Los mecanismos de anticorrupción en Centroamérica son muy importantes para EE.UU.

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Gabriela Castellón transmitida el pasado domingo 21 de marzo de 2021)

Daniel Restrepo tiene un amplio conocimiento de cómo funcionan las cosas dentro de la Casa Blanca, el Congreso y el sistema judicial de Estados Unidos. Desde las posiciones que ocupó, su visión sobre América Latina y El Caribe permeó la gestión del presidente Obama.

Hijo de padre colombiano y madre española, Restrepo, abogado de profesión, fue Director para Asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial del presidente estadounidense Barack Obama. Lo que lo llevó a ser considerado como uno de los líderes de ascendencia latina con más peso dentro del gobierno estadounidense.

Ahora, aún sin estar dentro del gobierno del presidente Joe Biden, Restrepo brinda una visión global de las políticas que está adoptando la Casa Blanca y hace hincapié en esta entrevista que el mensaje contra la corrupción y gobernanza de Biden es contundente, para lo cual asegura que es necesario que los gobiernos trabajen de la mano con la sociedad civil organizada y que se respete el papel de la prensa independiente.

En materia migratoria, Restrepo afirmó que, aunque no hay certeza de un apoyo necesario para aprobar la reforma migratoria, existe la posibilidad de mejorar la situación de migración irregular a personas ya establecidas en determinados sectores productivos en el país norteamericano.

Recientemente se conoció sobre la restricción de ayuda económica a los países del Triángulo Norte, ¿a qué se debe esa decisión y qué mecanismos de contraloría incluye?

No se va a restringir en sí. Lo que se va a hacer es asegurar que estos fondos se utilizan para lo que es su intención: aliviar la situación y las condiciones de dificultad en la que se encuentran en este momento demasiados ciudadanos de Centroamérica. Entonces, estas van a ser limitaciones, criterios bajo los cuales cómo y quiénes van a poder utilizar esos recursos. No van a restringirlos si es que se cumplen con las condiciones con los que se dan estos fondos.

¿Qué condiciones serían estas?

Eso está por determinarse, es un proceso dinámico entre el Ejecutivo y el Congreso; lo hemos visto en el pasado, cuando el entonces vicepresidente Joe Biden empezó el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces hubo requisitos que tenían que ver con las condiciones de gobernanza, más que nada, en los países receptores de estos fondos y, en particular, un enfoque en la necesidad de tener fuertes mecanismos de anticorrupción en cada uno de estos países. Entonces, imagino que volveremos a ver condiciones de esa naturaleza; es decir, un énfasis en la anticorrupción y en la transparencia de cómo se utilizan no solamente estos fondos, sino cómo funcionan estos gobiernos que van a ser parte de los receptores de la ayuda estadounidense.

Cuando se anunció esta medida, se habló también de dar mayor respaldo a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. ¿Cómo funcionará este mecanismo de apoyo a las organizaciones y cuáles serán los criterios de selección?

Una lista per se todavía no existe. Pero sí va a haber un énfasis en asociarse más con la sociedad civil, en todos los sentidos. Y uno de los criterios es a trabajar conjuntamente con organismos que están trabajando sobre el terreno. Y esto tiene que ver con las condiciones de los gobiernos en esos países; pero también es un aprendizaje de lo que se hizo antes y que quizás no funcionó, en que hay contratistas estadounidenses que trabajan en áreas de desarrollo económico y, quizás, los modelos viejos que se utilizaban también dejaban demasiado dinero aquí en casa, en los Estados Unidos; y no obtuvo el impacto que queríamos ver en los países centroamericanos.

“La idea es trabajar con la sociedad civil y con organizaciones que están en el terreno para asegurar que haya un máximo impacto de esta asistencia y que no se pierda ni aquí en los Estados Unidos, ni en los gobiernos, por ineficiencias o corrupción.”
Daniel Restrepo, exasesor del presidente Obama sobre Asuntos Hemisféricos

Es un mecanismo más para asegurar que el impacto que el gobierno estadounidense quiere tener va a dar resultados. Es un poco del aprendizaje de los últimos años, de lo que ha funcionado mejor y de lo que ha funcionado peor en los modelos que se han utilizado hasta ahora.

