“Lo más importante en este momento es levantar la conciencia de la población sobre el tema de corrupción”

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández y Gabriela Castellón transmitida el pasado domingo 14 de marzo de 2021)

Un grupo de organizaciones sociales, encabezadas por Cristosal, se mantiene a la expectativa de la posibilidad de que la Asamblea Legislativa saliente le dé vida, con por ley con el aval legislativo, a la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (Cicíes). Aunque estas organizaciones reconocen que la existencia de una Comisión internacional encargada del combate de la corrupción y la impunidad no es la solución final a los problemas estructurales e históricos de corrupción e impunidad del país, señalan que es una herramienta más para fortalecer el Estado de Derecho en El Salvador.

Hay un acuerdo entre el Gobierno y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que da vida a la Cicíes, que era una propuesta de campaña del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿por qué ahora piden que la Cicíes pase por la aprobación Asamblea Legislativa?

Es un paso natural, cuando el Ejecutivo firma un convenio con un organismo multilateral lo trae a la Asamblea para su ratificación. Al hacerlo, este ya se convierte en una política vinculante del Estado. Lo que tenemos actualmente es un convenio firmado por el presidente y el secretario general de la OEA, pero limita la Cicíes a la buena voluntad de los firmantes. Buscar la ratificación o aprobación de una ley para la Cicíes le da ese carácter vinculante y obliga a las instituciones del Estado a colaborar en las investigaciones y requerimientos de la Comisión. Entonces, se convierte en una política de Estado, no se limita, como está ahora, a un convenio de buena voluntad. En Guatemala y Honduras, las experiencias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) es que también fueron ratificadas en sus respectivas Congresos (Asambleas).

… Cuando lo plantea dice que “es un paso natural”, pero el Gobierno en este momento no parece haberlo asumido como un paso natural…

… Sí, eso deja vulnerable el desarrollo de la Comisión. Es la razón de las críticas que muchas organizaciones han hecho, porque da la percepción, vende la marca de una comisión internacional sin haber hecho este paso tan importante para complementar su desarrollo como entidad independiente y con las facultades necesarias para desempeñar su mandato realmente.

Dentro de su propuesta, ¿Qué pasará con la Cicíes que ya tenemos en funcionamiento?

La propuesta está desarrollada dentro del marco existente del convenio del Ejecutivo y la Cicíes. El planteamiento es construir sobre lo existente, creemos que en el convenio ya existen elementos muy positivos y una base inicial para trabajar y por eso decidimos una metodología legal para fortalecerla. Entonces, no desaparece; sino, más bien, sí se aprueba la Ley y es sancionada por el presidente Bukele, pues la Cicíes actual empieza a desarrollar mayores niveles de independencia del Ejecutivo.

Se va a tener más facultades para participar en la querella, pero, también, independencia para iniciar investigaciones, hacer y recibir denuncias, y un rango de actuación más similar a lo que vimos en Guatemala con la CICIG. De hecho, esa fue la promesa del presidente, cundo anunció que quería establecer una comisión internacional contrala impunidad en El Salvador.

A diferencia de Guatemala, en Honduras y El Salvador esta comisión está respaldada por la OEA y no por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, de hecho, algunas organizaciones sociales, al inicio, pidieron el apoyo de la ONU. ¿Qué cambió para que ahora ya no es importante el respaldo de la ONU?

Es importante reconocer o recordar, que el concepto de una comisión internacional es cuando las instituciones nacionales no han sido capaces de reformarse o de enfrentar la corrupción histórica y estructural, y por ello piden un acompañamiento internacional. Entonces, en un primer momento, teniendo la opción de elegir entre ONU y OEA; se miraba hacia la ONU, ya que siendo un organismo internacional más grande y fuerte, para dar cierta fortaleza a una comisión, algo que no veíamos en la OEA. Sin embargo, la experiencia de la MACCIH, en Honduras, después de algunos percances al inicio, logró instalarse y empezar a hacer su trabajo y tener impacto.

La decisión de cambiar nuestra posición y apoyar una Cicíes bajo una misión con la OEA, obedece a la necesidad que tiene el país para una comisión internacional y la forma más factible, en este momento, de garantizar una comisión independiente y fuerte con las facultades necesarias es construyendo sobre la ya existente, siempre siendo conscientes de que una ley no resuelve todo.

