Erika Guevara: “Pareciera que el presidente Bukele no entiende el país que gobierna”

(Entrevista transcrita y editada con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI))

El presidente Nayib Bukele ha sido titulares en la prensa internacional en las últimas semanas. The Economist advirtió que  con su estilo el presidente salvadoreño parece querer convertirse en el primer “dictador milenial”. ¿Qué consecuencias se derivan para el país de este tipo de críticas de la prensa internacional?

E. G. R.: Es importantísimo en qué contexto se dan estos titulares y notas de opinión en diferentes medios de comunicación internacional que lamentablemente están poniendo sus ojos en El Salvador, pero no por las razones correctas. Tristemente loa actos que hemos visto del presidente Nayib en las últimas semanas son de altísima preocupación por lo que consideramos que son atentados al Estado de Derecho y al fortalecimiento de la institucionalidad en un país azotado por una grave crisis en materia de derechos humanos; por la delincuencia; por las grandísimas desigualdades económicas y sociales; y muchos otros desafíos históricos que sabemos que son un reto importante para el gobierno de la administración Bukele.

Lamentablemente lejos de poner los derechos humanos de las personas en el centro de todo el accionar, vemos acciones que se pudiesen calificar como autoritarias. Y todo con el pretexto o la excusa de atender la pandemia de Covid-19, que sin duda alguna impone un enorme reto al gobierno para proteger la salud pública y los derechos humanos de la gente. Finalmente, las acciones resultan ser improvisadas y no necesariamente están protegiendo a las personas. Así que estos titulares, esta fracción de los medios de comunicación y de la crítica de organismos internacionales y de organizaciones de Derechos Humanos de El Salvador son un reflejo de estas preocupaciones existentes del monitoreo que hoy día se está haciendo para asegurar que el gobierno del presidente Bukele no violente el estado de derecho y que no debilite la institucionalidad.

Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de defensa de derechos humanos publicaron una carta abierta donde reprochaban los mensajes del presidente Bukele, el incumplimiento de las sentencias de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el uso de los cuerpos de seguridad en esta emergencia. Este posicionamiento no es exclusivo de la gestión Bukele, ¿Por qué podemos percibir  esta condena internacional tan fuerte ante este tipo de actuaciones?

E. G. R.: No podemos dejar de poner en contexto lo que sucede en El Salvador en comparación con otros países: Es claro que desde hace muchos años, Centroamérica atraviesa una crisis en materia de derechos humanos, desconfianza institucional, y Estado de Derecho. Tenemos casos como Nicaragua, donde se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos, donde hay una política de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega; en Guatemala, la creciente criminalización y violencia hacia defensores de derechos humanos,

Y El Salvador, que hasta hace algunos meses ocupaban la atención mediática con un sentido de esperanza y por la oportunidad de cambio que tenía y que consideramos que sigue teniendo el presidente Bukele, que llegó con una narrativa distinta de combatir la corrupción, la impunidad y los altos índices de violencia; de proteger a las personas que históricamente han estado marginadas y vulneradas. Abierto al escrutinio internacional, AI tuvo un encuentro, yo me reuní personalmente con el presidente Bukele para entregarle un documento que contenía una serie de preocupaciones y de recomendaciones que considerábamos que el gobierno podía implementar para avanzar en la agenda de derechos humanos. A finales del año hubo una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisamente por esta apertura al escrutinio internacional y para escuchar a estas organizaciones que durante muchos años han señalado las deficiencias del sistema y los ataques a la institucionalidad. Sin embargo, lo que hoy vemos es una repetición clara de errores del pasado, un enfoque militarizado en las respuestas a los problemas sociales que enfrenta El Salvador, incluida la pandemia. Nos preocupa sobremanera cómo las acciones actuales del gobierno pueden generar una situación de desestabilización y creen condiciones para que se continúen violando los derechos humanos.

Pero a nivel regional, los gobiernos de los otros países no están recibiendo tanta atención por parte de los organismos internacionales por cómo están manejando esta pandemia. ¿El Salvador destaca por tener las medidas más represivas o más violentas para manejar la pandemia?

E. G. R.: Sería muy difícil comparar porque cada país tiene una realidad distinta. Vimos muy positivamente que la gestión Bukele fue muy rápida, parecía que el presidente entendía muy bien la dimensión de esta pandemia: un problema global, una situación que vino a exacerbar los problemas estructurales y sistémicos que enfrentan nuestras sociedades debido a la falta de inversión pública para garantizar derechos humanos, y particularmente el derecho a la salud.

