Las preocupaciones de la Nuevo Israel sobre el proyecto prometido por el presidente
Ana (nombre ficticio) camina por lo que era la sala de su casa haciéndose paso entre los objetos que cubren el suelo. Esa alfombra de ropa, juguetes, zapatos y papeles mezclados con lodo seco la avergüenza, como si fuera por la falta de limpieza que la habitación se encuentre en ese estado. “Va a disculpar todo el desorden, no he tenido tiempo de venir a limpiar bien. Es que es un montón de trabajo. Voy haciendo lo que puedo, cuando vengo”, dice.
Atraviesa la sala y llega al dormitorio. Un cuarto de uno seis metros cuadrados, donde las dos camas en las que antes dormía su familia están apiladas una sobre otra, rodeadas de objetos amontonados que llenan todo el espacio disponible del cuarto. Hay una parrilla oxidada, una refrigeradora sin puertas, una bicicleta, sillas, electrodomésticos, más ropa y más zapatos que forman un pasillo por el que es difícil caminar. Todo está cubierto o salpicado del mismo lodo que cubre el suelo. Ana tiene razón, ordenarlo y limpiarlo implicaría varios días de trabajo y, quizá, tampoco valga la pena.
La habitación de Ana está en la penumbra, la única luz que entra lo hace por una puerta que, en algún momento, fue la salida hacia un patio pequeño, donde estaba una pila y el baño de la vivienda. Ahora, la puerta se abre directamente a una quebrada. Los restos de casa que se llevó la lluvia ahora son parte de ese paisaje, ahora revueltos con la tierra que arrastró el agua.
“Los del gobierno vinieron a ver la casa y me dijeron que yo no la había perdido totalmente. ¡Mire cómo está, es imposible vivir así! No tengo baño, no tengo pila. Además mis hijos están traumados por todo lo que vivimos aquí”, se lamenta Ana.
Ana hizo toda su vida en la Comunidad Nueva Israel, en San Salvador. Ahí nació, creció, tuvo a sus hijos. Ese era su hogar hasta la madrugada del 31 de mayo pasado, cuando una correntada se llevó en horas lo que por muchos años le construyó. Ese día, Ana y miles de personas perdieron sus viviendas por los daños provocados por las lluvias de Amanda, una tormenta tropical que causó deslizamientos e inundaciones en todo el país.
La promesa presidencial
Según datos del gobierno, la tormenta tropical Amanda dejó 30 fallecidos, una persona desaparecida y 29 mil 968 familias afectadas en todo el país. La zona con más daños fue la capital, donde se calcula que unas 4 mil 800 familias viven en vulnerabilidad.
En medio de la tragedia que vivieron miles de personas en todo el país, el Ejecutivo hizo de la Comunidad Nuevo Israel el símbolo de los damnificados por Amanda. En esa comunidad, 50 viviendas fueron destruidas y una mujer murió arrastrada por la corriente, mientras intentaba rescatar pertenencias de entre los escombros de su casa.
La Nueva Israel fue el lugar elegido por la presidencia para hacer la conferencia de prensa sobre la emergencia climática. La lluvia no había dejado de caer, cuando el presidente Nayib Bukele llegó a la comunidad la noche del 31 de mayo. El mandatario detrás del podio presidencial y rodeado de un séquito de funcionarios, policías, soldados y miembros de su equipo de comunicaciones, se solidarizó con los damnificados e hizo una promesa que hasta la fecha sigue siendo un rayo de esperanza al que se aferran las familias de Nuevo Israel.
Esa noche, Bukele prometió que cada una de las familias de esa comunidad recibiría una inversión de $10 mil dólares para recuperar su vivienda. El presidente dijo que ese dinero sería presupuestado a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que se encargaría de construir las viviendas en un lugar habitable.
“¿Para cuántas va a alcanzar -el dinero-? Para las que sea necesario. Porque si es necesario que nadie gane salarios de los funcionarios de este país, pues así lo vamos a hacer, pero las casas las vamos a reconstruir”, dijo Bukele frente a los vecinos de Nuevo Israel y los periodistas.
El Ejecutivo dio seguimiento inmediato a la promesa del presidente: la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó dos días después de la conferencia de prensa. En una reunión con los vecinos dijo que ya se habían identificado tres terrenos donde se podría iniciar el proyecto habitacional, dos municipales y uno estatal. Todos ellos, dijo, estaban ubicados a menos de tres kilómetros de distancia del lugar. Les pidió 11 meses de paciencia.
A finales de junio, el Ministerio de Vivienda anunció la construcción del proyecto habitacional “La Bretaña”, ubicado en la finca que lleva ese mismo nombre, en San Martín, a 20 kilómetros de Nuevo Israel. Con un costo total de $5.2 millones de dólares, $2.3 millones para la construcción de las viviendas que contarían con pozo de agua potable perforado por ANDA, según anunció en el ministerio en su página oficial de Facebook el 29 de junio.
