Katya Salazar: “La cura no tiene que ser peor que la enfermedad”

(Transcripción editada de la entrevista con Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés))

¿Cómo se expresa el Estado de Derecho en los ciudadanos? Es decir, ¿cómo percibimos sus beneficios y garantías en lo cotidiano?

K. S.: Me gustaría mucho compartir un punto y es que la organización que dirijo trabaja para promover el Estado de Derecho. Y está tan vinculada a la realidad salvadoreña que se creó por los ex miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, creada por Naciones Unidas para los Acuerdos de Paz, ese es nuestro vínculo con el país y con la realidad salvadoreña. Cuando la Comisión terminó su trabajo, una de sus principales conclusiones que el sistema de justicia salvadoreño, durante la guerra, no cumplió con su trabajo, no hizo lo que tenía que hacer. Y eso promovió, permitió y facilitó que la violencia continuara. Entonces, estos ex miembros de la Comisión decidieron crear una organización regional que pudiera monitorear el trabajo de los poderes judiciales para que estos cumplieran con su trabajo. Que no es solo impartir justicia en casos concretos sino también servir de contrapeso a los posibles abusos, excesos de los otros poderes del Estado.

Eso es lo estamos viendo nuevamente en El Salvador: la pugna, la tensión entre el poder Judicial y el Ejecutivo. Creo que es un poco difícil extendernos mucho sobre este asunto, pero creo que una respuesta muy concreta a tu pregunta, aplicable al caso de El Salvador, es que, desde DPLF trabajamos para promover poderes judiciales más fuertes y más independientes, para que cumplan su trabajo en buena medida es también servir de contrapeso a posibles excesos de los otros poderes del Estado.

¿Por qué esta independencia entre el Judicial y el Ejecutivo es tan importante para los ciudadanos?

K. S.: Ha sido todo un proceso del último siglo conquistar el diseño de gobierno que tiene actualmente América Latina. Con los sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina no significa que ellos (los presidentes) tengan un poder absoluto, se necesita un balance de poderes, para que un estado pueda funcionar. Las épocas en las que el presidente, el rey, el monarca decidía el rumbo del país quedó en el siglo XIX. Justamente uno de los principales logros del estado de derecho, de la democracia, todos los avances que hemos tenido en el último siglo, llevan a esa conclusión: los presidentes no tienen poderes absolutos. Para eso se necesitan contrapesos y uno fundamental, es el que brinda el poder Judicial.

Hablando de la pandemia, DPLF junto a otras organizaciones internacionales firmaron una carta abierta para el presidente Nayib Bukele expresando su preocupación por las medidas que implementó, ¿cuáles son las áreas del manejo de la emergencia que les parecen más graves?

K. S.: Reconocemos que estamos pasando por una emergencia, por una situación excepcional donde los Estados tienen que tomar medidas excepcionales, esto es claro. Sin embargo, no pueden tomar estas medidas sin límites, sin regirse por marcos, por ciertos elementos mínimos, reglas mínimas que los Ejecutivos, los presidentes, en general los estados, deben de respetar, porque si no, la pandemia, la catástrofe, la situación excepcional se convierte en una excusa para el abuso, para el exceso.

En ese sentido, si bien el presidente Bukele decidió desde el inicio tomar medidas radicales para afrontar la pandemia y  evitar el contagio, me imagino que tomando en cuenta el limitado número de camas y de ventiladores que existen en El Salvador, reconocemos eso. Sin embargo, la forma en cómo ha tomado, difundido, diseminado las medidas a través de Twitter, dando órdenes en un espacio público, es un mecanismo equivocado.

En segundo lugar, creemos que medidas como, por ejemplo, las detenciones de personas que no están cumpliendo la cuarentena y el traslado de estas personas a centros de contención, que no están preparados justamente para albergar a personas y evitar que se contagien, es también un abuso de poder. Hay que decirlo con todas sus letras, El Salvador no es el único país con cuarentena, con reglas de quedarse en casa pero veamos, detener a las personas que salen por eso y llevarlas a un Centros de contención  que no tiene ni un mecanismo de protección para evitar el contagio, nos parece un abuso.

Igual la postura presidencial de no respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre todo en El Salvador. El  proceso de fortalecimiento y de legitimación de las instituciones en el país, ha sido un proceso muy largo que no se puede tirar por la borda de un día para otro diciendo con un tuit: “bueno, no voy a respetar las decisiones de la Sala”. Eso la verdad va en contravía de todo el avance hacia el reconocimiento, hacia el fortalecimiento, hacia el respeto de las instituciones, de América Latina. No digo que vivimos una situación perfecta, pero a ver, que alguien me diga que hay un sistema mejor que el que tenemos.

La narrativa en el discurso del Ejecutivo, es que romper la cuarentena implica el castigo de ir a un centro de contención, ¿por qué a juicio de la DPLF esta medida constituye un abuso de poder?