En la propuesta que han hecho a la Asamblea Legislativa, ustedes también plantean reformas al Código Procesal Penal, ¿hacia qué van dirigidas estas reformas? 

Son dos propuestas, una es una Ley Especial, que trata de regular la competencia de la Cicíes; y luego lo otro es una propuesta de reformas al Código Procesal Penal. Esto último, obedece a que, según los estándares que nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos desarrollado, debería tener la capacidad de participar en la querella; es decir, en la persecución penal de casos. Al principio, cuando se anunció la formación de la Cicíes, hubo un debate sobre que la Constitución salvadoreña no permitía que la Comisión participara en querellas. Pero, en consultas con abogados y el equipo legal de Cristosal, encontramos una manera, a través de esta reforma.

¿Cuáles son las garantías de la independencia con respecto al Ejecutivo, qué componentes específicos garantizarían esa independencia?

En términos muy generales, hay dos factores muy importantes: la independencia fiscal y la independencia funcional; es decir, no es el gobierno de El Salvador el que está financiando la Comisión y, de hecho, hoy por hoy, no es el Gobierno el que la sigue financiando.

En lo funcional, actualmente la Comisión tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, se activa cuando el Gobierno lo solicita, no pude recibir denuncias ni ponerlas por sí misma. Entonces, el anteproyecto de Ley resuelve algunos de estos aspectos, para que tenga mayor rango de actuación independiente del Ejecutivo y, como mencionamos, la participación en la querella; también, la posibilidad de proponer reformas, medidas para fortalecer la institucionalidad y mecanismos de transparencia; es decir, dar informes a la población y formar convenio con la sociedad civil.

Actualmente, la Cicíes tiene limitantes en materia de información porque en el acuerdo marco se señala que ésta estará disponible según los marcos legales existentes en nuestro país. Por ejemplo, si hay una información reservada por ley, ¿cómo serán los mecanismos para acceder a esta?

En el convenio actual, la Cicíes tiene que mantener toda su actuación reservada, no puede anunciar el estado de una investigación y ese es uno de los limitantes para poder establecer a la Cicíes como un mecanismo reconocido por la sociedad, depende únicamente del Ejecutivo y no tiene este arraigo con la población.

Esa es una de las cosas que la Ley trata de superar: que pueda dar informes y hacer pronunciamientos públicos sobre investigaciones. Actualmente, hay un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), que es quien lleva la cara pública de las investigaciones y esto podría continuar; pero la Cicíes necesita empezar a transparentarse ante la población, para recibir un respaldo más amplio de ella. 

¿Las propuestas de ley y reformas que han hecho, en su proceso de construcción, fueron consensuadas con los representantes actuales de la Cicíes, con el comisionado Ronalth Ochaeta, por ejemplo?

Hemos dialogado con personas de la Cicíes, incluso con el comisionado; hemos hablado con el fiscal general; obviamente, hemos hablamos con miembros de la Asamblea Legislativa; y solicitamos una reunión con el Ejecutivo, pero la respuesta de ellos, en ese momento, fue “hasta después de las lecciones”. Estaríamos pendientes de poder interactuar y conversar con el Ejecutivo sobre el asunto.

¿El comisionado Ochaeta dio su visto bueno sobre la serie de reformas que ustedes plantean? 

No puedo hablar por él, pero en experiencias como en Guatemala y Honduras la ratificación del convenio es lo que da sostenibilidad y estabilidad a la Comisión. Creo que, siendo comisionado, lo reconoce. 

En la propuesta presentada hay un elemento importante: la autonomía, que la Cicíes no trabaje solamente por petición del Ejecutivo. ¿Cómo se garantizaría esta autonomía e independencia?

Es un reto, por eso tratamos de regular competencias y dar atribuciones para que pueda empezar a asumir mayores niveles de autonomía. Lo otro es la relación que tiene la OEA con el Gobierno; creo que en la selección de personal tenemos que separar aún más el rol del Ejecutivo o la influencia que puede tener en la selección de personal y, siendo fiel a la filosofía de una comisión internacional, debería haber más personas internacionales trabajando a la par con la Fiscalía. Esto ayuda un poco a tener la imparcialidad y la independencia en su actuación. 

