“Sigue sin resolverse la representación real de las mujeres en política”

Nayda Medrano, especialista en gobernabilidad democrática, gobernanza y políticas públicas, invita a ver la participación de las mujeres en política más allá de números amarrados a leyes que dan porcentajes de participación. El reto está en asegurar espacios políticos reales para las mujeres de todo es espectro social en puestos de toma de decisiones y, más allá, lograr que la interacción entre los tres Órganos del Estado asegure el enfoque de derechos en todos los ámbitos de su quehacer.

¿Hay representatividad real de las mujeres en este proceso electoral?

De acuerdo con varios autores y autoras de ciencias políticas, existen dos tipos de representación: la simbólica, que tiene que ver con la cantidad, la diversidad en la que la sociedad está conformada. Por ejemplo, si la mitad o más de la mitad de la población en El Salvador somos mujeres, la representación debería verse en relación con la cantidad de mujeres que participan en política. En los diferentes lugares en donde se toman decisiones, más de la mitad de las mujeres deberían participar.

La otra representación es sustantiva; es decir, no sólo voy a votar por una mujer porque es mujer; sino porque, además, representa mis intereses. Puede ser que una trabajadora de maquila encuentre representación sustantiva en una mujer que también sea trabajadora de maquila y que legisle, porque participe o conozca o reconozca sus problemáticas, porque las vive en carne propia.

En aquellos lugares donde se toman decisiones, ni siquiera se ve representada más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Si tuviéramos representación simbólica, significaría que, en la Asamblea Legislativa, por lo menos, 43 curules estuvieran conformados por mujeres.

Si nos vamos a la sustantiva, todavía es mucho más excluyente; no sólo es que las mujeres no lleguen a puestos específicos de participación en política; sino que la mujeres que participan en política, además, muchas veces no son representativas de los intereses o de los sectores mayoritarios o específicos con los que cuenta la población; por ejemplo, no hay mujeres indígenas legislando por derechos civiles; no hay mujeres trabajadoras del sector textil, legislando para este tema; allí es también donde algunos privilegios, de alguna forma, juegan una dinámica no muy transparente alrededor del ejercicio de representantes y representados.

En ese sentido, ¿qué se visualiza más en este proceso electoral, en materia de representación?

En primer lugar, de alguna forma hay que visibilizar que la representación simbólica está, de alguna forma, sucediendo; pero todavía hay que hilar más fino. Hay más mujeres están participando y buscando un escaño en la Asamblea Legislativa, o están participando en elecciones municipales; sin embargo, muchas de ellas todavía están participando desde un rol un pasivo o secundario, como las candidaturas suplentes.

Si nos vamos a representación sustantiva, todavía debemos mucho a esa representatividad popular, si se quiere, del país. No tenemos esta representación más simbólica y específica. Si bien es cierto que no hay que dejar pasar que más mujeres están participando de manera simbólica, o mayor número de mujeres siendo parte de la política, esto tampoco significa que hay más mujeres con poder, que es otra asignación categórica. El poder, al fin y al cabo, es la capacidad de influir o incidir en estos espacios donde se toman decisiones y el poder no sucede por la participación per se, sino que también debe existir todo un ejercicio de reconocimiento del poder, de respaldo a ese poder y de investiduras que permitan colocar e incidir fuertemente en las decisiones que se toman desde ese espacio.

“De alguna forma, hay que interrelacionar las representaciones simbólicas y sustantivas porque es claro que puede que haya más mujeres en la Asamblea. Pero también lo es que estas mujeres no representen los intereses de determinados sectores de la sociedad.”
Nayda Medrano, especialista en gobernabilidad democrática, gobernanza y políticas públicas.

¿Qué reformas tendrían que realizarse para garantizar que esto cambie y que las mujeres sean  más activas en la toma de decisiones o en los lugares de poder?

Uno de los grandes inicios que se han tenido en muchos de los procesos es la asignación paritaria de participación: misma cantidad de hombres, misma cantidad de mujeres. Aun así, no es un escenario totalmente simbólico, considerando que las mujeres somos más de la mitad de la población.

En muchos países ha habido avances sustanciales en cuanto a la asignación numérica de participantes, desde una perspectiva paritaria. En algunas legislaciones está consignado como tal; es decir, serán consideradas tantas mujeres, en paridad con hombres. Sin embargo, volvemos a este tema de la representación real o sustantiva, de que eso no se garantiza alrededor de la paridad, sino que alrededor del ejercicio de participación y de poder suficiente que permita a las mujeres ser representadas en sus diferentes intereses en ejercicios de decisión.

En el caso de la Asamblea Legislativa, donde incluso está el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), ¿por qué considera que la agenda desde este órgano no resuelve las agendas de estos otros sectores y de la diversidad de mujeres en el país?

Por dos razones: uno, porque no hacen la totalidad de votos para los intereses en esa materia, la cantidad de mujeres no es suficiente como para dar determinantemente todos los votos en función de esa agenda, exclusivamente del GPM. No vamos a sesgar el análisis hacia solo lo negativo; sólo la existencia de un GPM, independientemente de que no sea concordante con la mitad o un poco más de la mitad de los escaños que corresponderían en materia simbólica, ya nos da, de alguna forma, algunos elementos que pueden contribuir al ejercicio de representación de las mujeres como tal.

Sin embargo, sigue sin resolverse la temática de la representación real. Es decir, cómo yo, trabajadora textil o informal del mercado, veo representados mis intereses en una agenda de mujeres, en donde también hay varios intereses: privados, partidarios y sistémicos; Estos últimos van permeando y, mientras más se van sumando las interseccionalidades, es más difícil el ejercicio de legislar en reconocimiento de los derechos universales. Es mucho más complicado.

