Saca, el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción, sale en libertad
29 de octubre de 2026
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Saca, el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción, sale en libertad
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca fue condenado en 2018 por desviar $301 millones de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009). También recibió una condena civil de $260.7 millones, pero aún no se conoce cuánto ha devuelto al Estado.
Elías Antonio Saca, el primer expresidente de El Salvador condenado por corrupción, salió en libertad después de cumplir una condena de 10 años por desviar $301 millones de fondos públicos durante su gobierno.
Saca salió del Centro Penal “La Esperanza” este miércoles 28 de octubre, solo un día después de recibir una orden de libertad del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. La tarde de este 29 de octubre, llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez junto a su abogado defensor.
“Ahorita venimos al tribunal a informar formalmente de la libertad. Así fue solicitado ayer mismo que salimos del centro penal correspondiente”, aseguró Mario Machado, abogado de Saca, en declaraciones a la prensa.
La llegada del expresidente llamó la atención de usuarios y empleados en las instalaciones judiciales. Algunos grabaron con su teléfono; otros lo saludaban, gritándole “presidente”.
“Dándole gracias a Dios de que ya estamos en libertad”, se limitó a decir ante los periodistas que lo esperaban. “Ya estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, dijo.
Saca también llegó acompañado de Élmer Charlaix, quien fue su secretario privado durante la presidencia y también recuperó su libertad tras cumplir una condena de 10 años de prisión.
Machado aseguró que “ninguno de sus dos representados recibió beneficios carcelarios” y que ambos cumplieron íntegramente las penas impuestas por los tribunales.
En un comunicado difundido tras la orden de libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el proceso judicial contra Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Meléndez.
La FGR también señaló a la administración de Meléndez por un supuesto plan para que Saca recuperara su libertad antes de cumplir la totalidad de la condena. No explicaron cuáles eran los mecanismos legales contemplados para liberar anticipadamente al expresidente.
La institución aseguró también que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades vinculadas al caso continuarán bajo custodia del Estado.
La influencia del entorno político y familiar de Saca también ha dejado rastros en la administración de Nayib Bukele. Herbert Saca Vides, primo del expresidente y operador político vinculado a la creación de GANA, mantuvo relaciones con figuras que posteriormente ocuparon cargos en el Gobierno de Bukele.
En junio de 2019, entre los primeros nombramientos anunciados por Bukele estuvieron Ernesto Sanabria, quien había trabajado como asesor de comunicaciones de Herbert Saca; Nelson Guardado, exdiputado de GANA; y Gustavo Villatoro, quien había dirigido Aduanas durante el gobierno de Antonio Saca. Villatoro es desde marzo de 2021 el ministro de Seguridad de Bukele.
En 2022, una investigación de Revista Factum documentó, con base en registros policiales, que Herbert Saca contó con protección de agentes de la Policía Nacional Civil durante dos años, entre 2020 y 2021, por orden de la Presidencia de Bukele.
La confesión de Saca
En septiembre de 2018, Saca se sometió a un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Durante el proceso admitió que su gobierno diseñó un mecanismo para apropiarse de $301 millones provenientes de los gastos reservados de Casa Presidencial, durante el período 2004-2009.
Según la investigación fiscal, los fondos fueron trasladados desde cuentas institucionales hacia cuentas particulares mediante operaciones destinadas a ocultar su origen. Parte del dinero fue invertido en empresas, utilizado para adquirir propiedades y movilizado a nombre de terceras personas.
Además de la pena de prisión, el tribunal condenó al pago de $260.7 millones en concepto de responsabilidad civil por el daño causado al Estado.
A la condena por el desvío de fondos públicos se suma otra sentencia civil por enriquecimiento ilícito. En enero de 2021, el expresidente Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, fueron condenados a devolver más de $4.4 millones al Estado por no justificar parte del incremento de su patrimonio durante el período presidencial 2004-2009.
De acuerdo con información divulgada por la FGR en abril de 2026, Saca debía reintegrar $3.8 millones, mientras que a su esposa le correspondía devolver $589,608.42. Sin embargo, hasta esa fecha, el exmandatario únicamente había abonado $5,845.75 de su obligación.
Ante el bajo monto recuperado, la Fiscalía promovió una audiencia de liquidación de bienes contra ambos exfuncionarios. La diligencia fue instalada el 14 de abril de 2026 por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, con el propósito de determinar cuánto dinero continúa pendiente y establecer si los bienes sujetos a medidas cautelares pueden cubrir las cantidades adeudadas.
La excarcelación de Saca pone fin a su condena de prisión, pero no a sus obligaciones económicas con el Estado. Mientras la Fiscalía asegura que los bienes vinculados con el caso continuarán bajo custodia estatal, los registros divulgados hasta abril de 2026 muestran que el expresidente había devuelto menos de $6,000 de los $3.8 millones que debía pagar por enriquecimiento ilícito.
A casi una década de su confesión por el desvío de fondos públicos, sigue pendiente conocer cuánto dinero ha recuperado efectivamente el Estado salvadoreño y cuál es el monto actualizado de las obligaciones civiles del expresidente y los demás condenados.
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