La Fiscalía tiene, por Constitución, realizar la investigación. Por ahora, la Cicíes tiene firmado sólo un convenio con la FGR. En la propuesta que ustedes tienen, ¿cómo sería más efectiva la colaboración entre Cicíes y Fiscalía?

Esta colaboración sería obligatoria y establecida en el marco de la ley, pero no cambia la naturaleza de la Cicíes; el propósito de una Comisión no es sustituir a las instituciones nacionales, sino coadyuvar y fortalecerlas. Entonces, trabajarían a la par, no únicamente con la Fiscalía, sino con otras instituciones de control.

Y en materia de investigación, ¿cómo se articularían los esfuerzos? Hasta ahora, lo que tenemos es que la Cicíes, por ejemplo, puede colaborar a solicitud de la Fiscalía, pero más en términos de fortalecimiento técnico. ¿Qué cambiaría en esta propuesta, si se aprueba?

En la ampliación de las facultades de la Cicíes, podría promover la persecución penal, participar junto con la Fiscalía en la querella; recibir denuncias e iniciar investigaciones y trabajar con la FGR. Entonces, sí tendría un rol más protagónico en la investigación y la promoción de persecución penal.

Hablemos sobre las preocupaciones que algunos diputados han expresado sobre una operación de la Cicíes validada legalmente. Algunos dicen que esto haría que cedamos soberanía y que sería una especie de injerencia de la comunidad internacional sobre el sistema judicial salvadoreño. ¿Cuáles son los límites para que el trabajo de la Cicíes no cruce esa línea hacia prácticas injerencistas?

Es muy delicado enmarcarlo en estos términos. El objetivo de una Cicíes no es nada más que fortalecer el Estado de Derecho, la aplicación de normas estándares penales y constitucionales. O sea, una comisión que no opera afuera del marco legal nacional. Plantear que hay una injerencia es un poco complicado porque no es cierto, no es posible porque el mandato se limita a eso. El hecho de que hay actores internacionales acompañando a instituciones nacionales, para fortalecer el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, tampoco considero que constituye una injerencia.

Es una solicitud de ayuda de acompañamiento a partir del reconocimiento de que hay una crisis, de que hay estructuras de corrupción histórica y actuales y eso requiere de un apoyo; y hay antecedentes de otros mecanismos de acompañamiento internacional para causas similares, los tribunales especializados que vimos en Europa o en África…

Las comisiones que nacen en Centroamérica, no es una cosa fuera de lo normal, es un tipo de apoyo de la comunidad internacional para fortalecer normas constitucionales y del Estado de Derecho.

En Guatemala y en Honduras hubo fiscalías especializadas, que también contaban con la protección para fiscales especiales. ¿Se plantea esto en la propuesta para El Salvador?

No aborda directamente ese tema porque está desarrollado en el marco del convenio existente, no establece la creación de una unidad fiscal especial referente de la Cicíes. Pero, conversando con las personas en la Cicíes, contar con una unidad referente específica, sí facilitaría de gran manera el trabajo y el impacto que puede tener la Comisión en fortalecer la FGR

Hablemos sobre el órgano Judicial, ¿cómo debe fortalecerse este para garantizar que se haga justicia en los casos de corrupción?

Viéndolo desde lo que puede hacer una comisión internacional, la experiencia en Guatemala fue muy positiva al crear un observatorio de justicia, para medir y visibilizar el desempeño judicial. Incluso, ver y medir aspectos como la mora judicial de casos. Eso permitiría dar una lectura un poco más clara sobre dónde están los cuellos de botella del sistema, cuáles son los jueces que están actuando de la mejor forma y cuáles no; creo que es una de las tareas que se tendría que desarrollar, incluso con la sociedad civil.

Regresando al punto de la querella, ¿por qué es importante que la Cicíes tenga esta posibilidad y que, por ley, se le dé esta opción?

Hay dos razones claras: uno, obedece a las virtudes que tienen las comisiones internacionales. El riesgo que corren los fiscales, ante poderes y estructuras criminales, es muy grande. Entonces, el respaldo político que puede dar la Comisión a las unidades fiscales que están llevando casos es muy importante, es una protección en sí misma y anima, o motiva, a que los fiscales sigan trabajando.

