Sin nuevas ideas: Bukele aplica la misma receta contra las pandillas

Por Verónica Reyna

Luego de una nueva ola de homicidios en El Salvador que, hasta el momento, ha provocado la muerte de al menos 80 personas y dolor a decenas de familias, el Gobierno ha recurrido a las típicas estrategias manoduristas de las administraciones pasadas: detenciones masivas, estigmatización de comunidades, medidas represivas en centros penitenciarios y a la promoción de la sospecha en el marco de un discurso de odio.

A esta respuesta gubernamental se han sumado la Asamblea Legislativa, en especial la bancada del partido del presidente, y el Fiscal General de la República, impuesto por la misma Asamblea, quien se ha sumado a la “cacería de pandilleros” en una lógica de guerra que el mismo Estado construye desde sus poderosas redes sociales.

La Asamblea Legislativa, por su parte, aprobó de manera exprés y sin mayor justificación técnica un Régimen de Excepción que ha permitido la suspensión temporal de derechos fundamentales a toda la población, incumpliendo estándares internacionales y aplicando acciones a discreción y fuera del marco de lo aprobado.

Un gobierno que cuenta con un amplio respaldo popular y que, además, tiene una Asamblea dispuesta a aprobar sin discusión toda solicitud del Ejecutivo, así como un Fiscal alineado a sus intereses y demandas, pareciera ser un gobierno con las suficientes capacidades para hacerle frente a un problema que hace cuatro días decía tener controlado. Sin embargo, en un fin de semana, sin precedentes, las pandillas volvieron a recordar su permanente control del territorio y su capacidad de subir los homicidios como estrategia para negociar y mostrar su poder desde la violencia.

Las comunidades salvadoreñas se encuentran desde hace décadas dominadas por las pandillas, estructuras criminales que han generado un gran dolor al país y que con los años lograron desarrollar una enorme capacidad organizativa. Son estas estructuras las que fueron evolucionando hasta convertirse en actores que ahora negocian el descenso o el incremento de muertes en el país con el poder político de turno.

El gobierno de Nayib Bukele no se ha visto ajeno a este tipo de negociaciones, el periodismo nacional y una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han señalado posibles negociaciones del Director General de Centros Penales y el Director de Reconstrucción de Tejido Social con las principales cabecillas de las pandillas, siendo esta la causa probable del descenso sostenido de los homicidios en los últimos dos años. La violencia homicida de estos días pudiera ser la consecuencia de un supuesto rompimiento de acuerdos entre el gobierno y las pandillas, lo cual ha llevado al país a una situación de miedo, zozobra y desprotección generalizada en solo un par de días.

Esta respuesta represiva del Estado, enmarcado en su discurso de guerra, es la forma más populista y menos eficaz de atender un problema tan complejo como el de las pandillas. Principalmente porque las medidas represivas tienden a no basarse en investigaciones sólidas, sino en acciones reactivas, estigmatizantes y discriminadoras, donde es la población que ya sufre la violencia de estas estructuras la que también se ve amenazada por la violencia del Estado. 

En un país como el nuestro no vale decir el que “nada debe, nada teme”, sabiendo el pasado reciente de la Policía Nacional Civil, que se ha visto involucrada en diversos casos de ejecuciones extrajudiciales hace solo unos años y que ha mantenido el primer lugar como institución más denunciada por presuntas violaciones a derechos humanos. La población que sufre la violencia de las pandillas no debería de lidiar también con los abusos de las fuerzas de seguridad, sin embargo, es a quienes más les ha tocado vivir la discriminación y el estigma, los malos tratos, las revisiones indebidas y las detenciones arbitrarias. Quien no sepa de esa realidad simplemente no la ha vivido o no la quiere ver.

El gobierno de Bukele, al no poder hacer frente al incremento de homicidios, vuelve a echar mano de un discurso gastado por los gobiernos de Arena y el FMLN, ahora desde la superficialidad de las redes sociales y el marketing político. Hasta que no logremos plena claridad de que esta respuesta no muestra la fuerza, sino la debilidad de un Estado ausente e incapaz de responder a la población, seguiremos sufriendo las consecuencias de la violencia y de gobiernos populistas y represivos con respuestas fáciles ante fenómenos complejos y profundos.


Verónica Reyna. Psicóloga, con doce años de experiencia en temas vinculados a la prevención de la violencia, seguridad ciudadana, pandillas, derechos humanos y participación juvenil. Especialista en la defensa de derechos humanos de poblaciones afectadas por la violencia, particularmente niñez, adolescencia y juventud, así como personas privadas de libertad. Elaboración de informes e investigaciones sobre violencia y criminalidad, políticas de seguridad y derechos humanos en El Salvador. Actualmente, directora del Programa de Derechos Humanos, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

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