Los Hernández: el clan de Huehuetenango que desafía al gobierno de Arévalo

Por Jovanna García

A la diputada Sofía Hernández ya no es usual verla caminar sobre la octava avenida de la zona 1, en el Centro Histórico. Aunque las calles aledañas al Congreso de Guatemala ya no están cerradas con vallas ni resguardadas por agentes policiales, como lo estuvieron debido a las protestas y plantones de finales de 2023, la diputada “tiene miedo”, asegura un asesor de Vamos, su partido, que habla con la condición de anonimato. Y no es para menos. El 15 de noviembre pasado, cuando Hernández salió del Congreso en busca de su vehículo, una turba se abalanzó sobre ella luego de que, junto a una mayoría de diputados de la legislatura saliente, eligieron a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las 46 Salas de Apelaciones del país. “¡Corrupta! ¡Ahí van las ratas!”, le gritaban a Hernández, que intentaba protegerse la cabeza mientras le lanzaban garrotazos, piedras y botellas.

En Guatemala, desde hace más de una década, la protesta contra un sistema político y de justicia ‘secuestrado y cooptado’ por grupos de poder señalados por graves actos de corrupción ha sido una constante. Aquella votación, de hecho, fue vista como un nuevo capítulo en el blindaje al que se aferran los grupos que fueron investigados por la expulsada Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). También fue vista como una maniobra  frente al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones con un discurso de confrontación contra ese status quo que cuenta, en el Congreso, con voceros como la diputada Hernández.

Esta dos veces primera vicepresidenta del legislativo ha hecho crecer su carrera en los últimos 12 años bajo la sombra de denuncias de irregularidades y presuntos vínculos con el narcotráfico. Las confesiones en Guatemala y Estados Unidos de su hermano (asesinado en 2022) y de un sobrino -en las que aceptan sus vinculaciones a “Los Huistas”, una organización del narcotráfico que opera en el occidente del país- la ponen en la mira. Sin embargo, el Ministerio Público nunca la ha señalado con ningún hecho de narcotráfico, pero sì está incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado “por socavar instituciones democráticas” al utilizar su posición “para intimidar a oponentes políticos”, solicitar sobornos y amenazar con los propósitos legítimos del Congreso para beneficio personal.

Pero nada de esto ha detenido su ascenso político, del que también se sigue beneficiando su núcleo familiar, aún en el gobierno de Arévalo.

En las elecciones generales celebradas a mediados de 2023, la diputada Hernández logró que su partido, Vamos, el partido del expresidente Alejandro Giammattei, también sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción, colara a una de sus hijas como candidata al Parlamento Centroamericano y a otro de sus hijos como candidato al Congreso. Huehuetenango reportó más de 670 mil personas empadronadas para votar y los Hernández ganaron con una mayoría en el departamento en el listado distrital, siendo el primer puesto con 80,568 votos. Con una diferencia de casi 30,000 del segundo, que fue el partido UNE. El pasado 15 de enero, Hernández se juramentó en su nuevo periodo como diputada como también lo hizo su hijo, Erick Martínez. 

Sofía, Filomeno y Erick Hernández en un mitin en Huehuetenango. Foto: Partido Vamos Huehuetenango.

Huehuetenango es el tercer distrito electoral más grande en Guatemala. Desde hace décadas, además, es un enclave para la migración irregular y el crimen organizado por su colindancia fronteriza con México. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por cada 100 mil habitantes en un distrito, se permite un diputado. Este departamento tiene la posibilidad de colocar 10 diputados y en 2023, de los que cuatro llegaron por el partido Vamos, coincidentemente, los otros dos también son padre e hijo: Joél Rubén Martínez Herrera quien ha sido diputado por cinco legislaturas consecutivas (20 años) y su hijo, Christian Joél Martínez Juárez, quien ejerce su primer período. En la Centroamérica actual, una madre y un hijo, un padre y un hijo, son compañeros de bancada en el Congreso guatemalteco.

Sofía Hernández y su hijo Erick Martínez se sientan lado a lado en el hemiciclo parlamentario, pero tienden a guardar las apariencias.  Regularmente es Erick quien ingresa temprano y, cuando su madre llega al pleno, intercambian alguna que otra mirada o documentos, pero conversan poco.  En el Congreso en el que los diputados del partido Semilla buscan marcar una diferencia (son la tercera fuerza en medio de un congreso dominado por los partidos tradicionales), hay 12 diputados que comparten apellidos y sangre, siendo hijos, hermanos, padres o madres de sus colegas de facción.

