Amnistía Internacional recomienda a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que la política de seguridad implementada en El Salvador bajo el régimen de excepción ha derivado en graves violaciones a derechos humanos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional.

Entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, Amnistía Internacional reunió evidencia de organizaciones nacionales e internacionales que dan cuenta de al menos 470 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, 540 casos de desaparición forzada, 90,600 detenciones arbitrarias —en muchos casos sin orden judicial, sin flagrancia y sin investigación previa— y la negación sistemática del debido proceso contra privados de libertad. 

A partir de entrevistas con víctimas, familiares, abogados, visitas presenciales a El Salvador, el testimonio de agentes policiales y el análisis de resoluciones judiciales, la organización identificó cuatro patrones que se repiten de manera consistente en 82 casos y que, según Amnistía, no son aislados, sino que derivan “de una política estatal deliberada, habilitada por la concentración de poder en el Ejecutivo”.

Hace solo cuatro meses, en marzo de 2026, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), determinó con base a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador “existen motivos razonables” para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como el asesinato, encarcelamiento, privación grave de libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.

Los crímenes de lesa humanidad son reconocidos por el derecho penal internacional por ser ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil ejecutados conforme a una política de Estado. Esta condición los diferencia del resto de violaciones a los derechos humanos. De calificarse como tales, los crímenes de lesa humanidad son perseguidos penalmente a nivel internacional por jurisdicciones nacionales, especiales o ante la Corte Penal Internacional.

En su reciente informe “Seguridad sin derechos”, Amnistía Internacional recomienda a la Corte Penal investigar posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Según la organización las graves violaciones a los derechos humanos documentadas en el contexto del régimen de excepción: detenciones arbitrarias masivas, violaciones al debido proceso, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, muertes bajo custodia y despariciones forzadas, permiten “pensar razonablemente” que se cumplen las condiciones de crímen de lesa humanidad por su carácter masivo, recurrente y la participación coordinada de múltiples órganos estatales, esa fue la misma conclusión y motivos que el GIPES apuntó meses atrás.

Tres de cada 100 hombres salvadoreños están en prisión

El informe destaca que, en los cuatro años de régimen de excepción, uno de cada 70 habitantes fue privado de libertad en El Salvador. La política de detenciones masivas del régimen de Bukele ha llevado al país a liderar una de las tasas de encarcelamiento más altas a nivel global: 1.659 por cada 100.000 habitantes. Esto ha conducido a un hacinamiento carcelario y a la precarización de condiciones rehabilitantes en las cárceles salvadoreñas.

A partir del testimonio de personas excarceladas —que fueron entrevistadas por Amnistía Internacional—, en algunas cárceles las celdas eran utilizadas al doble o triple de su capacidad, lo que, según la organización, habilita el cometimiento de tratos inhumanos. Esta descripción se relaciona con el alto nivel de hacinamiento carcelario que, según organizaciones de derechos humanos salvadoreñas citadas por Amnistía  —hasta antes de la construcción del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT)— ascendía al 322%. 

El hacinamiento carcelario es una de las condiciones que Amnistía Internacional identifica como un factor estructural que propicia la tortura y los malos tratos contra los privados de libertad y, que junto al GIPES, señala como uno de los graves casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción en El Salvador. 

Pero las denuncias de torturas en las cárceles no solo se explican por el colapso del sistema penitenciario, sino también por el uso excesivo de la fuerza que los agentes policiales ejercen contra los detenidos. 

Según la investigación de Amnistía, los casos de tortura física y psicológica se reportan en el momento de la detención, durante los traslados y en las cárceles. Si bien el informe destaca que este factor estaba presente desde antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción, en los últimos cuatro años “su gravedad y frecuencia se han profundizado” debido a la ausencia de controles independientes y las barreras para acceder a canales de denuncia efectivos para las víctimas, “generando un entorno de impunidad que facilita la expansión y consolidación de prácticas abusivas”, detalla la organización.

Entre los casos documentados por Amnistía Internacional, a partir de testimonios recopilados de personas detenidas entre 2022 y 2024, se identifica el uso excesivo de la fuerza policial: golpizas, simulacros de ahogamiento, desnudez forzada, sometimiento prolongado a posturas dolorosas —como mantenerse de rodillas bajo el sol durante horas—, así como insultos, amenazas y maltrato verbal “orientado a quebrar la resistencia psicológica de las personas detenidas”. 

La organización también reporta en su informe el uso recurrente de gas pimienta dentro de las celdas, racionamiento extremo de alimentos y agua, restricciones arbitrarias para acceder al baño y períodos prolongados de incomunicación o encierro continuo, que implican privación de luz solar y un deterioro fisiológico acelerado. Todas estas condiciones “agravan deliberadamente las condiciones de detención”, concluye el informe.

Muertes bajo custodia estatal que no son investigadas

Hasta el 14 de julio de 2026, el Socorro Jurídico Humanitario contabilizaba 457 muertes en cárceles salvadoreñas. Según esta organización de derechos humanos, citada por Amnistía, “el 94% de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad”.  

El factor de impunidad alrededor de estas muertes es uno de los aspectos que el informe destaca como central para el seguimiento de la observación internacional: Amnistía enfatiza que “ningún funcionario ha sido procesado por estas muertes” e identifica una violación de las obligaciones del Estado en investigar exhuastivamente las detenciones bajo custodia estatal, llegando a constituir “presuntas ejecuciones extrajudiciales” que son toleradas, desde el análisis de la organización, bajo una política de tolerancia que es incluso  “promovida desde las más altas esferas del Ejecutivo”.

Esta política permea toda la estructura del Estado. Amnistía Internacional se refiere a ella como una “estrategia sistemática de negación, minimización y encubrimiento” que se expresa en las declaraciones de funcionarios estatales, como las del fiscal general Rodolfo Delgado, quien en noviembre de 2023 negó haber recibido ningún tipo de denuncia relacionada con torturas, tratos inhumanos o degradantes. Pero también en las del excomisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, quien un año después llegó a afirmar que “en El Salvador no existe la tortura”.

El informe advierte que este patrón se agrava en el marco del régimen de excepción con una narrativa oficial que “no solo acompaña la práctica de tortura: la habilita, la racionaliza y la convierte en parte integral del dispositivo represivo.”

El factor de la pobreza en la cruzada represiva del régimen

Amnistía concluye en su informe que las víctimas de este contexto represivo en El Salvador comparten características que conviene no ignorar: se trata en su mayoría de personas que provienen de comunidades empobrecidas y estigmatizadas. Muchas de ellas han sido víctimas de las pandillas en el pasado. 

Un ejemplo de esto, citado en el informe, es el despliegue de cercos militares y patrullajes de soldados con mayor énfasis en comunidades en situación de pobreza o en las detenciones arbitrarias de jóvenes basadas en “acusaciones anónimas” o en criterios como tener tatuajes o vestir de determinada forma.

Para la organización que el criterio de selección de capturas responda al lugar de residencia en determinadas zonas, la apariencia física y la pertenencia a grupos sociales históricamente excluidos constituye uno de los ejes operativos de la política de seguridad bajo el régimen de excepción y activa la preocupación sobre posibles patrones de criminalización basados en condiciones socioeconómicas y la arbitrariedad discriminatoria.