La otra parte es la capacidad técnica, para llevar casos complejos. Ese es un punto que no hemos tocado, con la aprobación de la Ley queda muy claro que es competencia de la Cicíes investigar actos de corrupción, personas y redes ilícitas. Es decir, llevar investigaciones que implican desarticular y desmantelar grupos ilícitos; no únicamente perseguir a los corruptos, sino a los corruptores. Esa es una novedad muy importante en la justicia salvadoreña porque muchas veces sólo nos quedamos con la condena de una persona emblemática, pero quedan debajo todas las personas beneficiarias de esa corrupción y que participan en esas redes ilícitas. Es complejo y ese es el aporte técnico que puede dar, con experticia internacional, la Cicíes a la Fiscalía en casos de esta naturaleza. 

Ustedes incorporan en la propuesta mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, una de las funciones contemplada dentro de este elemento es el monitoreo de políticas públicas y de justicia; esto es algo que, hasta hoy, no hace la Cicíes. ¿En qué consiste y cuál es el espíritu de este componente?

Realizar el monitoreo, medir el desempeño del sistema de justicia y emitir, para decirlo así, dictámenes sobre la base de imparcialidad y de independencia que tiene una comisión internacional. Aquí uno de los problemas en la lucha contra la corrupción es que los partidos políticos lo han manejado como una especie de lucha tribal. Es decir, cuando mi equipo juega sucio está bien, es la cultura del ‘vivo’: supimos nosotros aprovechar y aquellos atrás, ellos fueron corruptos. Pero ese tipo de labores de monitoreo permite, también, tener una fotografía un poco más completa de la corrupción, de su estructura y de los grupos ilícitos que la conforman; así como del desempeño del sistema de justicia ante ellos.

Hablemos del panorama de aprobación de estas propuestas legales. En la Asamblea, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GAN) ha dicho que respaldaría esta propuesta y reformas, siempre que tengan el visto bueno del Ejecutivo; el partido FMLN, al inicio, sentó una postura pública de que no hay necesidad de una Cicíes en el país; mientras que Arena, a raíz de sus propuestas, solicitó creación de una comisión ad hoc para estudiar el tema, que no se ha instalado. ¿Están dadas las condiciones para que se apruebe la propuesta antes de que cambie la Asamblea Legislativa?

La impunidad en El Salvador ha sido un tema histórico y casi absoluto, hablando no únicamente de la corrupción, sino de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones a derechos humanos. Sin duda, el poder político ha estado a favor de la perpetuación de la impunidad. Pero, tenemos claro también de que si hay un tema que une a la población salvadoreña es el combate a la corrupción. Ese es el mandato inmenso que le ha dado la población al presidente, sobre la bandera de “devolver lo robado”. Con esta propuesta de ley, lo que estamos ofreciendo es algo construido por sociedad civil y que responde a esa inmensa exigencia de la población de una política real y seria de Estado para combatir la corrupción y, al final de cuentas, sentimos que estamos agregando al “devolver lo robado” otra frase que es: “Garantizar que ningún funcionario vuelva a robar”.

Las condiciones políticas, vistas desde la opinión pública y de la población y el mandato en dos elecciones, que ha dado a sus representantes al presidente y a la Asamblea es claro. Entonces, si esta nueva Asamblea va a responder al mandato que le ha dado la población y ese inmenso apoyo que hay para eliminar la corrupción, debería aprobar esta ley.

Además, hemos escuchado mensajes muy fuertes, muy claros, de Estados Unidos, un aliado importante para el gobierno de El Salvador. Entonces, es una nueva oportunidad para el presidente y su partido político para mandar un mensaje concreto de que están dispuestos a alinearse con ese gran objetivo de enfrentar la corrupción en la región y posicionarse como líder y referente o aliado para los Estados Unidos. Nos han dicho y hemos escuchado que un gobierno que no toma en serio la lucha contra la corrupción no será aliado de los Estados Unidos.

Usted apela a que la Asamblea saliente y la nueva tengan esta buena voluntad de aprobar este marco legal; pero, realmente, ¿cuáles son las condiciones para que esto se avale y quisiera saber si están haciendo trabajo dentro de la Asamblea para presionar para que se apruebe en esta legislatura?