De entre estos seis clanes, en el que también figuran las hijas de Sandra Torres, la ex primera dama de Guatemala que perdió con el partido UNE el balotaje frente a Arévalo, destaca el clan de los Hernández, con Sofía, la madre, a la cabeza.

La diputada de Santa Ana Huista

Sofía Jeanetth Hernández Herrera es originaria de Santa Ana Huista y tiene 57 años, 13 de los cuales los dedicó al Ministerio Público (MP) como encargada de la Oficina de Atención a la Víctimas. Según su curriculum, es licenciada en psicología con enfoque social de la Universidad de San Carlos (USAC) y también tiene un postgrado en victimología de la Universidad de la Florida.

Llegó al Congreso en 2012 con el respaldo del Partido Patriota (PP), un partido de ideología liberal y democrática. Esta organización posicionó al militar en retiro Otto Pérez Molina en la presidencia y a Roxanna Baldetti en la vicepresidencia. En su primera participación en las Elecciones Generales de 2011, el PP obtuvo 79,877 en Huehuetenango y obtuvo cuatro diputados. Hernández Herrera ocupaba la tercera casilla. Como integrante de este Congreso, está vinculada a una votación mayoritaria, a cambio de sobornos, a favor de la constructora brasileña Odebrecht. Según el testimonio del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, revelado por Redacción Regional y No-Ficción, el PP fue protagonista en una de las mayores tramas de corrupción de Guatemala y Latinoamérica.

 Hernández en un mitin de campaña del Partido Patriota en 2011 en La Democracia, Huehuetenango. Foto: Facebook Sofía Hernández

En 2015, Pérez Molina depuso su cargo y ahora está condenado por corrupción, al igual que quien fuera su vicepresidenta, aunque Baldetti también tiene desde 2017 una solicitud de extradición pendiente por narcotráfico a solicitud de Estados Unidos. Acabado el PP, Hernández encontró hueco en otros dos partidos. Su primera reelección en 2015 fue con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), un partido de centro-izquierda que respaldaba la candidatura presidencial de Manuel Antonio Baldizón, condenado por Estados Unidos en 2019 cuando se declaró culpable acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En las Elecciones Generales de 2019, Hernández Herrera ganó otra diputación con Unión del Cambio Nacional (UCN), que respaldaba en ese momento a Mario Amílcar Estrada Orellana para la presidencia. De nuevo, las acusaciones por narcotráfico a su alrededor aparecieron, pues Estrada fue condenado en 2020 por conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Durante la campaña presidencial de Estrada, en 2019, se reveló que intentó solicitar financiamiento de carteles internacionales de la droga. La embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que Estrada y un acompañante prometieron apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de financiamiento para su campaña y favores si llegaba a la presidencia. Wikileaks catalogó a UCN como un partido “narco” en un cable de la Embajada de Estados Unidos filtrado a Plaza Pública. 

Aunque Hernández es diputada desde 2012, y ha construido su poder político cambiando de banderas, su poder local se reforzó en el último gobierno, gracias a una alianza con el expresidente Alejandro Giammattei. En las últimas elecciones, el caudal de la diputada ha podido sortear incluso el rechazo popular en su terruño, en el que incluso ha  sido declarada non grata por la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango.

Toma de posesión de Alejandro Giammattei, como presidente de la República el 14 de enero de 2020. A la derecha figura Hernández al lado del exvicepresidente Guillermo Castillo, en medio Giammattei y a su izquierda, el diputado Allan Rodríguez. Foto: Gobierno de Guatemala

Durante el mandato de Giammattei, la legisladora emergió como una figura crucial en la toma de decisiones en el Congreso y fue nombrada como la primera Vicepresidenta, mientras que el diputado Allan Rodríguez de Sololá ocupaba la presidencia. 

El expresidente Giammattei incluso otorgó a Hernández un privilegio inusual: la oportunidad de participar en actividades del Ejecutivo siendo congresista. Desde inauguraciones de obras hasta reuniones con alcaldes y fiscalizaciones; su presencia era equiparable a la mano derecha del presidente en Huehuetenango, porque, en realidad, lo era.

