CIDH pide proteger a Ruth López y Enrique Anaya, dos críticos presos en las cárceles de Bukele

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos resoluciones en menos de 24 horas, que instan al Estado salvadoreño proteger a la defensora de derechos humanos Ruth López y al abogado Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno de Nayib Bukele, que permanecen encarcelados e incomunicados en las cárceles del régimen.

El 22 de septiembre, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, que ha documentado cientos de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción y presentado decenas de denuncias de corrupción del gobierno de Nayib Bukele. 

El mismo día, la CIDH decretó las mismas medidas en beneficio del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, un prominente crítico del gobierno de Bukele que rechazó las reformas judiciales impulsadas por el oficialismo y presentó recursos de inconstitucionalidad contra la reelección presidencial.

En ambos casos, la CIDH concluyó que los derechos a la vida, integridad personal y salud de Ruth López y Enrique Anaya, enfrentan un riesgo de daño irreparable.

Ruth López y Enrique Anaya forman parte de una larga lista de defensores de derechos humanos que han sido blanco de vigilancia, persecución y campañas de difamación por parte del aparato oficialista. El arresto de ambos marcó un antes y un después en la ofensiva del gobierno de Bukele contra voces críticas en El Salvador, que ha dejado ya más de 130 personas forzadas al exilio.

Ruth López fue capturada el 18 de mayo bajo cargos de peculado, pero tras una audiencia inicial bajo reserva total y a puerta cerrada, se cambió al delito de enriquecimiento ilícito, sin presentar pruebas. El 4 de julio pasado fue trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres Granja de Izalco, en Sonsonate, donde ha documentado violaciones a derechos humanos. Desde entonces, permanece incomunicada. Sus familiares y abogados desconocen su estado de salud pese a sus padecimientos crónicos, y a una solicitud de hábeas corpus concedida a su favor. 

La CIDH subrayó que este aislamiento prolongado y la incomunicación a la que ha sido sometida contraviene los estándares internacionales, y constituyen por sí mismos una forma de trato cruel e inhumano por parte del Estado. También recordó al gobierno salvadoreño que la incomunicación es una medida excepcional y limitada por ley.

En el caso de Enrique Anaya, detenido el 7 de junio de 2025, la Comisión observó que también se encuentra bajo prisión preventiva indefinida y en régimen de incomunicación, sin contacto con su familia ni representantes legales. La resolución resalta además la protección reforzada que merece como adulto mayor privado de libertad.

Las resoluciones de la CIDH se producen en un contexto de denuncias internacionales sobre la criminalización de defensores de derechos humanos y críticos del gobierno en El Salvador. Tanto López como Anaya han sido voces reconocidas en debates públicos: López, desde Cristosal con denuncias de corrupción estatal; y Anaya como constitucionalista crítico del golpe a la Sala de lo Constitucional, la destitución masiva de jueces y la reelección presidencial inmediata.

La Comisión advirtió que los casos de López y Anaya son emblemáticos de un patrón de detenciones prolongadas e incomunicaciones indefinidas utilizando el régimen de excepción, que ya ha motivado preocupación de la CIDH, organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y relatores de Naciones Unidas.

El Salvador niega responsabilidad

El Gobierno de El Salvador rechazó que existan riesgos graves de ambos detenidos, y negó los señalamientos de motivaciones políticas tras la captura de Ruth López y Enrique Anaya. 

En el caso de López, el Estado respondió a la CIDH que su captura responde a “un proceso legítimo por enriquecimiento ilícito” y no a su labor como defensora de derechos humanos y activista anticorrupción. Aseguró además que recibe atención médica, alimentos y participa en actividades y programas del penal.

El Estado, sin embargo, ha obstaculizado el acceso a la salud de Ruth López. El 3 de julio pasado, el Juzgado de Instrucción de San Salvador ordenó que Ruth López permaneciera en bartolinas policiales de Tránsito Terrestre para continuar su tratamiento médico –tras una mamografía que detectó nódulos–. Pero un día después, el mismo tribunal la envió a la Granja de Izalco, donde permanece en régimen de incomunicación absoluta, sin acceso a su familia o abogados.

Según se expuso en la solicitud a la CIDH, la situación de Ruth López se agravó cuando, el 28 de julio, a uno de sus abogados se le negó explícitamente cualquier tipo de visita mientras el “Presidente de la República se encuentre en el gobierno”. 

El Estado salvadoreño no respondió directamente a esta acusación. Según la Comisión, tampoco aportó evidencia que demostrara visitas regulares desde su traslado a Izalco, limitándose a reconocer contactos ocurridos cuando estuvo en bartolinas.

Lo que sí hizo el Gobierno fue cuestionar a la CIDH por aceptar el caso, alegando que los señalamientos en su contra responden a “manejos financieros irregulares” y no a su labor como defensora. Además, acusó a los peticionarios de presentar una narrativa “política” y generalizada sobre el régimen de excepción, sin pruebas de un riesgo individualizado.

En el expediente de Anaya, el Estado informó que el abogado tiene acceso a alimentos especiales conforme a su salud, y negó que existan pruebas de riesgo extremo. Alegó que el debido proceso está garantizado y que no corresponde al sistema interamericano sustituir la jurisdicción interna.

La defensa de Anaya, sin embargo, señaló que el abogado permanece en régimen de incomunicación absoluta en el Centro Penitenciario La Occidental desde su traslado el 10 de julio. A pesar de que un juzgado ordenó el 11 de julio que se le brindara atención médica urgente —incluyendo la administración del medicamento Trulicity y la realización de estudios para una masa abdominal detectada—, sus familiares y abogados denuncian que ninguna de estas disposiciones se ha cumplido. Las visitas, además, están prohibidas bajo el Régimen de Excepción, impidiendo que sus hijos, su médico personal y sus defensores verifiquen su estado de salud o las condiciones de su reclusión.

La situación de Anaya es crítica, según los documentos presentados ante la CIDH. El abogado presenta un deterioro físico alarmante: en menos de dos meses de detención habría perdido 10.5 kilogramos (más de 23 libras). Y a pesar de los múltiples recursos presentados ante diversas instancias judiciales, que reconocieron la necesidad de atender su salud, no existe certeza de que se le estén practicando los exámenes ordenados ni suministrando los medicamentos que su familia deja en el penal. 

Los solicitantes alertaron a la Comisión que la incomunicación total impide denunciar posibles afectaciones a su integridad y coloca a Anaya bajo la entera voluntad del Estado, sin supervisión alguna.

En ambos casos, el Estado salvadoreño insistió en que las denuncias forman parte de una narrativa “política” y que la incomunicación no equivale a desaparición forzada.

La decisión de la CIDH: medidas obligatorias

Pese a los argumentos oficiales, la CIDH encontró que las condiciones actuales de detención colocan a Ruth López y a Enrique Anaya “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador”.

Por ello, ordenó a El Salvador adoptar medidas para proteger la vida, integridad personal y salud de ambos; cesar de inmediato la incomunicación prolongada; garantizar el contacto regular con sus familias y abogados; y revisar si es necesario mantener la prisión preventiva, considerando alternativas a la detención que sigan los estándares internacionales.

La Comisión también solicitó investigar los hechos que dieron lugar a la resolución, incluyendo posibles represalias vinculadas a su labor como defensores de derechos humanos.

La CIDH señaló que el otorgamiento de estas medidas a favor de Ruth López y Enrique Anaya “no constituyen prejuzgamiento” sobre la inocencia o culpabilidad de ambos por parte de la Comisión. Sin embargo, estos son un recordatorio al Estado salvadoreño para garantizar los derechos básicos de quienes mantiene bajo su custodia.