focos tuvo acceso a 351 registros de adjudicaciones públicas disponibles en el portal de Comprasal y de Transparencia que fueron atribuidos a estas siete compañías. La adjudicación más longeva a la cual se pudo acceder data de 2015 y la más reciente es de junio de 2023. En esos ocho años, estas empresas recibieron $9,298,935 de instituciones estatales. 

En cuatro años de gobierno del FMLN, cinco de las sociedades ganaron $2,311,031.94. Según los registros analizados, solo Figuesan y Constanza y Asociados no aparecen con adjudicaciones a su favor en ese periodo. 

A partir de junio de 2019, cuando Bukele y Nuevas Ideas llegaron al poder, hasta junio de 2023, en cuatro años, las siete compañías triplicaron ese monto, alcanzando los $6,987,903.06 en adjudicaciones. 

Funcionarios cian contratan a las empresas de los amigos del jefe de bancada

El 79.8 % de los montos ganados por estas siete compañías provinieron de instituciones públicas dirigidas por miembros o funcionarios ligados al partido Nuevas Ideas. Esto es un total de $5.5 millones en 78 contratos.

Destacan en el reparto de fondos públicos las instituciones dirigidas por los fundadores o dirigentes que orbitan alrededor de los círculos íntimos del partido de Bukele, como es el caso del alcalde de San Salvador Mario Durán o del ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. También aparece Fonavipo, dirigida por la ministra de Vivienda Michelle Sol de Castro, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, y otro líder de la bancada cian, Ernesto Castro. 

De las 168 veces que las instituciones públicas contrataron a las siete empresas, 145 fueron vía libre gestión. Este proceso contemplado en el extinta Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) aplica a “bienes o servicios relativos a sus necesidades ordinarias” de cada institución y que el valor de las compras no exceda los “160 salarios mínimos mensuales (Sector Comercio) para las Municipalidades y para el resto de Instituciones de la Administración Pública, será por un monto igual o inferior a 240 salarios mínimos mensuales”, siempre y cuando se cuente con al menos tres cotizaciones.

Las 23 adjudicaciones restantes se dividieron en 11 órdenes de compras en el marco de la emergencia de covid-19, 11 licitaciones y una compra directa que superó el millón de dólares. 

En 2021 un informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República cuestionó al MOP por una serie de procesos a favor de Aire Frío celebrados en 2020 por $1,444,017.18 como parte de la remodelación del sistema de salud de El Salvador para responder a la pandemia por covid-19. Para ese año, el monto adjudicado a esa empresa bajó a $169,011.95, pero para el año siguiente volvió a subir a $719,031.54. 

Según los auditores, el MOP le entregó más del 30 % de anticipo para su ejecución a la empresa. A la fecha se desconoce si la institución ha emitido sentencia sobre los exámenes que realizó de las compras de la pandemia.

Estos contratos se celebraron mientras Guevara era director secretario de la compañía y antes de que se convirtiera en candidato a diputado. 

Esta empresa especializada en la “importación, distribución y venta de equipos de climatización” ganó 24 contratos por $1,818,387.51 para instalación y mantenimiento de aires acondicionados entre 2019 y 2022, de los que el 66.56 % corresponden a Obras Públicas.

Según los registros de Comprasal y los registros de las compras de emergencia, las autónomas le adjudicaron otros 47 contratos que suman $527,333.16 durante la actual administración. 

De las siete empresas, la que ganó más adjudicaciones fue Figuesan, una arrendadora de inmuebles que se diversificó para equipar una clínica para enfermedad renal en 2021.

“Con tal de mantenerse en el mercado”, como afirma la empresa en su sitio web, decidieron añadir a su giro “la importación y comercialización de insumos biométricos”, además de incursionar en la construcción de áreas sanitarias. 

Figuesan fue fundada en 1998 por la familia Figueroa Sandoval. Nació con la finalidad de comprar y vender bienes muebles e inmuebles, y a la concesión de préstamos hipotecarios, prendarios, personales o de cualquier otra clase. Pero actualmente está enfocada en proporcionar servicios de diseño gráfico, impresión, serigrafía, troquelado y rotulación en todas sus formas y tamaño; actividades de construcción, diseño, instalación y remodelación de todo tipo de edificaciones; además de proveer insumos médicos.

El 22 de diciembre de 2021, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) le otorgó $1.18 millones para la adecuación equipamiento de policlínico magisterial, unidad de terapia dialítica y clínica de prediálisis en San Salvador “ante la emergencia del covid-19”, según la adjudicación. 

El actual presidente de Figuesan, Raúl Figueroa, amigo del diputado Guevara, y la directora del ISBM y ex secretaria nacional de asuntos de la mujer de Nuevas Ideas, Silvia Azucena Canales Lazo, celebraron la contratación bajo la modalidad de compra directa por “la posibilidad de declararse desierta la segunda convocatoria” de la licitación. 