Según un reportaje de Plaza Pública, Hernández se había procurado contactos en ministerios y dependencias clave del Estado para poder controlar la agenda de proyectos en el departamento. Siendo congresista y vicepresidenta, en la legislatura anterior ocupó las comisiones de Desarrollo Social y Turismo. Asimismo, las comisiones de Seguridad Alimentaria, Reformas al Sector Justicia, Comunicaciones y Economía, estas dos últimas junto con su hija Karla Martínez, y de Educación y Agricultura, junto con su hijo Erick Martínez.

“Los Hernández están en todo el Estado”

En las Elecciones Generales 2023 cinco Hernández ganaron un puesto de elección popular. Junto a la diputada y su hijo doctor, la médica estética Karla Andrea Martínez Hernández ganó una curul en el Parlamento Centroamericano, ese congreso regional no vinculante en el que se reciclan funcionarios guatemaltecos y centroamericanos que gozan de inmunidad y privilegios. 

Fuentes cercanas a la familia cuentan que la diputada Hernández pidió al partido un cambio para su hija: pasar del Congreso, un lugar tenso y expuesto al ojo público, a otro espacio donde pudiera tener una vida “tranquila” para dedicarse a su familia. Hasta 2023, madre e hija habían sido colegas en dos legislaturas. 

La diputada Karla Andrea Martínez está casada con el recién destituido embajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime José Regalado Oliva. Exdiputado, Regalado Oliva aparece mencionado en un informe de InSight Crime que perfila la relación entre el Cartel del Golfo y Los Regalado, una familia de terratenientes en Petén. El nombre del exembajador también figuró en 2018 cuando las autoridades capturaron, en una propiedad vinculada a su nombre, al colombiano William Darío Molina Ruiz, investigado por lavar Q53 millones ($6.8 millones). En 2019, Molina Ruiz fue liberado bajo fianza pero en 2021 fue ligado a proceso. 

Juntos, Jaime y Karla tienen una hija pequeña de dos años a quien llamaron Sofía, como su abuela, y esperan el nacimiento de su segundo hijo, Jaime.

El cuarto de los Hernández en obtener un puesto de elección popular es el alcalde de Santa Ana Huista (Huehuetenango), Filomeno Hernández Herrera. Él es el otro hermano de la diputada y gemelo de Henry Hernández, acusado por narcotráfico y asesinado en 2022. Filomeno Hernández es uno de los 132 alcaldes (de un total de 340) que Vamos logró en todo el territorio nacional, el partido con más comunas en todo el país. Hernández Herrera  ya había sido alcalde de la localidad en el período 2016 – 2019 con el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el mismo que llevó a su hermana al Congreso en ese período.

El quinto miembro del clan con cargo público es su sobrino Jorge Juan Gualberto de León Herrera, quien fuera el gobernador departamental de Huehuetenango en 2020, gracias a una negociación con el entonces presidente Giammattei. En los últimos comicios, De León Herrera alcanzó el puesto de concejal 1 en la alcaldía de Huehuetenango, dirigida por el alcalde Gustafo Adolfo Cano Villatoro, también del partido Vamos.

Cierre de campaña electoral de Vamos en Huehuetenango el 18 de junio de 2023. En primer plano, el ex gobernador De León sostiene una gorra roja al dar unas palabras. A su derecha, la diputada Hernández y el alcalde Cano. Foto: Facebook Sofía Hernández

Pero los Hernández no ocupan cargos solo por elección popular. Los más de 12 años que Sofía Hernández lleva cimentando su poder político, ha logrado ubicar a sus familiares y amistades en distintas dependencias y poderes del Estado. En el árbol genealógico Sofía es la líder, quien mayor experiencia tiene y a quien sus familiares respetan y obedecen.

“Sus hijos hacen lo que ella diga, la decisión de en qué listado se van a postular, es una decisión de ella a nivel familiar y a nivel partido. Y todos saben que las decisiones las toma ella. Los Hernández están en todo el Estado”, dice una fuente cercana a la familia que prefiere mantenerse en anonimato.

Pese a que el presidente Bernardo Arévalo anunció, en el marco de un acto por sus 30 días de Gobierno, que al menos 878 personas fueron retiradas de cargos de la administración del Estado por considerarse plazas fantasma o con indicios de corrupción en la contratación, los familiares de Sofía Hernández aún se mantienen en sus cargos. El nepotismo no es considerado para este clan, pese a que la prensa y organizaciones como Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, han documentado la influencia de la diputada en la designación de cargos a sus familiares.

