“La CICIES tiene mayor acceso a la información del Ejecutivo, que la Corte de Cuentas.”

(Transcripción editada de la entrevista con Karen Fernández, transmitida el domingo 24 de mayo de 2020)

Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil que promueve la participación ciudadana en la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción del Estado, desde su posición como parte de la ciudadanía, la organización ve con preocupación las limitantes que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha tenido en las auditorías sobre cómo se manejan los fondos públicos  por parte del Ejecutivo  durante la crisis por la pandemia.

Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, las limitantes que ha tenido la CCR puede ser superadas con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que según la información que posee tiene más herramientas de investigación y un acceso “privilegiado” a información generada por el Ejecutivo. Para él, la atención inmediata de la emergencia por COVID19 no nos tiene que llevar “a suspender la transparencia y el acceso a la información o la rendición de cuentas” del Estado, aunque la prioridad del gobierno central esté en el tema de atención a la salud. “Hay que lograr que el Ejecutivo logre balancear y ponga la transparencia como una prioridad para evitar que haya corrupción”, dice.

Eduardo, ¿por qué es importante que tanto la sociedad civil organizada como la población en general tengamos acceso a la información de cómo se están manejando los fondos en este emergencia?

E.E.: En situaciones de emergencia ya sea por catástrofes naturales o por situaciones sanitarias, son los momentos ideales, o los momentos propicios para, de alguna manera, cometer actos de corrupción y desviar fondos públicos. Y esto está suficientemente documentado en varias experiencias internacionales y también nacionales donde se ha dado el mal manejo de fondos públicos aprovechando las circunstancias extraordinarias que se viven. Aquí podemos hablar por ejemplo de esas transferencias de fondos entre ministerios, las compras públicas que, ahí es donde hay un margen de discrecionalidad para aprovecharse con sobreprecios o, en este caso, señalando compras que no realizan. Este es el escenario ideal para que suceda esto.

Ante esa situación es que, como medida preventiva, es que al menos nosotros hemos estado en una campaña junto con la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), tratando que se dé mayor nivel de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Para evitar cualquier manejo irregular, cualquier acto de corrupción y que este dinero se desvíe a otras finalidades. Esa es la razón primordial. En este momento el país necesita, las poblaciones vulnerables necesitan el apoyo de diferentes maneras y una de ellas es que los recursos estatales se dirijan a necesidades sanitarias.

El gobierno argumenta que tiene voluntad de entregar información pública, pero que en este momento, la rendición de cuentas, riñe con la agilidad para atender la crisis, ¿se puede ser efectivo en la rendición de cuentas sin desatender la emergencia?

E. E.: Efectivamente hay una emergencia que ha significado que en la mayoría de instituciones estatales  haya una reducción de personal y obviamente que aquel que no es necesario, que aquel que pueda, evitar su movilidad para que no estén sujetos a contagio. Obviamente esto hay que entenderlo y está pasando, el problema acá es que esto no nos tiene que llevar tampoco a suspender la transparencia y el acceso a la información o la rendición de cuentas.

Entendemos que el gobierno tiene prioridades en este momento, pero debe ser una prioridad también que estos fondos se manejen correctamente y su manejo transparente. Esa tiene que ser una prioridad, igual que el tema de atención a la salud. Porque si no hay transparencia en el manejo de estos fondos lo que va a pasar es que poblaciones vulnerables que necesitan esta ayuda estatal no van a recibir este apoyo económico. Y no me refiero solamente al bono que se dio hace un par de semanas sino que el tema de tener equipados en su momentos los hospitales, con sus medicamentos, ahí es donde las poblaciones vulnerables se van a ver afectadas y la población en general por la falta de transparencia. El punto es que hay una serie de regulaciones, de protocolos, de mecanismos, de buenas prácticas en epidemia que se pueden encontrar en diferentes instituciones que se dedican a esto, por ejemplo, Transparencia Internacional,  el Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP) si no nos queremos ir lejos ha dado lineamientos sobre acceso a la información y rendición de cuentas. Hay que lograr que el Ejecutivo logre balancear y poner la transparencia como una prioridad para evitar que haya corrupción en los fondos que están manejando.

En  esta emergencia no se está aplicando la Ley de Acceso Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), se desintegró el comité que la Asamblea nombró para supervisar fondos que entren vía préstamos, pero también es cierto que el Ejecutivo ha hecho partícipe a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) como un ente de control sobre los fondos, la CICIES es un ente nuevo en nuestro país, ¿hay capacidad en la CICIES para hacer una auditoría efectiva?