Los vecinos de Nuevo Israel reclaman que la promesa de la ministra Sol fue moverlos a una zona cercana y ahora, los moverán a un punto desde el que, en horas pico puede tardar entre dos y tres horas movilizarse a San Salvador en transporte público. “Hay ancianos y mamás de niños especiales que tendrían que pagar taxi desde allá para llevarlos a consultas. Aquí nadie tiene dinero para pagar eso. La ministra dijo de que iba a ser como tres kilómetros a la redonda lo más lejano que se podía hacer la vivienda, también por eso le estamos haciendo un llamado al Presidente para ver si nos pueden ayudar en ese sentido”, dice Ana.
Las nuevas promesas
Tres meses después de la promesa del presidente, los vecinos de Nuevo Israel han regresado a sus viviendas, a pesar del riesgo; los que no se atreven a regresar encontraron posada en las casas de amigos y familiares. Otro grupo, 24 familias de las 220 afectadas, permanecido en el albergue para los afectados dispuesto por el gobierno, en las instalaciones del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI). Algunos que han decidido no albergarse alegan motivos de seguridad, discrepancias con los coordinadores del refugio o temor al contagio de coronavirus para no hacerlo.
En julio de este año, la ministra de Vivienda informó a los vecinos que ya estaba seleccionado el terreno donde serán construidas las casas, pero este varía de las condiciones prometidas por ella misma en su primera visita a la comunidad.
Según informó el gobierno a los vecinos, aunque inicialmente se habló de casas, actualmente se proyecta construir un condominio de tres a cuatro pisos, que contará con un huerto comunitario y un parqueo amplio. Y, aunque todas las viviendas estaban supuestas a ser gratuitas, les explicaron que solo lo serán para aquellos que perdieron su casa totalmente; quienes la perdieron parcialmente deberán pagarla en cuotas. El Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) es el encargado de evaluar cada caso y definir cómo se clasificará el daño.
Estos cambios de plan tienen preocupados a algunos vecinos del lugar, quienes enviaron una carta firmada por 40 familias al presidente Nayib Bukele, donde piden que escuche sus inquietudes. Este grupo de vecinos, la mayoría del Sector Quiroa de la comunidad, dicen no sentirse representados por el comité que se reúne con el gobierno.
“La señora ministra nos dijo que habían muchas opciones. En la primera reunión nos dijo que sería en un lugar cercano; y el que no se quería ir para ahí, había otras opciones. Y hoy dicen que quien no se quiere ir a San Martín se va a quedar sin casa y no le van a responder”, dice Janny Rivera, de cuya casa solo queda la fachada y un trozo de lo que fue el piso de la sala. “Nosotros tenemos que ser escuchados y que el señor presidente se dé cuenta cómo está la situación de nosotros.”
Un lugar lejano e inseguro
Ana es parte de ese grupo de vecinos preocupados por el proyecto que les ofrece el gobierno. Dice que teme ser clasificada entre aquellas personas que tuvieron pérdidas parciales y que debe pagar por su vivienda. Sobre todo ahora, que se quedó sin empleo luego de denunciar el acoso de su jefe en el Ministerio de Trabajo. “¿Cómo voy a pagar yo, si apenas y logro salir con los gastos de mis hijos?”, pregunta.
Hasta ahora el Ministerio de Vivienda no ha informado a los vecinos de Nuevo Israel qué casos tendrán que pagar una cuota por sus viviendas, pero Ana asegura que cuando evaluaron su casa los representantes de esa institución insinuaron que podía ser considerada pérdida parcial.
De momento, el Gobierno ha pedido a los afectados por las lluvias firmar un listado para aceptar ser incluidos en el proyecto, pero no les ha informado sobre el estatus que tendrán ni cuánto podrían costar las casas entregadas.
Ana piensa en el dinero, pero sobre todo, teme por la seguridad de sus hijos al trasladarse a San Martín, una zona controlada por el Barrio 18, pues Nuevo Israel es un territorio que pertenece a la pandilla contraria, la MS-13, y cruzar las fronteras invisibles entre pandillas puede tener consecuencias graves para cualquier joven, incluso si no está involucrado con ninguna de ellas.
“Yo conozco casos de familias de por aquí mismo, a los que les han dado casas y los han mandado por el Distrito Italia, por ejemplo, y los han sacado de ahí y se han tenido que regresar. Después, el Gobierno les dice que no les puede ayudar porque ya les dieron una casa. Yo tengo miedo que eso nos pase a nosotros, o peor, que me lleven a mi hijo”, dice.
Otro vecino es aún más contundente: “Si nos mandan para allá, mejor que nos den el cajón de una vez, verdad, porque así va a ser, en esta situación nadie respeta a nadie”, señala.
En twitter, una usuaria respondió una publicación del Ministerio de Vivienda que promovía el proyecto habitacional, pidiendo que atiendan el llamado de los habitantes de Nuevo Israel para trasladarlos a un lugar seguro. El ministerio contestó que hay 37 familias confirmadas de la Nueva Israel que sí quieren y necesitan una casa en La Bretaña y que lamentaban que ella no quisiera trasladarse pero que habrían otros proyectos en los que esperaban que si lo hiciera”.
Hasta ahora, el Ministerio no ha informado a las familias sobre otra posibilidad de traslado. Focos se comunicó con el Ministerio de Vivienda y solicitó una entrevista con un representante de la institución o información oficial sobre el proyecto habitacional, pero a la fecha de cierre de este reportaje no respondió a la solicitud.