¿Pero qué características deberán cumplir estas organizaciones a las que se les brindaría este apoyo desde Washington?

Creo que va a haber varios criterios. Más que nada, va a tener que ser gente que puede demostrar que está teniendo impactos positivos sobre las comunidades y las sociedades a las que están sirviendo, donde haya resultados factibles, donde se vean mejores en cómo se está viviendo en esas comunidades a través del trabajo de estas organizaciones.

En el marco de estos esfuerzos, esa tiene que ser la meta de cualquier apoyo estadounidense a cualquier organización: Si las personas están viviendo mejor como efecto de recibir esta ayuda o no. Si la respuesta es que sí, esos son los organismos con los cuales Estados Unidos y otros actores internacionales deben y van a querer trabajar; si el resultado es “no”, pues, francamente, no se debe gastar más dinero a través de ese mecanismo porque no está dando el resultado debido.

¿Existe en Washington un mapeo de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, que por su rol de contraloría son catalogadas como opositores del actual gobierno?; y, si es así, ¿habrá medidas de protección a estas?

Esto no debe ser apoyo o no a gobiernos, esto no debe ser una batalla entre la sociedad civil y los gobiernos. Francamente, en una democracia que está funcionando bien ese conflicto no debe existir. Creo que es una preocupación por parte de este nuevo gobierno estadounidense, no solo cuando está mirando a Centroamérica, sino en todo el mundo y aquí en casa. La sociedad civil tiene que ser un socio con los gobiernos y tienen que poder encontrar esos espacios comunes y eso es un deber de la sociedad civil, pero también por parte de los gobiernos, de no ver a la sociedad civil como algo opuesto; sino, parte de un sistema vibrante democrático que funciona. Entonces, esto no es para apoyar a nadie que esté en contra de nadie. Como dije hace un momento, esto va a ser para tener el máximo impacto positivo sobre la vida, en el caso de El Salvador, de los salvadoreños viviendo en El Salvador para que esta gente pueda vivir sus sueños en su mismo país y en sus mismas comunidades.

Desde la llegada del presidente Biden, se ha fortalecido el mensaje de no respaldar a gobiernos que no tengan como bandera la lucha contra la corrupción. Entre otras cosas, el mandatario estadounidense, en su plan de gobierno, habló de una agencia anticorrupción para Centroamérica. ¿Cómo se implementaría?

Cómo se va a implementar también está en desarrollo. En estos días tempranos del nuevo gobierno estadounidense, menos de cien días, se está muy enfocado, francamente, en combatir la pandemia de Covid-19 y los efectos económicos de esta en los Estados Unidos. Pero con respecto a Centroamérica, lo que ha dejado claro el mismo presidente Biden y altos funcionarios de su gobierno es que los mecanismos de anticorrupción vuelven a ser muy importantes para los Estados Unidos.

Y ante la pregunta de cómo deben ser los mecanismos anticorrupción, también debe ser un proceso dinámico entre la sociedad civil, los gobiernos de la región, el gobierno estadounidense y otros actores internacionales. Tenemos ejemplos del pasado; tenemos el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y de Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes). Es posible ese modelo, pero también es posible que se pase la página y se miren mecanismos más regionales y con un apoyo internacional más amplio, para que no dependa simplemente de un país, los Estados Unidos en ese caso; pero tiene que haber una relación, un va y viene, con los mecanismos de justicia en los países afectados, obviamente; pero también, de nuevo, con la sociedad civil que juega un papel importante como para monitorear lo que está sucediendo dentro de los gobiernos en toda la región.

Tomando en cuenta estos ejemplos, como el de la Cicíes y en cómo se ha trabajado en la región anteriormente, ¿cuáles sería, por ejemplo, tres componentes que no deberían faltar en esta agencia anticorrupción para la región centroamericana?