K. S.: Es un castigo. Aquí no deberíamos estar hablando de castigo, estamos enfrentando un problema de salud pública, la respuesta tiene que ser una respuesta de salud pública, no una respuesta punitiva. Por supuesto que los estados tienen que ponerse en la situación cuando las personas no respeten las reglas, pero digamos, transformar la respuesta estatal frente a este fenómeno de salud pública, con una respuesta punitiva de derecho penal, es un error. Es un problema porque es imposible entrar en todos los detalles en este momento pero, hay gente que necesita ir a comprar medicinas, ir a comprar comida, ir a cuidar a un familiar enfermo, gente que necesita entregar algo o recibir, hay un abanico de posibilidades, de razones por las cuales las personas pueden salir. Yo no creo que la policía o el ejército en todos estos supuestos pero reitero, este es un problema de salud pública, no un problema penal entonces, en otros países donde han habido situaciones similares, lo que se ha hecho es poner una multa a la persona o llevarla a la comisaría, hacerle una nota, pero de ahí llevarla a su casa porque lo que se quiere es que la persona no salga de su casa, no se quiere poner a la persona en un lugar donde además no existen las condiciones para preservar la salud de las personas. Ves las fotos de estos centros de contención y son espacios donde está todo el mundo, donde están conversando e incluso tomando alcohol, en fin.

Detener a una persona y llevarla a un centro de contención  por 30 días es tomar una respuesta penal, punitiva, frente a un problema de salud pública en el que además toda la población debería estar comprometida con eso.

Hablando de América Latina como región, ¿qué tan común es este enfoque del uso de la fuerza militar y el castigo hasta llegar a lo penal como medida de contención de la pandemia?

K. S.: En la mayoría de países de América Latina las fuerzas armadas han salido a colaborar con el trabajo de las fuerzas policiales en trasladar enfermos, en construir hospitales de campaña, eso sí. En segundo lugar en muchos países de América Latina, no en todos, se han establecido medidas para que la gente se quede en su casa y la persona que la incumple puede estar sometida a alguna sanción que, como digo, puede ser una multa, puede ser una sanción de la policía o puede ser una llamada de atención, o inclusive llevar a esta persona a una comisaría, a un centro policial para plantearle una denuncia.

Pero no conozco ningún caso donde las personas son detenidas y llevadas a un lugar de contención. En el Perú, por ejemplo, lo digo porque soy peruana y mi familia vive allá, las reglas han sido bastante estrictas pero sin llegar a lo punitivo, sin llegar a lo penal. A las personas que llegan desde el extranjero el estado las lleva del aeropuerto a unos hoteles donde las personas tienen que vivir 14 días en esos hoteles, el estado paga la comida y la habitación para justamente eliminar cualquier posibilidad de contagio pero no pone a la gente en un espacio con 20 o 30 camas.

¿Qué medidas han usado otros países de América Latina para lograr que sus ciudadanos cumplan efectivamente con la cuarentena?

K. S.: Si estás esperando que yo diga que en tal país hay una medida extrema, pues no la hay. Porque estas medidas se basan en la voluntad de las personas. Entiendo que pueda haber críticas de algunos estados al hecho de que no haya una especie de consecuencia penal frente al que sale pero yo te diría que es muy difícil. La otra alternativa, que es lo que está ocurriendo en El Salvador, a mí me parece que es un exceso, es irse al otro lado, es privarle su libertad a una persona y además exponerlo a la enfermedad porque esa persona que caminó ese día que fue detenida por la policía posiblemente no estaba enferma y ahora ya en esos centros de contención es muy posible que se contagien. Entonces tiene que haber en cualquier medida que se tome proporcionalidad, un elemento de sentido común, la cura no puede ser peor que la enfermedad.

La pregunta no debería ser sí existe alguna medida que puede lograr que nadie salga. La única forma es la labor de convencimiento de nuestros presidentes. Ahora, también es cierto que en nuestros países hay poblaciones que viven del día a día y que no pueden dejar de salir y ya se están viendo las consecuencias por ejemplo en Perú, en Lima, la cuarentena funcionó relativamente bien, pero en zonas rurales o en el interior del país no necesariamente. Pero realmente el estado peruano sintió que no era posible usar mecanismos penales para responder a un problema de salud pública es mucho más lo que pierdes.

El gobierno de El Salvador ha violado derechos humanos en el marco de esta emergencia, ha mostrado resistencia para acatar los mandatos de la Sala de lo Constitucional y, además, ha ignorado los llamados de las organizaciones locales e internacionales para corregir sus decisiones, ¿qué consecuencias tiene esta actitud sobre la imagen de El Salvador ante la comunidad internacional?