La rápida acción de Bukele y la contundencia de sus mensajes parecían que sería un ejemplo positivo de contención del virus, con respeto de los derechos humanos de las personas, en el continente y no solo en Centroamérica. Sin embargo, tristemente vemos que cómo ha venido evolucionando la acción con cierta torpeza e improvisación por parte del gobierno salvadoreño ha sido todo lo contrario. Pareciera que el presidente Bukele no entiende el país que está gobernando y las condiciones bajo las que está gobernando: impone medidas que no son realistas para las comunidades salvadoreñas, donde una grandísimo porcentaje de la población que vive en extrema pobreza, desigualdad, personas que no pueden optar quedarse en sus casas, por ejemplo, el decreto ejecutivo 22, proclamado de la noche a la mañana que estableció que no podía circular  el transporte público de pasajeros. En cualquier parte de Europa es una medida lógica para desacelerar el proceso de contagio del virus, pero en El Salvador la mayor parte de la población se moviliza en este y no hay capacidad de todos los empresarios de asegurar un transporte efectivo y seguro para sus empleados. Lo que vimos fue las escenas de personas que caminaron horas para poder llegar a sus trabajos u hogares, lo que habla de la desconexión real que existe entre la lógica del presidente Bukele y la realidad de las personas.

Es difícil comparar porque los contextos de los países son diferentes, pero los organismos internacionales han puesto el ojo en otras situaciones en otros países, se ha denunciado lo que consideramos una respuesta negligente o indolente de parte del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, por ejemplo. Pero, Bukele en su narrativa de ataque contra cualquier crítica intenta establecer esta visión de que nadie está mirando los otros países, “solo nos miran a nosotros”, cuando en realidad de miran a todos.

Una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), destaca, que la población no percibe como violación a los derechos humanos las medidas que tomadas por el presidente y él mismo menosprecia las críticas que señala que es autoritario. ¿Es normal que exista esta diferencia entre la percepción ciudadana y la de los organismos de derechos humanos?

E. G. R.: Sin duda la percepción social es importante, es un termómetro de cómo se encuentra el estado de hartazgo o no de una sociedad frente a determinadas acciones; y hay que tomar en cuenta que vivimos en una región, donde han resurgido los autoritarismos, en donde a través de los mecanismos democráticos electorales se han colocado a líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump al mando de los países, porque las personas también escuchan una narrativa que pretende ofrecer soluciones simplistas a problemas que requieren una complejidad para su atención.

Un poco ese es el discurso que ha manejado el presidente Bukele, sobre todo a través de sus redes sociales, haciendo ataques frontales en contra de las asociaciones de derechos humanos. No solo internacionales sino también de los nacionales; ataca desmedidamente a los medios de comunicación, sobre todo al periodismo alternativo e independiente que también busca una mirada crítica frente al accionar del gobierno; y acusa a las organizaciones, como Amnistía Internacional, de que tenemos agendas ocultas, que recibimos financiamiento cuestionable, que genera una narrativa  porque además monopoliza los espacios de comunicación con la gente. Son pocos los espacios en los que los periodistas de los medios de comunicación puedan hacer las preguntas. Él ha generado, por un lado positivo, una interacción directa con la sociedad, pero también en un grado que termina manipulando la información a su favor.  

Entonces, estas encuestas tienen que ser vista con este contexto y desde el tipo de información a la que las personas está accediendo, tomando en cuenta quién está monopolizando la información y sobre todo cómo les llega la misma en la propia voz del presidente Bukele. De ahí que le hemos hecho llamados a cuidar es narrativa sobre todo de ataque a los defensores de derechos humanos y a los periodistas.

Hablado de encuestas, una reciente de la Universidad Centroamericana (UCA)  dice que ocho de cada 10 salvadoreños que estuvieron en centros de contención no tuvieron los resultados de las pruebas que les hicieron de Covid-19. ¿En qué medida esta situación es lesiva a los derechos de estos salvadoreños?

E. G. R.: Los centros de contención han sido uno de los temas de mayor preocupación dadas las condiciones de precariedad que han denunciado las propias personas que se han encontrado en estos centros. Hemos visto vídeos que Amnistía internacional ha podido verificar. Hace algunos días con las lluvias se inundó uno de estos centros, en una situación de insalubridad tremenda. Esas son las condiciones que nos llevan a pensar, cómo se lo dijimos en la carta abierta, que lejos de contener la propagación del virus y el contagio están generando condiciones para todo lo contrario, porque estas personas pueden estar o no contagiadas  y no lo saben porque la información no se le ha hecho llegar, violando sus derechos individuales a la información en salud y sobre todo a información privada que la persona tiene el derecho a tener el control exclusivo sobre los resultados.