Es difícil porque se puede hacer de dos formas bastante distintas: uno es tener un mecanismo por cada país y establecer esos mecanismos dentro de los marcos jurídicos de sus países; algo que puede tardar tiempo. La misma CICIG tardó años en dar forma a la Comisión como existió por casi una década.

Pero, también, está la posibilidad de hacer una comisión regional, quizás un paso que está un poco más alejado de los mecanismos, pero todavía para apoyar y fortalecer a esos actores dentro de los diferentes gobiernos y, particularmente, las funciones judiciales y de investigaciones de buena voluntad, que quieren trabajar sobre estos temas pero que viven en un mundo con muchísima presión política y criminal sobre ellos.

Quizás haya un espacio para un mecanismo regional, que respalde a las comisiones que están en el terreno, los que están ya en los mecanismos oficiales; pero que también tienen un poco de observación de lo que está ocurriendo en cada país y que ponen nombre y apellido a lo que está ocurriendo, que quizás se habla, pero no se percibe lo suficiente, que pueden tener esa función también. Entonces, hay distintas formas que puede tomar esto; creo que el gobierno del presidente Biden va a investigar las distintas formas, va a hablar con la sociedad civil, con los gobiernos y va a hacer lo máximo para avanzar en una agenda de buena gobernanza en toda la región.

¿Cómo será el apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR)en El Salvador en materia de la lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que la actual gestión está por finalizar y la siguiente, cuyo funcionario será electo por una nueva Asamblea Legislativa dominada por el Ejecutivo?

El apoyo, por parte de Estados Unidos, a la Fiscalía salvadoreña se da desde hace muchísimos años. No es una novedad que los gobiernos estadounidenses han ayudado a aportar en las capacidades técnicas, de investigación y en otras formas a la Fiscalía salvadoreña. Eso bien puede formar parte de la política, yendo pa’lante.  La pregunta y la incógnita, no es solo en el caso de El Salvador, en el que un solo partido va a estar gobernando el país.

Es imprescindible que los mecanismos, tanto de investigación como judiciales, sean verdaderamente independientes. En los Estados Unidos acabamos de vivir cuatro años de la falta de esa independencia y vimos que era malo para nuestra democracia. El presidente Joe Biden escogió como fiscal general del país a un juez muy respetado, nada partidista, que va a ser un fiscal bien independiente y eso es lo que necesita una democracia vibrante: necesita de un fiscal independiente, de cortes independientes que respeten y refuercen los derechos de todos los ciudadanos ya sean del partido en el poder o de los otros partidos, y de los que sean de ningún partido. Eso sí va a ser un elemento importante en el desarrollo de la relación, alrededor de temas de corrupción: el nivel de independencia de quienes nombre el presidente y el nuevo congreso (Asamblea Legislativa) a la FGR de El Salvador.

En la actualidad, hay mucha expectativa sobre quiénes integrarán la lista Engels. Teniendo en cuenta que diferentes investigaciones periodísticas han señalado indicios de corrupción en este gobierno, ¿tiene conocimiento de nombres de funcionarios de la gestión Bukele que puedan ser incluidos en esta lista?

Francamente, la corrupción en el contexto de la pandemia ha sido y será una preocupación, y lo debe ser para todos. Con respecto a la lista Engels, no conozco los nombres que están en juego, porque es algo que se hace por dentro del gobierno estadounidense. Se que va bastante avanzado y también creo que es importante entender que la lista Engels no es una algo que se hará una sólo una vez, ni es algo que va a existir aisladamente.

Es decir, sí van a salir los primeros nombres en la lista Engels; y luego irán saliendo, desafortunadamente, más porque tendremos más corrupción o se perseguirá más corrupción, pero tampoco va a ser el único instrumento que el gobierno estadounidense va a utilizar para avanzar en la agenda de la buena gobernanza. Como dijimos, los mecanismos de control sobre los recursos de ayuda estadounidense también van a ser un mecanismo de control, si quieres decirlo de esa forma, de la corrupción. Y hay otras formas en que los Estados Unidos puede prevenir los accesos para los corruptos y sus familias a Estados Unidos.