Su hermana, la enfermera Nury Edith Hernández Herrera de Guevara, hasta la última planilla de marzo continúa siendo Directora Técnica en la Coordinadora Departamental de Huehuetenango de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), quien en  2020, a inicios del gobierno de Giammattei, trabajó también en Huehuetenango como consultora en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Su exesposo, Edward Geobany Martínez Féliz, también mantiene su puesto como director Técnico en la Oficina de Control de Área de Reserva Territoriales del Estado (OCRET) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), esto según la última planilla registrada.

“Creemos que el clan de Sofía Hernández, porque la identificamos como la cabeza del clan, sigue controlando muchas cosas principalmente por sus diputaciones, el trabajo con municipalidades, con los Codedes y creemos que el gobierno en solitario no tiene la capacidad de desarticular estos clanes. Su lógica es muy departamental y creemos que ahora están en un proceso de mutación, de cambio, no se disuelven, siempre buscan nuevos actores”, plantea a la Redacción Regional César Vega, investigador y director de Acción Ciudadana.

Para Vega estos clanes también son poderosos debido al tiempo que tienen de existir y también por la ausencia de leyes en contra de prácticas de nepotismo. La única alternativa para debilitarlos, plantea, es a través de nuevas propuestas políticas desde grupos ciudadanos con capacidad para disputar esos poderes locales y de investigar, evidenciar y denunciar todo aquello en lo que se puedan encontrar anomalías.  

Santiago Palomo, director ejecutivo de la recién estrenada Comisión Nacional contra la Corrupción, una oficina adscrita al poder ejecutivo, señalan que han descubierto que «existen sistemas creados con el único objetivo de beneficiar a minorías corruptas». Estas redes de poder, según él, se han convertido en una práctica ‘perversa’ y ‘dañina’ y tienen el compromiso de erradicarlas. El funcionario asegura que entre ministerios, secretarías y demás dependencias han presentado más de 80 denuncias ante el Ministerio Público, la entidad encargada de investigar estos hechos.

Las redes de poder de los Hernández aupadas por Giammattei

En 2016, el periodista Mauselio Hiram Martínez ganó la gobernación departamental de Huehuetenango. Ojoconmipisto lo entrevistó y declaró que al asumir la gobernación, al menos cinco diputados se le acercaron, entre ellos la diputada Hernández. Aunque Martínez dijo entonces que la diputada no intentó ejercer ningún tipo de presión sobre él, más adelante la denunció junto a su asistente, Luis Vásquez, por tráfico de influencias ante el Ministerio Público.

Según Martínez, había sido presionado para pagar por obras incompletas o incluso inexistentes, que podrían considerarse como pagos irregulares. Se estima que alrededor de Q45 millones (más de 5.7 millones de dólares) se destinaron a trabajos que no cuentan con una adecuada auditoría.

En ese entonces, Hernández negó la acusación y dijo estar sorprendida. Era septiembre de 2016 y la primera solicitud de antejuicio en su contra se había interpuesto por este señalamiento, pero Martínez se retractó de la denuncia y la desestimó ante el Ministerio Público, según consta en un audio que Sofía Hernández publicó en la época, en su cuenta de Facebook, en su defensa. “Ellos creyeron que lo que yo les había manifestado daba lugar para que se hiciera una denuncia (…), vino un abogado y firmé una carta de desistimiento”, se escucha en el audio. En marzo de 2017, Martínez fue destituido por baja ejecución presupuestaria pese a que datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) reflejaron que la gestión de Martínez, junto con la de otros tres gobernadores relevados, se encontraba entre las diez primeras en términos de mayor erogación de recursos, según un reportaje de Plaza Pública.

Al cargo llegó Julio Rene Calderón Flores, que también fue retirado por señalamientos de estafa. Según el medio local El Cuarto Poder, Calderón Flores fue sentenciado a cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios ($1.29) en el caso. En su lugar fue nombrado Pedro Regino Gómez Martínez, pero tampoco se mantuvo mucho tiempo en el cargo.  Hasta 2020, el gobernador departamental de Huehuetenango fue cambiado al menos cuatro veces.  

El orden se impuso con la llegada del gobierno de Alejandro Giammattei: en el cargo fue colocado un sobrino de la diputada Hernández: Jorge Juan Gualberto de León Herrera, un joven ingeniero forestal con una maestría en desarrollo, quien trabajó los diez años anteriores como asesor en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Huehuetenango, entidad donde también tiene un puesto el exesposo de la diputada.