Hay una violación generalizada al derecho de las personas a estar informadas, de tener información para tomar sus propias decisiones y sobre todo, el derecho a que esa información sea parte de las políticas públicas y la respuesta del gobierno. En la medida que esa información no sea transparentada, lo que no significa decir el nombre de la persona y su resultado, sino simplemente  que se comparta de manera diagnóstica para tener un mejor panorama de la situación frente a la Pandemia.

Esta es información importantísima para que se tomen decisiones a nivel gubernamental, pero también a nivel individual para que las personas puedan tomar decisiones.

En la carta abierta publicada se critica el cerco sanitario en el puerto de la Libertad, ¿por qué se condena la participación del Ejército en este tipo de tarea?

E. G. R.: No es que condenemos específicamente la participación del ejército, sabemos que este puede cumplir tareas de respaldo a instituciones de salud pública, a la policía para el monitoreo de políticas con la finalidad de contener la pandemia. La crítica no es sobre la participación del ejército sino a cómo participa esta institución. El ejército tiene que estar sometido a las instrucciones de la autoridad civil y no pude ser utilizado para las escenas grotescas de represión violenta, como hemos visto. Confinar una comunidad y utilizar al ejército para amenazar con el uso de la fuerza para que las personas cumplan con una instrucción que tenía supuestamente como finalidad proteger su salud. No toda la comunidad estaba contagiada y por ende no puedes implementar medidas generales que puedan afectar el derecho a la salud de las personas. Se tienen que generar medidas que tomen en cuenta la proporcionalidad de la situación y que diferencien a la población según su condición.

En estos días de emergencia tuvimos unos fin de semana en el que se elevó el número de homicidios. El presidente Bukele anunció para frenar este aumento medidas de aislamiento extremo en centros penales y se mostraron fotografías en las que se mostró el hacinamiento de esos centros. ¿Por qué estos tipos de medidas en lugar de aumentar la seguridad pública, pueden ir en detrimento de ella?

E. G. R.: Los organismos internacionales han dado lineamientos a los estados para la protección de la población privada de libertad durante la pandemia. Hoy día nos encontramos con centros penitenciarios que no cumplen con estándares mínimos que garanticen la dignidad para sus recluidos: Se encuentran en clarísimo hacinamiento, no tienen medidas ni condiciones sanitarias para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Entonces poniendo este contexto es sumamente alarmante que el presidente Bukele presente una situación vinculada a la violencia y al crimen organizado como si fuera un dilema, un falso dilema entre proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública. Este dilema es totalmente falso: Un gobierno que respeta el Estado de Derecho, que respeta los derechos humanos de las personas por igual y la institucionalidad tiene que garantizar que las medidas de seguridad pública estén en línea con sus compromisos y obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

Esto no es solo para garantizar la dignidad de los privados de libertad sino también la de las víctimas de esas personas. De lo contrario el Estado se convierte en lo mismo que está intentando detener: un criminal. Frente a esto, las imágenes que el propio gobierno hace públicas muestran una humillación y acciones denigrantes contra la población privada de libertad, simplemente muestran una acción populista por parte del presidente Bukele. Si hay denuncia de que una persona dentro de un centro penal está cometiendo un crimen, estas deben de ser investigadas y ser llevadas ante la justicia, y tiene que ser esta la que determine si es cierto.

¿Qué recomendaciones hace Amnistía Internacional que tiene una población importante de trabajo informal pero que tienen prohibido salir a las calles, corriendo el riesgo de perder su fuente de ingresos para alimentarse?

E. G. R.: Sin duda alguna ese es el enorme desafío sobre todo en nuestra región donde un gran porcentaje de la población depende de la economía informal e inclusive algunas personas que dependen de alguna economía formal no cuentan con los beneficios o la seguridad social para proteger su salario o el acceso a las salud quedándose en casa. Las medidas recomendadas es que se tomen consideraciones sobre las grandísimas desigualdades y los gobiernos deben tomar medidas económicas y sociales que alivien la carga que puedan tener las personas que no tienen acceso a ingresos en este momento. El gobierno podría transparentar sus medidas, ser más abierto a la rendición de cuentas pero sobre todo generar criterios muy claros para beneficiar a la población marginalizada por su situación económica y de desigualdad social.