En los datos consultados, entre 2015 y el 1 de junio de 2019 no aparecen  registros de contratos con los Gobiernos del FMLN para esa sociedad, pero luego del 19 de marzo de 2020, Figuesan ganó 21 contratos que sumaron más de $2.5 millones.

Luego de la emergencia, la  empresa diversificó aún más sus negocios. Le vendió café, azúcar, productos alimenticios, fardos de agua, sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas y colchones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes en tres compras de 2022 que suman $293,243.25.

Sin acceso a información

La información de todas las adjudicaciones a estas compañías, que debería ser pública, está restringida. Focos realizó solicitudes vía Ley de acceso a la información a todas las instituciones, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta, lo cual imposibilita verificar los procesos y los razonamientos técnicos detrás de las adjudicaciones. Este medio también intentó obtener explicaciones para cada uno de los contratos a través de las oficinas de prensa de las instituciones, pero solo dos funcionarios respondieron. 

Consultada por la contratación del ISBM a Figuesan, Canales Repreza envió un correo electrónico señalando que “con todo gusto podemos conversar” sobre “ el trabajo que la institución desarrolla en beneficio de los más de 91 mil derechohabientes y los avances y beneficios”, pero que “referente a sus temas de interés sobre contratación, esa información puede encontrarla en los portales definidos para esa consulta, o por las vías de acceso a la información dispuestas para este fin”.

Focos solicitó dicha información, para al cierre de esta nota no hubo respuesta. 

Ante consultas sobre las adjudicaciones que la Procuraduría General de la República otorgó a la empresa Aire Frío El Salvador, el procurador René Escobar dijo que su administración comenzó el 2 de mayo de 2022 “y durante el tiempo transcurrido de mi gestión a la fecha, la Procuraduría General de la República, no ha celebrado contratos de ninguna naturaleza, con la sociedad “‘AIRE FRÍO EL SALVADOR, S.A. DE C.V’”. De los 11 contratos que la empresa ganó, uno por $4,633.45 es del 1 de junio de 2022, mientras que los restantes que suman $40,464.72 son del 12 de agosto de 2019 al 4 de marzo de 2022.  

Los empresarios amigos del diputado Guevara no están inhibidos para ser contratistas con el Estado, pero expertos en anticorrupción y transparencia coincidieron en que estas adjudicaciones deberían investigarse ya que abren la puerta a un conflicto ético debido a la cercanía de Guevara con el partido Nuevas Ideas. “Hay un conflicto ético porque la ciudadanía podría inferir que hay una intervención en la contratación pública o en el favorecimiento de la contratación pública a una empresa determinada por su condición de diputado”, señaló el equipo de del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (ALAC-FUNDE) tras analizar el caso.

“Será de especial relevancia el papel activo y oportuno de mecanismos de control como Corte de Cuentas de la República, Sección de Probidad o Tribunal de Ética Gubernamental”, puntualizó el equipo de expertos.

Adjudicaciones del período Junio 2019 – Junio 2023

Los compañeros de colegio y universidad que se volvieron empresarios

Hace 13 años, el administrador de empresas Raúl Figueroa y los publicistas Christian Guevara y Julio Mejía pasaron de ser compañeros de colegio y de universidad a consolidarse como compañeros de administración de la agencia de publicidad Grupo Plan B, una renovación de Photoroom S. A. de C. V. que creó el empresario y fotógrafo Milvio Enrico Attili Yanes. La primera junta directiva, luego de la refundación de la sociedad, quedó a cargo de Figueroa como director presidente, Attili como director vicepresidente, Guevara como director secretario, Julio Mejía y Rodrigo Antonio Gutierrez Orellana como directores suplentes y Sergio Antonio Zelaya Soto como director secretario suplente.

Con el tiempo, la empresa comenzaría a ganar contratos públicos en los gobiernos del FMLN. Esta agencia de publicidad afirma que han manejado cuentas con el Ministerio de Turismo del Gobierno de Mauricio Funes, pero no aclara en qué año ganó su primer contrato estatal. Según lo anuncian en su página web, también han trabajado con el “Ministerio de Hacienda, Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Corporación Salvadoreña de turismo (CORSATUR), Alcaldía Municipal de San Salvador, Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador, Ministerio de Gobernación de El Salvador, Superintendencia de Competencia -El Salvador-, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Fiscalía General de la República, entre otras”. 

Para 2013, Guevara, Mejía y Figueroa incursionaron en el área de sistemas de climatización junto a Josué Jeremías García Carranza y fundaron Aire Frío El Salvador, una de las empresas que llegó a ganar más adjudicaciones en el arranque de la pandemia de covid-19. 