En la terna enviada por la sociedad civil del departamento en 2020 fue el que obtuvo mejor puntuación, pero esto no era una sorpresa según activistas indígenas del territorio: su tía había negociado su puesto con la sociedad civil, aseguran.  Al sobrino y a su pariente, la diputada, los unía también una donación en campaña. En 2019, en la campaña electoral, su sobrino efectuó un aporte simbólico de Q6,692 al partido UCN.

Ahora como concejal 1 de Gustavo Adolfo Cano, alcalde reelecto, de León Herrera es el responsable de vigilar que las decisiones en la municipalidad sean acorde “a lo que su tía diga”, asegura un trabajador de la municipalidad que trabaja en cercanía con Cano.  Los Hernández y el alcalde ya han colaborado desde el pasado gobierno, dado que la familia, a través de la gobernación, y el alcalde, tenían la realización de obras y proyectos en común. 

Aunque no terminó el período como gobernador, su sobrino fue una figura importante para reforzar el poder local y a su tía se le vio en varias ocasiones inaugurando obras en las que no podía tener nada que ver más que por su rol de fiscalización como diputada.

La diputada también acompañó durante meses las giras del expresidente Giammattei adjudicándose el alcance de varias obras de cara a los comicios de 2023. Sus favoritas, los tramos de carreteras. “El día de hoy estuve presente en la reunión en conjunto con el presidente Dr. Alejandro Giammattei para fiscalizar la puesta de la primera piedra en el tramo carretero de 8.8 km de carretera de San Pedro Necta, Huehuetenango. Esperamos pronto se dé dicha construcción de tan irreparable cuadro carretero en mal estado, es por ello que he estado fiscalizando y que los trabajos sean de una buena calidad”, escribió en su cuenta de Facebook el 3 de julio de 2020. Pese a que en su momento la carretera tuvo mejoras, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó grietas y daños de gran proporción en noviembre de 2023. 

Hernández ve con decepción las condiciones de las carreteras de su departamento, señala que en sus fiscalizaciones ha encontrado que a Huehuetenango no se le ha dado prioridad desde el año pasado y le preocupa por ejemplo, el abandono del tramo carretero de La Mesilla, un tramo fronterizo con Chiapas, México, en donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación con el que Los Huistas trabajan en Guatemala. “Estoy pidiendo avances físicos y financieros. Mis hallazgos es que muchas carreteras de Huehuetenango no tienen presupuesto desde marzo del año pasado y por eso muchas empresas tomaron la decisión de parar las obras hasta ver certeza de este gobierno. (…) Por ejemplo, la ruta de Huehuetenango cabecera hacia La Mesilla, es un trabajo que se dejó a medias por falta de asignación de presupuesto y es una ruta muy transitada, por más de 23 municipios. Es importante, pero no hay avances”, dijo a Redacción Regional.

La llegada de Arévalo y la disputa por Huehuetenango

El 30 de enero pasado, apenas dos semanas después de su juramentación, el presidente Bernardo Arévalo dio inicio al proceso de gobernador departamental cambiando las reglas del juego para procurar, según dijo, elecciones transparentes y con la mayor participación posible. 

Los gobernadores departamentales, encargados de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede), históricamente han visto el presupuesto de los Consejos determinado por negociaciones entre el Ejecutivo y miembros del Congreso, convirtiéndolos en fichas de trueque en acuerdos políticos. Según un reportaje de No-Ficción, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, se destinaron casi Q11 mil millones ($1,415 millones) al sistema de Consejos, consolidando el poder de Vamos en las alcaldías para las elecciones de 2023.

Las ternas propuestas al presidente (compuestas por tres titulares y tres suplentes) son seleccionadas por una  junta receptora integrada por representantes de la sociedad civil y en Huehuetenango esta fue integrada por 10 personas.

El 22 de febrero, tras una jornada que duró 12 horas, el Codede conformó una terna que fue cuestionada por medios de comunicación y en redes sociales e incluso con comunicaciones oficiales dirigidas a Arévalo. Según las denuncias, la conformación de las ternas estaba amañada. Fuentes locales que participaron del proceso relatan que, durante las elecciones, los representantes de sociedad civil se retiraron por al menos cinco horas para votar y deliberar de forma secreta quiénes serían las personas designadas para las ternas, poniendo en primeras posiciones a dos cartas vinculadas al clan de la diputada Hernández.