E. E.: Aquí habría que señalar, ampliando un poco, como está suspendido el acceso a la información, obviamente organizaciones de sociedad civil que trabajan en contraloría social y la misma prensa, que es un medio también donde se puede auditar el uso de fondos públicos, no estamos teniendo acceso a la información. Entonces, esto complica el panorama respecto de poder ejercer el control sobre el manejo de fondos públicos. Tenemos a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que, según tenemos conocimiento, también se ha visto afectada porque no se le está entregando la toda la información de parte de los ministerios o no se le estaba entregando cuando comenzaron a hacer sus auditorías.

Entonces, la auditoría que pueda hacer la Corte de Cuentas se ve limitada, ¿qué nos queda? Queda como otra instancia donde se puede investigar corrupción a la CICIES. Acá creo que tiene una ventaja con respecto a la Corte de Cuentas si lo queremos plantear en algunos términos porque ellos tienen especialistas en Inteligencia Financiera, algo que en la Corte no se pueda dar de esta manera, rastrear con otros insumos, con otros procedimientos, con otra experticia el manejo indebido de los fondos públicos. Esperemos que la Corte de Cuentas encuentre algún hallazgo de irregularidades y que proceda conforme a la ley, igual CICIES si encontrase alguna irregularidad, pues esperaríamos que proceda su acuerdo que en este caso implicaría también activar la instancia de la Fiscalía General de la República con algún tipo de comunicación o denuncia para que se investiguen posibles actos de corrupción.

¿Acción Ciudadana tiene información sobre el trabajo que está haciendo la CICIES en la emergencia?

E. E.: Lo que sabemos es obviamente por comunicaciones que ha dado el presidente de la República y alguna información que hemos tenido de fuente directa de personeros de CICIES. En el sentido que están sobre los casos del manejo de fondos y que la CICIES está en estos momentos verificando. Entonces, en este caso, la Comisión puede complementar la  labor que puede hacer la FGR y la CCR para garantizar que no hay manejo indebido de fondos y sin en caso lo hubiese proceder conforme a los protocolos con la fiscalía. Nosotros sabemos que la CICIES está sin duda jugando un rol que puede ser persuasivo. Me refiero, al saber los funcionarios que hay una entidad con otras capacidades investigando, poniéndole un ojo a lo que está sucediendo, pueda ser un mecanismo informal para que los funcionarios eviten cometer cualquier irregularidad. En esa medida puede ser beneficiosa la figura de la CICIES durante la epidemia.

La Corte de Cuentas presentó a la Asamblea un avance sobre las auditorías que han estado llevando a cabo, en este documento los auditores señalan que el Ministerio de Salud (Minsal) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no han entregado o han retrasado la entrega de información. Aquí en Focos entrevistamos a la presidenta de la Corte de Cuentas y sobre este tema ella nos decía que no podemos inferir sobre esta demora intentos de mantener la opacidad porque la Corte de Cuentas parte del principio constitucional de presunción de inocencia. Con los funcionarios que administran fondos públicos, ¿podemos partir de este principio de la presunción de inocencia?

E. E.: Habría que señalar algo que está relacionado, nosotros sabemos que CICIES tiene un mayor acceso a la información del gobierno, de cómo están manejando los fondos a diferencia de la Corte de Cuentas.

¿La CICIES tiene más acceso que la Corte de Cuentas?

Sí, tienen un acceso, si se quiere llamar “privilegiado”. Tiene más acceso a información que la Corte de Cuentas. La Corte señala en su informe que tanto el MOP y  el Minsal están retrasando la entrega de la información o no la están entregando, en cualquiera de los dos escenarios. Esto sin duda ya es una señal que debe ser tomada en cuenta por la Corte de Cuentas para comenzar a ver que sí hay un comportamiento, una intención por no colaborar con las auditorías de la Corte. Recordemos que todo empleado y funcionario público está en la obligación, según la ley de la Corte, de colaborar y entregar toda la información, toda la documentación que soporte transacciones financieras y demás de la gestión pública. Todos están obligados y, en esa medida, no es aceptable que luego de uno, dos o tres requerimientos no entregue la información.