Sin duda, con escrutinio y todos los temas entorno a las lecciones, el momento actual en la Asamblea es muy revuelto. Pero creemos que hay una oportunidad para que los diputados que van de salida y los que se van a quedar, la oportunidad es de responder a un tema de mucha importancia para la población. Su sobrevivencia política puede ser vinculada con un mensaje muy fuerte, contundente, de combatir y eliminar la corrupción y la impunidad.

Pero, entonces, hoy por hoy, ¿no hay certeza sobre si se aprobará antes de que cambie la legislatura?

No, no hay certeza. No hay.

Usted mencionaba el respaldo de Estados Unidos y es conocido que la Comisión trabaja con donaciones y apoyos de la comunidad internacional. ¿Han sabido de apoyo de instancias internacionales o de otros gobiernos para el respaldo de una Cicíes planteada como la que ustedes plantean?

La aprobación de la Ley no le quita a la Cicíes que reciba apoyos de la ONU o de diferentes agencias de la ONU; o que no haya acuerdos hechos con otras instituciones internacionales de investigación criminalística. En ese sentido, es una de las ventajas de crear una Comisión porque, lo que hace es generar un polo de referencia en el país para atraer la cooperación.

Ahorita hay mucha cautela en la comunidad internacional y en las misiones diplomáticas por la falta de ratificación del convenio; porque no es una política vinculante del Estado, es un convenio de buenas voluntades. Entonces, hasta tener esta estabilidad y claridad, han sido un poco cuidadosos en querer aportar y sumar recursos. Es una de las otras ventajas de la aprobación de la Ley: le da credibilidad a la institución, al proyecto de esta Comisión en El Salvador, que puede atraer, incluso, cooperación internacional diversa.

Nos decía que han buscado al Ejecutivo y la repuesta fue “después de las elecciones”. Ya pasaron las elecciones, ¿cómo está construida la relación con el Ejecutivo para buscar que también apoye esta propuesta?

Esa es una de las esperanzas que todos tenemos, los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, de que ya, después de la campaña, se pude cambiar de página. Podemos esperar, entonces, que haya más espacios de diálogo, de consulta, de participación ciudadana en los planes y políticas de Gobierno. Tenemos luces positivas de una posible reunión con el futuro presidente de la Asamblea; estaríamos abiertos a recibir confirmación como coalición de organizaciones, que hemos solicitado una reunión al presidente de la República, para dar seguimiento al tema y conversar y dialogar. Creemos que estamos, con esta propuesta, siendo constructivos; estamos aportando una herramienta, un mecanismo, un proyecto, que suma a la promesa de campaña del presidente y sentimos que, en se sentido, sí estamos siendo honestos, hay convergencia, hay un punto en el que podemos trabajar juntos.

Hemos visto su planteamiento del panorama; pero, ¿cuál es el plan “B”? ¿Qué va a pasar si esto no se aprueba, si no hay voluntad política ni de esta Asamblea Legislativa ni de la entrante y tampoco desde el Ejecutivo?

No sé si es plan “B” o plan “A”. La Cicíes no nos va a resolver la impunidad estructural e histórica por sí sola, es solo un mecanismo, una herramienta entre varias que necesitamos. Creemos que lo más importante en este momento es levantar la conciencia de la población sobre el tema de corrupción. En este momento, la población ha confiado en el presidente en que él, como político, lo va a resolver; pero, en realidad, esa va a ser una lucha muy larga de la sociedad para cambiar la cultura y desmantelar esas estructuras. Lo más importante en este momento es consolidar una lucha desde la sociedad civil, desde la ciudadanía. Ningún político es la solución para la corrupción, eso está claro. Si no se aprueba la ley, igual se tiene que apostar a levantar esa conciencia y movilizar a la población.

“Es interesante, que a pesar de muchos reportajes periodísticos e indicios de corrupción de la gestión de los fondos de emergencia durante la pandemia en El Salvador, a diferencia de Guatemala y Honduras, no hubo mucha protesta ciudadana.”
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

En El Salvador, no ha habido personas en las calles protestando por la corrupción. Y es porque todavía creen que el presidente es la persona que puede liderar ese proceso. Pero, también, estamos conscientes de que hay que romper ese monopolio: no es una persona, un político, quien va a solucionar este tema. Es una decisión de sociedad.