Esta vinculación nace de la presencia como representante de la sociedad civil ante la gobernación, de una cuñada de la diputada. Se trata de Lisbeth Noemí Castillo, esposa de Filomeno Hernández, el alcalde de Santa Ana Huista. Castillo tiene este rol desde 2022 por la Organización de Mujeres Sanjuaneritas ante el Consejo Departamental de Desarrollo y en redes sociales elogia constantemente el trabajo de su cuñada. Según comunitarios, Castillo fue la encargada de negociar la inclusión de allegados a Los Hernández en la terna. 

Lisbeth Noemí Castillo abrazada a su esposo, el alcalde de Santa Ana Huista, Filomeno Hernández. Foto: Facebook Lisbeth Noemí Castillo

El 20 de marzo pasado, tras recibir diversas expresiones de rechazo a varias ternas, Arévalo nombró solo a ocho gobernadores y devolvió 14 ternas por no cumplir con los criterios de idoneidad para el cargo. Entre estas estaba la de Huehuetenango. El Codede debía enviar nuevas ternas con nuevos aspirantes, pero no lo hizo. Ante esta situación, el presidente eligió, el pasado 29 de abril, a Elsa Hernández de la lista de expedientes recibidos, y fue juramentada como gobernadora del departamento. Hernández, una mujer maya mam que contó con el apoyo de las comunidades indígenas durante el proceso, fue celebrada el 11 de mayo en el municipio de Santa Eulalia con marimba y comida en honor a su nombramiento.

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Han pasado seis meses desde que la diputada Sofía Hernández fue agredida en las afueras del Congreso. En una entrevista telefónica con este medio, comparte su versión de las múltiples acusaciones en su contra. Habla despacio, pero con fluidez, manteniendo una actitud amable y sin perder la compostura a pesar de los cuestionamientos sobre asuntos que considera difamaciones. Afirma que ha construido su carrera con esfuerzo. Al ser consultada sobre la elección del nuevo gobernador de Huehuetenango y la participación de su cuñada en las deliberaciones, niega haber estado involucrada y sostiene que los señalamientos en su contra son difamaciones de sus detractores. “Yo no metí nada… (ríe) Traté la manera de no meterme en nada, de ser respetuosa. Los gobiernos sólo duran cuatro años y lo que nos interesa es que vayan avanzando”, dijo.

Sofía Hernández en una reunión de fiscalización con funcionarios del Ministerio de Finanzas y  alcaldes de Huehuetenango para pedir cuentas acerca de la ejecución presupuestaria de la Gran Cruzada Nacional por la Desnutrición. Foto: Congreso

La diputada incluso rechaza que el ex gobernador del departamento sea su pariente, aunque sea hijo de una prima materna. “Lo del anterior gobernador es rumor”, dice. Y luego apunta de nuevo hacia el gobierno: “a este gobierno yo la verdad le digo que he tratado de darle el espacio y el beneficio de la duda; para darle su tiempo para que inicien con todos los procesos relativos a lo que es la ejecución del presupuesto. Me interesa que llegue el desarrollo a mi departamento. Siempre hemos dicho que vamos a apoyar a cualquier gobierno cuando se vea reflejado el presupuesto en el departamento”.

Para Hernández  los señalamientos acerca del crecimiento de su familia en el Estado y la vinculación de miembros de su familia con Los Huistas son campañas de desprestigio en su contra por su ‘liderazgo como mujer’. “Mi pecado es haber nacido allá (Santa Ana Huista). Sí, yo nací allá, pero me vine a la capital a los 13 años. Aquí estudié, aquí me formé y nunca regresé a mi municipio hasta 2002, después de mi divorcio, a trabajar como psicóloga en atención a las víctimas en el Ministerio Público. No tengo denuncias de nada, han sido señalamientos espurios”, dice.

La diputada añade, confiada, que no detendrá su agenda “desarrollista”. “Soy una mujer de trabajo. Mientras la gente me elija yo voy a seguir trabajando”. 

Pero por lo pronto,  dice, prefiere no llegar al Congreso cuando afuera del palacio legislativo hay manifestaciones. “Cuando miro que hay mucha gente en el Congreso, prefiero no ir porque me da miedo. Solo que sea muy necesario voy, de lo contrario tengo mi oficina en la Casa de la Cultura y ahí es donde trabajo.  Si está tranquilo, solo me atravieso caminando. Hay gente de la oficina y la bancada que me acompañan”.