Dos años más tarde, a Guevara, Mejía y Figueroa se sumaría Gustavo Melgar, quien junto a Sonnel Márquez, Nuria Pamela Amaya de Figueroa y Cindy Tatiana Constanza de Mejía (esposas de Christian Guevara, Raúl Figueroa y Julio Mejía, respectivamente) fundaron Media Latam Group. 

Grupo Plan B y Media Latam Group son dos agencias de publicidad que han compartido domicilio por años, primero estuvieron ubicados en una casa en la colonia La Mascota y ahora se han mudado a la 71 Avenida Norte y 5ta. Calle Poniente.

La relación que forjaron Guevara, Figueroa y Melgar data de sus años de estudiantes en el Externado de San José, según empleados y compañeros de estudio de ese centro educativo. 

En el segundo semestre de 2019, mientras Nayib Bukele transitaba su quinto mes en el gobierno, Guevara colgó una publicación en su cuenta de Facebook. “Hay cosas que no cambian, como la amistad y que Piolo (Raúl Figueroa) nunca sonríe en las fotos. Plan B hasta que la muerte nos separe”, escribió el 19 de octubre de 2019. 

Nueve meses más tarde, el 14 de junio de 2020, Christian Guevara cambió de rumbo y decidió enlistarse en la política. Se inscribió como candidato de Nuevas Ideas a las elecciones legislativas de 2021, que ganó. Durante su tiempo a la cabeza de la bancada de Nuevas Ideas, ha promovido la aprobación de leyes represivas y mordaza que le valieron ingresar a la lista Engels de actores antidemocráticos de Estados Unidos. El próximo año, busca un nuevo periodo. El último, según ha dicho públicamente, antes de regresar a ser empresario.

Los contratos de Media Latam con la comuna capitalina

El 10 de agosto de este año, el concejal de la Alcaldía de San Salvador por Nuestro Tiempo, Héctor Silva Hernández, cuestionó unas contrataciones que la alcaldía de San Salvador, dirigida por Mario Durán, otorgó a Media Latam Group entre 2022 y 2023. Hernández señaló que “hay una empresa (Media Latam Group) ligada con nexos bastante claros al diputado Christian Guevara que ha estado recibiendo contratos de publicidad por cientos de miles de dólares de parte de la Alcaldía de San Salvador”. Guevara le respondió con una demanda por difamación por $50,000 y calificó como ataques a la bancada los señalamientos. 

En septiembre, además, Guevara pidió reserva del caso por difamación y la jueza del caso se la concedió. Al mes siguiente, el diputado de Nuevas Ideas se retractó y pidió que el juicio fuera público porque “el que nada debe nada teme”. La jueza levantó la reserva hasta el 29 de noviembre pasado y fijó la vista pública para el 14 de diciembre, que luego se pospuso para el 19, debido a la renuncia del defensor del concejal Silva Hernández. En esa fecha, el concejal solicitó una nueva prórroga para la audiencia, que finalmente se fijó para el próximo 10 de enero.  

Según los documentos públicos en Comprasal y contratos de la comuna a los que Focos tuvo acceso, la Alcaldía de San Salvador otorgó a Media Latam Group dos contratos que suman más de $1.2 millones a la empresa que dirige Gustavo Melgar y que fue fundada por la esposa del diputado. El primero fue una licitación pública que ganó por $501,333.11 para cinco meses, de agosto a diciembre de 2022, gastando mensualmente $100,266.622. El objetivo de la contratación era posicionar las obras del alcalde Durán en la prensa o revistas, televisión, radio, medios digitales, materiales impresos y en eventos. Este medio intentó obtener una reacción del alcalde cian, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta. 

El 7 de febrero de 2023, la alcaldía de Durán eligió a Media Latam Group en una contratación directa por $646,206.93 para proveer servicios de publicidad para los meses de abril a diciembre de 2023, en la víspera de las elecciones de 2024 en las que Durán busca ganar la comuna de San Salvador Centro. 

Silva ha cuestionado la manera en la que se asignó el contrato de 2022, pues la oferta que presentó Media Latam es casi idéntica al fondo presupuestario que la alcaldía tenía disponible para contratar los servicios de publicidad.

“El 7 de febrero el jefe del departamento de presupuesto le informa a la gerencia de comunicaciones que para servicios de publicidad existe un disponible de $648,700. Luego, 20 días después, viene Media Latam y presenta una oferta de $648,206.93. Esta empresa presentó una oferta que es casi idéntica al disponible presupuestario. (…) Es una condición bastante favorable la de esta empresa, porque si hubieran ofertado un poquito más se les rechaza la oferta porque se pasa de la disponibilidad presupuestaria”, dijo Silva el 1 de septiembre en la entrevista Frente a Frente. 