K. S.: Estamos muy preocupados sobre la situación de El Salvador. Creo que había mucha esperanza cuando llegó Nayib Bukele y está hablando una persona que trabaja con El Salvador desde hace años. Antes que yo llegara también con mi organización ya existía un vínculo importante en El Salvador, no es como que estoy llegando ayer y enterándome de lo que pasó. Había una esperanza un optimismo con la llegada de Bukele, una cara fresca, novedosa, que no venía de un partido político tradicional. Sin embargo, las medidas que ha venido tomando el estilo que ha ido mostrando, nos muestran un guion ya conocido, no es que lo que él está haciendo no lo hemos visto antes, lo hemos visto. Esta tendencia a tomar medidas poco democráticas, poco dialogadas, dictatoriales, desde cierto punto de vista, a polarizar, a decir “ah bueno, ustedes están en desacuerdo conmigo. Ah, es que apoyan a las maras, es que los poderes que están y las fuerzas que están detrás de ustedes son las fuerzas negativas, ocultas que quieren dañar El Salvador. Yo soy el salvador, o sea, yo soy el que va a salvar El Salvador. Yo soy el mesías, yo sé las respuestas. Ustedes, no. Ustedes están en contra de la vida de los salvadoreños”, ese guion y la negativa a responder o a respetar las decisiones de otros poderes, eso es bien conocido y organizaciones de Derechos Humanos como la mía y otras, recordamos momentos de la historia donde en algunos países se empezó de esa manera, pienso en Venezuela, pienso en Nicaragua y quizás no le dimos la atención que se merecía.

Es decir, veíamos estas señales de alerta, pero a la vez veíamos los resultados positivos y decíamos, bueno, hay que ser flexibles, hay que ser comprensivos y mira donde hemos llegado. Es por eso que antes estas señales de alarma es que nos preocupamos, es que lo expresamos, es que le escribimos. Sí, estamos muy preocupados y hay sin duda un golpe muy fuerte a la presencia internacional, al nombre de El Salvador en el exterior.

El presidente puede decir “no me importa”, pero esto puede tener un efecto importante en diferentes espacios políticos pero también económicos. Yo entiendo que tiene una buena relación con el presidente Donald Trump, aunque es otra historia, que es el único con quien yo diría que en su manera de gobernar hay muchas semejanzas, con Trump y con Bolsonaro en Brasil. Y ahora le puede ir bien con Trump, pero en noviembre puede llegar otro presidente y ahí, la verdad es que estas actitudes le van a costar caro y le van a pasar la factura y El Salvador va a tener problemas.

Hablemos de los efectos políticos, algunas de las medidas violan, no solo las leyes a nivel local, sino también las normativas internacionales sobre Derechos Humanos, ¿cómo se expresarán esos efectos?

K. S.: Sin duda, no lo he mencionado pero por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado ya sobre la situación en El Salvador a través de diversos tuits, a través de comunicados y justamente por estas medidas por ejemplo, la de no querer respetar las medidas de la Sala de lo Constitucional, que reitero es un logro en nuestro países, la presencia de tres poderes. Que el presidente diga por tuit que no le importa lo que diga la Sala de lo Constitucional, ¿te imaginas el ejemplo que da a la población? Claro, él está tratando de ganar adeptos de que lo vean como el salvador, como el mesías, como el que tiene el contacto directo con Dios, seguramente habrá mucha gente que creerá en eso para los que trabajamos en esto, ya ese guion es conocido y lo más preocupante aún es algo que digamos hay algunas pistas, algunas señales, lo mencionó The Economist en un artículo y es también el nepotismo que lo rodearía, esta tendencia a trabajar de la mano de personas muy cercanas, incluso familiares para lograr ventajas económicas a través del estado. Esto es muy preocupante.

La Sala de lo Constitucional han emitido resoluciones que no han sido acatadas con precisión ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, en este escenario, ¿qué otras alternativas existen para hacer valer el Estado de Derecho?

K. S.: No hay mecanismos tan directos, pero lo que sí te puedo decir es que la Comisión Interamericana juega un rol muy importante en la sociedad civil salvadoreña y puede usarla. Puede requerir aún más, que se pronuncie más y también existe el mecanismo de la denuncia internacional contra un estado. La Comisión y la Corte Interamericana tienen dentro de su mandato investigar casos de violaciones de derechos humanos, es posible que las organizaciones de salvadoreñas preparen una demanda contra el Estado salvadoreño por violaciones a la Convención interamericana de derechos humanos, que en algún momento llegue a la corte y que en algún momento haya una condena de la Corte Interamericana contra El Salvador, seguramente cuando el presidente Bukele ya no esté y sean todos los salvadoreños los que tengan que pagar las reparaciones. Entonces, yo si fuera salvadoreña me preocuparía porque yo sabría que esto que está pasando hoy, puede tener una consecuencia judicial en el futuro, en cinco, seis o siete años que normalmente acarrea también una respuesta económica porque una sentencia de la Corte Interamericana tiene reparaciones y al final todos lo vamos a tener que pagar, todos los salvadoreños van a tener que pagar eso. No solamente están los órganos internacionales que le están recordando al presidente Bukele los problemas que hay en su administración, sino que también hay mecanismos concretos como estos, como una sentencia

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