Entonces, en la lista Engels vendrán nombres salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, en un inicio; y vendrán otros nombres después y vendrán más implicaciones para los corruptos. Creo que es un buen paso pa’lante y, en particular, con las preocupaciones sobre la corrupción que hemos visto alrededor de la pandemia de corrupción y de la pandemia de Covid-19.

Usted ha planteado la importancia de que, desde Washington, se dé especial respaldo a los medios de comunicación alternativos, ¿en qué consiste ese respaldo y cuál es su lectura sobre los ataques a medios y periodistas de parte de la administración de Nayib Bukele?

Veo cualquier ataque a la prensa libre, en El Salvador y en cualquier otro sitio, como un signo de debilidad y de preocupación por parte del atacante. En toda la historia lo ha sido y no creo que la modernidad sea otra cosa que eso. Es una falta de respeto fundamental a la democracia.

A lo largo de los últimos cuatro años lo vimos y lo vivimos aquí en Estados Unidos, donde tuvimos un presidente que atacó plena y abiertamente a los medios, él vivió de ello y pensaba que era una buena política. Y quizás no lo fue, porque hoy no es el presidente de Estados Unidos. Entonces, es importante, en cualquier democracia, respetar a los medios. El gobierno del presidente Biden, alguien que le ganó la presidencia al que atacó a los medios estadounidenses, entiende que parte de una democracia que funciona bien y de la buena gobernanza es tener ese vaivén con los medios. Es una parte importante de cualquier cultura democrática.

Y esta administración lo ha demostrado en el contexto centroamericano, desde el primer momento; las primeras entrevistas que dio mi amigo Juan González, que hoy es el asesor principal del presidente Biden sobre asuntos del hemisferio occidental -quien literalmente está sentado en la oficina donde yo me senté hace 12 años en la gestión del presidente Obama-, las dio a medios independientes en El Salvador y Guatemala y no va a ser la única vez. Creo que lo veremos en el contexto de reuniones bilaterales entre ministros y otros funcionarios de alto nivel, cuando existan oportunidades de que la prensa haga sus preguntas, creo que habrá un esfuerzo por parte de los funcionarios estadounidenses de asegurarse que los medios independientes también tengan esa oportunidad. Creo que las embajadas van a trabajar más cercanamente, para asegurar que se están comunicando con estos medios. Es simbólica y prácticamente importante, para apoyar a la democracia y la buena gobernanza, apoyar a los medios y a la libertad de la prensa.

Si se llegara a identificar que un funcionario de la administración Bukele amenaza el ejercicio periodístico, ¿se aplicaría “la política Khashoggi”, que restringe el ingreso a Estados Unidos a extranjeros que amenacen a disidentes y periodistas?

Es un privilegio entrar a los Estados Unidos y tener acceso al sistema financiero de este país y existen muchos mecanismos con los que se puede este privilegio debidamente este privilegio. Ya hay prohibiciones en la ley estadounidense por atacar a los medios de comunicación y para defender a los medios y a los periodistas independientes, que permiten al gobierno estadounidense sancionar. Eso es parte de las herramientas que tiene esta administración y creo que esta administración lo va a utilizar con respecto de todos los países del mundo; esto no es algo simplemente para el Medio Oriente, donde se origina esta ley por la trágica matanza del periodista Jamal Khashoggi. Esto se va a utilizar en todas partes donde la prensa está bajo presión de los gobiernos.

El presidente Biden presentó su propuesta para legalizar a al menos 11 millones de personas indocumentadas. ¿Cuál es la posibilidad real de que se apruebe la propuesta?

Hablando muy francamente, va a ser difícil. Es algo que se ha tardado en hacer; en los Estados Unidos históricamente casi cada 20 años, más o menos, hemos tenido una reforma migratoria bastante grande, empezando en los años 40’s y tocaba hacerse hace casi 20 años, la última fue en los años 80’s. Estamos muy tardados en una reforma migratoria porque no hay un consenso político en este momento en los Estados Unidos.