Los grupos vulnerables o en contexto de vulnerabilidad requieren, también, una figura simbólica, pero también sustantiva para poder hacer avances en número y en sustancia.

¿Qué actores deberían involucrarse para que estas agendas sí se tomen en cuenta en los espacios de toma de decisiones?

Aquí es donde viene todo el ejercicio de acumulación de poder o de ejercicios organizativos que puedan permitir o no la colocación de agendas. El movimiento feminista ha sido determinante en El Salvador. El movimiento feminista y el movimiento de organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres son quienes han logrado, en un ejercicio franco de poder, de negociación, de diálogo, de presencia y de presión, colocar en las agendas legislativas determinadas temáticas, que no ha dado el ejercicio de poder para poder transformar o lograr transformar determinados escenarios que todavía son lesivos a los derechos de las mujeres.

El movimiento es clave, pero este movimiento también debe acuerparse de un mecanismo educativo y transformativo que permita elevar la vara de incidencia. No basta con que tengamos una ley especial contra la violencia a las mujeres; sino, que este marco regulatorio, que es una bandera muy importante alcanzada a través de los mecanismos de presión y de incidencia del movimiento de mujeres, necesita también acuerparse de educación, transformación cultural, de mecanismos de diálogo que permitan hacer posible la letra legislativa.

Por eso los aparatos de poder no deben verse como algo que asuste; si se quiere lograr realmente algo, debe contarse con poder y a las mujeres no nos debe dar miedo eso. Es decir, debemos saber que cualquier tipo de derecho es conseguido a través de ejercicios de poder. En la medida en que comprendamos bien esto, es de saber adónde aplicar el ejercicio de poder y hacia dónde; porque no sólo por el hecho de ser mujer, LGTBIQ o afrodescendiente voy a representar los intereses diversos en estos nichos. Porque aún en estos nichos hay intereses diversos.

¿Cuál es su análisis o evaluación sobre estos sectores de la sociedad civil ante las exigencias o la contraloría pública sobre las agendas de mujeres?

Aquí el gran problema que hemos tenido es que recién estamos hablando de un tránsito de democratización en El Salvador en los últimos 30 años de su historia, un período en el que  tampoco ha sido el ejercicio del Legislativo, ni del otros Órganos el revisar y generar mecanismos de política pública que permita, realmente, reconocer el ciclo de las políticas públicas; el mecanismo para lograr políticas públicas menos sesgadas y con enfoque de derechos y géneros que permita avanzar en determinados hitos que son los que necesitan las radiografías que tenemos en la sociedad.

Las normas son un paso importante, pero no es todo. Si yo cuento con un marco legislativo pero no genero el mecanismo de evaluación de este o si no cuento con un ejercicio paralelo de políticas ejecutivas y judiciales que permitan complementar este marco regulatorio.

Lo que necesitamos es desarrollar un poco más el ejercicio de reconocimiento de la gestión pública y del mecanismo del ciclo de las políticas públicas que nos permitan, de manera virtuosa, colocar temáticas que ir midiendo en avance o retroceso; por eso es que la data, el hallazgo, es fundamental en cualquier investigación. El dato me va a dar el elemento del porqué funciona o no. Seguramente habrá que ajustar legislación y meter algunos mecanismos de monitoreo y ajustar el currículo educativo y, seguramente, será necesario trabajar mucho más el tema de publicidad, pero eso sólo lo vamos a saber en la medida en que comprendamos y agotemos el ciclo de las políticas públicas.

En materia de legislación, ¿cuál considera que tendría que ser la prioridad o lo más urgente?

Ese es el problema, como dice Mafalda: Lo urgente no da tiempo para lo importante. Creo que no tiene que ver con urgencias como tal, el sistema nos plantea una urgencia sistémica que son las grandes brechas de desigualdad profunda, que sólo es posible transformarlas en la medida en que hay todo este diálogo con enfoque de derechos claro y reivindicación del ejercicio de derechos entre los tres Órganos del Estado, desde una práctica equitativa e igualitaria; eso es lo que no pasa, lo que no tenemos.

Quiérase o no, las leyes tienen todavía un sesgo de interés; por ejemplo, la Ley de Agua; la Ley de Agricultura Familiar y la misma Ley de Constitución de Cooperativas habría que revisar cómo está el enfoque de género y de derechos. Todas traen el vicio porque son instrumentos que fueron, digamos, el andamio para una sociedad en particular. Lo más urgente es comprender eso. Lo más importante es ir transformando, en la medida que comprendamos el andamiaje y la lógica sobre la cuáles se toman estas decisiones.

¿Cuál es su análisis o su balance sobre las políticas públicas o su falta de concretización en materia de mujeres? El problema es que no tenemos un parámetro para saber si fueron concretas o no. Cuando no agotamos el ciclo de las políticas públicas, no tenemos evidencia sobre la cual nosotros sostener qué es lo que ha funcionado y qué no. Lo único que tenemos como parámetro, de si funciona o no, es el dato numérico. Pero el dato numérico necesita también, de alguna forma, contrastarse con el dato cualitativo.

Por poner un ejemplo, a mí no me basta saber que hay menos homicidios o menos feminicidios, tengo que cruzar las variables para saber si el foco de violencia ha mutado, se ha transformado o modificado. Todo eso cuenta, si nosotros no generamos un ejercicio evaluativo suficiente, como para transformar la decisión en función de todos los factores contextuales que no están permitiendo un buen desenlace de esa política pública; entonces, lo que hacemos es escribir poesía, buenos enunciados que nunca son evaluados y que nunca son cuestionados. Y la base fundamental de la política pública es cuestionarla de manera permanente, a efecto de que logre su propósito; es decir, políticas públicas basadas en resultados.