Luego de que Silva revelara la información sobre esos contratos, Guevara aseguró que “de esa empresa ya no formo parte desde el 2018” y dijo que “por más que busquen no hay nada ilegal”.

A raíz del intercambio con Silva Hernández, el diputado ha dicho que cuando era empresario “teníamos clientes de empresa privada y el Gobierno…”. También ha defendido que ser empresario no tiene nada de malo. “Es más, cuando yo deje de ser diputado, que siempre he dicho que van a ser dos periodos, me regreso a ser empresario”, dijo Guevara un video que publicó el diputado de Nuevas Ideas William Soriano el 15 de agosto en su canal de YouTube.

“¿Es ilegal tener amigos?”

La vinculación de Guevara con los empresarios administradores de Grupo Plan B, Aire Frío El Salvador y Media Latam Group fue revelada en 2020 por El Faro. Desde entonces, en las respuestas que en público ha dado el diputado Guevara sobre su vinculación con esas empresas aparecen contradicciones. Por ejemplo, en respuesta al reportaje de El Faro, Guevara dijo que se separó del grupo en 2020. En otra declaración que dio a un programa de radio, el 11 de agosto de 2023, días antes de demandar al concejal Héctor Silva Hernández, el diputado dijo que su desvinculación de Media Latam Group había ocurrido a finales de 2018 o principios de 2019.

Según documentos de inscripción de poderes del Centro Nacional de Registro, Guevara salió de cargos administrativos de las juntas directivas de Aire Frío El Salvador y de Grupo Plan B el 26 de junio de 2020. Mientras que perdió un poder especial otorgado por de Media Latam Group el 2 de septiembre de 2021, cuando tenía cuatro meses como legislador. 

El poder constaba de 12  cláusulas que le permitían presentarse como representante y celebrar contrataciones. Fue otorgado por Gustavo Melgar, uno de los administradores-fundadores de la compañía, que a la vez tiene participación en Aire Frío El Salvador y Grupo Plan B.

Media Latam Group es esta misma compañía que ganó adjudicaciones en la alcaldía de San Salvador que han sido cuestionadas por Silva Hernández. 

Hasta 2021, los balances financieros de Media Latam Group inscritos en el Registro de Comercio mostraban que Media Latam Group tenía registrada una deuda por $375 en  “cuentas por cobrar a partes relacionadas” con la esposa del diputado Guevara, al igual que a Cindy Constanza de Mejía, Nuria Pamela Amaya de Figueroa y Gustavo Melgar. A diciembre de 2022, la deuda con la esposa de Guevara ya no aparece señalada en los balances.

Entre agosto y noviembre de 2023, Focos intentó obtener reacciones del diputado y pruebas que confirmen su separación de esas empresas y de las acciones, y la de su esposa de Media Latam Group, pero el diputado se negó a responder preguntas. 

En el mismo periodo, este medio también buscó reacciones de los empresarios que dirigen estas compañías a través de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. El 30 de noviembre pasado, solo Julio Mejía contestó una llamada telefónica, pero se limitó a responder que no tenía nada que comentar sobre las contrataciones a sus empresas. Raúl Figueroa y Gustavo Melgar no contestaron las llamadas ni correspondieron las solicitudes de entrevista que se les dejó con las secretarias de Aire Frío El Salvador.

El 29 de noviembre, este medio abordó al diputado a la salida de una audiencia judicial en el litigio contra el concejal Silva Hernández para hablar sobre los contratos recibidos por las empresas dirigidas por los empresarios con los que, él confirma, le une un vínculo de amistad. 

— Las empresas de personas vinculadas a usted han ganado hasta tres veces más durante el Gobierno de Nuevas Ideas que en gobiernos anteriores ¿cómo podría explicar esa bonanza? 

— ¿Soy yo parte de esas empresas?, ¿tiene pruebas de que soy parte de esas empresas? —  cuestionó el diputado sin detener su marcha hacia la salida del edificio judicial.

— Son empresas de personas cercanas a usted y son las empresas en las que usted estuvo vinculado.

— Presente las pruebas que quiera y yo con gusto le respondo — reiteró

Al consultarle sobre cuál es su relación actual con Figueroa, Mejía y Melgar, el diputado dijo: 

— ¿Es ilegal tener amigos?  Nos echamos las birrias, somos cheros. A uno le gusta la Pilsener, a otro le gusta la Golden, a mí me gusta la Corona… 

Minutos más tarde, desde la Asamblea Legislativa, el diputado acusó a Focos de tenderle “una emboscada” por hacerle preguntas relacionadas con esta investigación y de ser un medio “aliado de Silva”, en alusión al concejal demandado por difamación. Días más tarde, en un programa de entrevistas con el comunicador Natan Vaquiz, el diputado siguió insistiendo en que Focos es parte de una “estrategia de chantaje y extorsión informativa”.

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).