Sistema de pensiones, un reflejo de la desigualdad en El Salvador

El empleo informal se cita como el responsable de la baja cobertura del sistema de pensiones salvadoreño.

Menos del 25 % de las personas ocupadas ahorran en una AFP, pero estudios recientes revelan que ni ellos tienen garantizada una pensión cuando lleguen a la vejez.

El sistema de pensiones es un reflejo de la desigualdad que impera en El Salvador. Variables sociales y económicas influyen para que una persona tenga o no acceso a él.

Así lo revelan estudios realizados por investigadores de la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, entidad que desde hace 27 años analiza las diferentes aristas del sistema previsional salvadoreño.

Datos oficiales indican que menos del 25 % de las personas con empleo ahorran en las AFP, debido a un mercado laboral que es mayoritariamente informal y precario. 

Si bien es importante apostar por la transformación de la economía para que la población transite hacia trabajos formales y dignos, el sistema previsional debe salir al encuentro de las cambiantes dinámicas laborales, indica Fundaungo.

¿Pero qué influye para que una persona reciba una pensión al final de su vida laboral? Estudios realizados en los últimos años demuestran que esto tiene nexos profundos con la desigualdad económica y social.

La tesis de maestría del investigador de Fundaungo, Carlos Argueta, elaborada junto con Joel de Paz Flores, explora estas razones y comprueba la existencia de la llamada “paradoja de la protección”: el sistema previsional salvadoreño beneficia más a quienes tienen más recursos.

Las mujeres, los jóvenes y adultos mayores, los residentes en áreas rurales – en particular en el oriente y occidente del país-, así como la población con bajo nivel educativo e ingresos están entre las personas con menos acceso al sistema de pensiones. 

También aquellos que no tienen acceso a educación no formal, los que trabajan en micro o pequeñas empresas y los trabajadores agrícolas.

No obstante, ahorrar en una AFP no es garantía de que una persona recibirá una pensión al final de su vida laboral, concluyó un estudio de Fundaungo, publicado en 2015.

Para recibir una pensión por vejez se debe cumplir la edad de jubilación, que actualmente es 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. 

También se deben acumular 25 años de cotizaciones, continuos o discontinuos. 

Si no se cumple el requisito de las cotizaciones, la AFP ofrece otorgar beneficios económicos o devolver los ahorros. Datos oficiales indican que el 60 % prefiere la devolución.

El estudio de Fundaungo calcula que solo el 40.7 %  cotiza al ritmo necesario para recibir una pensión. El resto no logra mantenerse dentro del sistema a lo largo de su vida laboral por diversas razones, ya sea porque pasan a un trabajo informal o quedan desempleados.

La investigación estimó que los salvadoreños logran acumular, en promedio, un tercio del tiempo que exige la ley, por lo que necesitan trabajar 75 años para cumplir con los 25 años de cotizaciones.

La tesis de Argueta también explora qué hay detrás de ese bajo ritmo de cotización. 

La investigación calcula que las personas de mayores ingresos tienen 2.3 veces mayor probabilidad de tener cobertura de pensiones que las de menores ingresos.

Además, estima que un año de escolaridad aumenta en 9.3 % la probabilidad de tener acceso a una pensión, mientras que haber realizado al menos una capacitación laboral la eleva en 48 %.

Los resultados también indican que haber cotizado al sistema de pensiones desde el primer empleo aumenta en 8.4 veces la posibilidad de lograr una pensión.

En la próxima edición de Prisma exploraremos qué influye en el bajo monto de las pensiones y cuál es el vínculo del sistema con las finanzas públicas salvadoreñas.



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