Ahí hay un tema que ya la Corte de debe de pasar a un siguiente nivel de análisis, esto el no entregar la información se constituye en un incumplimiento de esta obligación y que entorpece las auditorías, la fiscalización que pueda hacer y si esto se está configurando o en una falta administrativa o ya estamos hablando incluso de algún delito. En esa medida, la Corte puede denunciar, puede poner en aviso, puede certificar ese comportamiento a la FGR si en caso se constituye un delito. La Corte al tener respuestas negativas o tener incluso que hacer doble requerimiento sobre una misma información, ya hay evidencias en su informe que se ha hecho doble requerimiento, no se sabe sí al final se cumplió, sí se entregó esa información pero esto ya no es una descoordinación sino que ahí ya estamos hablando de un comportamiento que busca ocultar información.

Según el Ministerio de Hacienda (MH), en un mes de emergencia y a través de Protección Civil, el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, (Fopromid), se han ejecutado $475.9 millones. Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, ¿la Corte de Cuentas tiene capacidad instalada humana y técnica para auditar estos montos?

E. E.: Siempre se ha dicho que la Corte tiene cierta capacidad y ciertas limitantes de capacidad, sobre todo en el tema de recurso humano. Comencemos a pensar en cuántas instituciones estatales hay, en cuantos procesos financieros, administrativos se dan en las instituciones, es una cantidad obviamente grande. Por eso es que, yo mencionaba que al trabajo de la Corte podría serle complementario el trabajo o investigación de CICIES. La Corte hace auditorías, exámenes especiales, hace una fiscalización que, en este caso, es concurrente con el tema del hospital del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), por ejemplo. Y luego va a hacer auditoría ya posterior, una vez se hayan ejecutado las obras pero CICIES tiene ese componente y esa era una de las fortalezas, o uno de los argumentos de por qué se necesitaba una instancia como esta en tema de la Inteligencia Financiera, ya no es una mera auditoría sino que ya trascendemos a otro tipo de procedimiento donde se puede detectar alguna irregularidad en el manejo de fondos.

A este panorama se suma que hay algunas restricciones del tema de los auditores porque habían uno o dos que salieron positivos a COVID19, entonces sin duda eso viene a limitar el trabajo de la Corte de Cuentas, porque no están en su operación normal con toda la cantidad de auditores que puede tener hay una serie de variables ahí que, sin duda pueden afectar el trabajo y esto lo que nos indica es que, entonces hay que ser más estratégicos. Tanto Corte de Cuentas, como CICIES tienen que ser más estratégicos en qué es lo que se va a investigar, en qué momento y de qué forma, porque sin duda no van a poder investigarlo todo y creo que acá algunos de estos paquetes que se contemplan en emergencia son los que prioritariamente deben investigarse, el tema del hospital o el tema de la entrega de los $300 del bono solidario. Que, según la Corte de Cuentas, había aproximadamente 100 mil personas que no se sabía cómo se les había entregado. No sabían los criterios a partir de los cuales se les habían entregado, entonces estamos hablando de que ahí $30 millones solo en esa partida que, obviamente no estoy diciendo que hay corrupción pero que se tiene que indagar y profundizar cómo es que el gobierno operó en esos casos.

El presidente ha dicho que la Asamblea no tiene la función de ser contralor de fondos que se están ejecutando en la emergencia, ¿debe ser la Asamblea también contralor de la ejecución de fondos que hace el Ejecutivo?

Hay que recordar que estamos en un sistema democrático representativo donde hay división de poderes y múltiples controles entre los órganos y estos controles que se ejercen son de variados tipos, tenemos un control político que se ejerce, un control judicial que ejerce la Sala de lo Constitucional por ejemplo, pero también tenemos controles financieros, un control presupuestario, por eso es que quién elabora el presupuesto, que es el Presidente de la República y quien al final lo aprueba, lo discute es la Asamblea Legislativa entonces, bajo esa óptica de que hay controles de diferentes tipos, en este caso un control presupuestario, sin duda la Asamblea Legislativa tiene atribuciones de control, obviamente no las que le competen a la Corte de Cuentas porque la Asamblea no va a fiscalizar, no va a hacer auditorías, pero sí puede pedirle una rendición de cuentas al Ejecutivo en el nivel de detalle que la Asamblea considere porque ella es la que autorizó esos fondos y cómo se utilizaran o se dieran estas transferencias presupuestarias, acá está en sus funciones ejercer un control presupuestario sobre la presidencia y a esto sumemosle que, en democracia representativa, uno de los principios fundamentales de la gestión pública es la rendición de cuentas, la que tienen que hacer las autoridades con la población y entre ellas mismas, o sea esa que se debe dar horizontal, yo le rindo cuentas al otro órgano sobre mi gestión. Así que esa opinión del presidente desconoce estos criterios de rendición de cuentas, de controles interorgánicos que la Constitución plantea.