Rodrigo Ávila: “Rendirle cuentas a la población no debe ser un problema nunca”
El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, afirmó en FOCOS que transparentar el uso de recursos públicos durante la emergencia por covid-19 es un derecho vigente y no riñe con la necesidad de atender la crisis de salud que ha generado el coronavirus en todo el mundo.
Ávila se refirió a la suspensión temporal de la Ley de de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap), que habilita al Gobierno a realizar compras directas de insumos médicos sin pasar por sus filtros, por la “urgencia” para hacerle frente a la pandemia de covid-19.
El diputado afirmó que hay dos formas de ser transparentes y rendir cuentas durante una crisis de esta naturaleza: una es la que se da al final y la otra es la continuidad en directo de la información más general, pero quizá más importante. «¿Cuál es el problema en decir lo que se compra?», dijo.
El Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, se quejó la semana pasada porque exigir transparencia inmediata en las contrataciones directas obstaculiza las decisiones urgentes que el Gobierno debe tomar sobre la emergencia.
Las declaraciones de Castro se dieron en el marco de la discusión por la aprobación de $2,000 millones en deuda para que el Gobierno enfrente la propagación del coronavirus en el país. El jueves, la Asamblea Legislativa decidió autorizar al Ejecutivo la búsqueda de estos fondos y todas estas operaciones pasarán por la revisión de un comité de mayoría gubernamental, pero con participación de centros de pensamiento y universidades.
«El rendirle cuenta a la población, primero que de qué se compró, segundo cuánto costó y tercero a quién se le compró; no debe de ser un problema nunca y sobre todo cuando se ha dado una carta abierta tan grande», dijo Ávila, refiriéndose a la aprobación de la deuda.
La Asamblea aprobó una rendición de cuentas cada 30 días días sobre las compras directas que realice el Gobierno sin los filtros de la Lacap.
«Le hemos dado al Gobierno la facilidad de poder comprar a quien ellos quieran, en virtud de la emergencia, y lo menos que podría pasar es que 30 días después (….) rindan cuentas», añadió el parlamentario.