Hay un consenso público para una reforma migratoria, hay mucho respaldo en la población estadounidense a una reforma integral que abriría las puertas a la ciudadanía a la comunidad indocumentada en el país. Tristemente, el partido Republicano, en este momento, no la apoya y, como bien sabemos, el Congreso estadounidense hoy tiene márgenes muy apretados; en la Cámara de Representantes hay un margen de 11 votos; y en el Senado, un empate a 50. Y para hacer una reforma migratoria, bajo las normas del Senado, se necesitan 60 votos. Entonces, el presidente Joe Biden necesitaría encontrar diez votos republicanos y creo que eso va a ser difícil.

Es posible que se pueda hacer partes de la reforma; es decir, solucionar la situación migratoria de los “Dreamers”; los niños que vinieron indocumentados a Estados Unidos y que hoy gracias al presidente Joe Biden, tienen de nuevo la protección de los Estados Unidos, protección que Donald Trump trató de quitarles. Pero ahora hay posibilidad de encontrar los votos necesarios para regularizar de manera permanente a esta parte de la población.

Quizás también la haya para los trabajadores esenciales indocumentados, que hemos visto el papel tan importante que han tenido para mantener y sostener la economía estadounidense durante la pandemia. Entonces, quizás se puede regularizar a segmentos de la población indocumentada, pero no toda ella, por falta de voluntad y buena voluntad, en particular, de los republicanos.

¿Cómo visualiza, desde este gobierno, el papel de México en la estrategia de la contención migratoria de Estados Unidos para Centroamérica?

México se encuentra en una situación compleja y tiene sus propios intereses en el tema migratorio porque la migración irregular tiene una imagen muy negativa entre los mexicanos. Es decir, México tiene sus preocupaciones políticas en este tema de mantener bajos los flujos centroamericanos hacia los Estados Unidos. El gobierno estadounidense obviamente, quiere, en particular en este momento donde la frontera sur no se ha abierto mantenerse más o menos donde estaba. Entonces, hoy por hoy, flujos grandes de migrantes hacia la frontera sur estadounidense van a crear más problemas para México que para los Estados Unidos. Hay un interés por parte de este gobierno mexicano y del gobierno de Biden por contener esos flujos migratorios y lo ha dicho claramente. El gobierno estadounidense tiene que reconstruir casi de la nada un sistema de asilo y de procesamiento de migrantes, de manera digna, ordenada y humana en la frontera con México, un sistema que gobierno anterior destruyó a propósito porque no quería que ni una persona tuviera la capacidad de pedir asilo aquí. Y eso es mucho más difícil de hacer si tienes flujos migratorios grandes.

A raíz de la vinculación del presidente Juan Orlando Hernández con el cártel de “Los Cachiros” en Honduras, ¿qué acciones se pueden esperar de Washington, frente al proceso electoral que se avecina en ese país?

El caso de Juan Orlando Hernández es un caso complejo por razones de las normas estadounidenses. Tenemos a su hermano condenado como narcotraficante por una corte federal en los Estados Unidos, en un proceso donde se le nombra al mismo presidente Hernández como conspirador. Si él no fuera presidente de Honduras hoy, también sería enjuiciado en los Estados Unidos, no tengo duda de ello. Pero hay una doctrina en los Estados Unidos que previene empezar un proceso judicial a alguien cuando es un presidente de un país soberano.

Entonces, mientras él sea presidente de Honduras, las normas y las tradiciones legales estadounidenses a cierto nivel, porque hay excepciones, le protege. Eso no es decir que no le puedes imponer sanciones, por ejemplo, al presidente colombiano (Ernesto) Samper que también estaba muy vinculado con los cárteles colombianos del narcotráfico, en los años 90’s, le quitaron la visa para viajar a los Estados Unidos. Eso se le podría pasar al presidente Juan Orlando Hernández hoy. No hay nada que previene de hacer eso, mientras es presidente de Honduras.