CIDH urge a El Salvador derogar el régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado salvadoreño terminar con el régimen de excepción, pues según la evidencia presentada por las mismas autoridades salvadoreñas, “no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías”.

Esta es una de las 22 recomendaciones que el organismo realizó a las autoridades del país, luego de un extenso análisis a los decretos legislativos que establecieron el estado de excepción, sus prórrogas, y otras reformas legales realizadas para combatir a las pandillas; así como el impacto en los derechos humanos de la población a partir de estas medida. 

Las sugerencias de la Comisión quedaron plasmadas en el informe “Estado de Excepción y Derechos humanos en El Salvador”, en el cual, con un manejo cuidadoso del lenguaje,  el organismo expresa “preocupación” por la situación de “presuntas” capturas arbitrarias y vulneraciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Además, señala la necesidad de respetar las garantías de las personas detenidas para un proceso justo y transparente. 

Desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador el 27 de marzo de 2022, se suspendieron derechos constitucionales tales como el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones, a ser informado de los motivos de la detención y el derecho a contar con una defensa, para controlar el alza de homicidios desatada por el rompimiento de la negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas.

En ese sentido,  la Corte “recuerda” al Estado que, de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la limitación de derechos fundamentales sólo está autorizada en circunstancias muy extraordinarias, y que el respeto y la garantía de todos los derechos debe ser la regla en el actuar de los Estados.  

La Comisión cita ejemplos de pronunciamientos anteriores en los cuales el organismo “ha cuestionado la suspensión de garantías fundamentada bajo expresiones vagas o ambiguas como hechos de violencia en diferentes regiones del país, así como también la falta de justificación o indicios de que la situación no pudiera haber sido abordada mediante los mecanismos ordinarios del Estado”. 

De acuerdo con el análisis del organismo, el Estado no ha proporcionado una justificación suficiente con respecto a las condiciones de “emergencia” que lo obligan a mantener la medida, puesto que inicialmente se argumentó que eran necesarias para enfrentar el  repentino incremento de homicidios ocurridos el 24 y 25 de marzo de 2022, y en la actualidad el mismo Gobierno ha dejado constancia del drástico descenso en los índices de violencia en el país. 

La Comisión también mostró preocupación por las reformas legales que han seguido a los decretos del régimen de excepción, y que ponen en riesgo las garantías a un proceso judicial justo, como aquellas que han ampliado el plazo de la detención provisional, han establecido el anonimato de los jueces a cargo de los procesos relacionados con el régimen de excepción, han eliminado el control judicial sobre las evidencias acusatorias y han incrementado las penas para menores de edad. 

Para el organismo, estas reformas legislativas tienen un enfoque punitivo y contravienen los estándares interamericanos en materia de justicia juvenil, garantías judiciales, uso racional de la prisión preventiva, entre otros aspectos.

Denuncias por violaciones a derechos humanos

Aunque el informe de la CIDH se cuida de no pronunciarse sobre la veracidad de las denuncias por vulneraciones a derechos humanos recibidas en el marco de la investigación y se abstiene de condenar al Estado salvadoreño por los hechos denunciados, sí expresa preocupación por las mismas. 

En las recomendaciones a las autoridades, señala la necesidad de “identificar las circunstancias que generaron las presuntas violaciones a derechos humanos, las posibles responsabilidades de funcionarios públicos, así como la identificación de las víctimas y los daños sufridos a fin de brindarles una reparación integral y adoptar garantías para su no repetición”. 

Además, urge al Sistema de Administración de Justicia “adoptar medidas inmediatas para abordar el alto número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin una condena firme y a asegurar que la realización de procesos judiciales bajo el debido proceso legal”.

El informe ahonda en numerosas denuncias que alertan sobre capturas arbitrarias, abusos por parte de las fuerzas de seguridad, negación del derecho a la salud de las personas detenidas, torturas, muertes y condiciones de hacinamiento y precariedad en las bartolinas y centros de detención, así como vulneración a los derechos de niños y niñas que se encuentran en las prisiones junto a sus madres o que han quedado en situaciones vulnerables debido a la captura de sus progenitores. 

En el texto se incluye parte de los testimonios recogidos por la CIDH. 

“En el caso de mi hijo lo iban a matar. Según me dice él, lo agarraron del pelo y ese policía rural le decía “vos sos lacra de la sociedad”. […] mi hijo que es menor de edad. Los policías lo golpearon con una silla de hierro, nunca lo llevaron a medicina legal. Los llevaron a unas bartolinas de otro municipio”, se lee en uno de ellos. 

La Comisión también analiza el impacto que las medidas adoptadas en el régimen de excepción han generado sobre los familiares de las personas detenidas, sobre todo debido a la prohibición de poder visitar a las personas detenidas y los obstáculos para obtener información sobre su ubicación, situación judicial y estado de salud. Organizaciones de derechos humanos señalaron la existencia de “desapariciones forzadas” de personas detenidas que no han podido ser localizadas por sus familiares. 

Por último, el informe de la CIDH hace un análisis sobre los impactos del régimen de excepción en la libertad de expresión y prensa en el país. En ese apartado, la Comisión registra que desde la declaratoria del estado de excepción se han intensificado las amenazas y hostilidades contra la prensa independiente. 

La metodología del informe y los votos disidentes

Para desarrollar el informe, la CIDH tomó en cuenta denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, los debates mantenidos en las audiencias realizadas por la comisión, así como estudios e informes escritos por organizaciones de sociedad civil y académicos.

También utilizó como base para el análisis 29 testimonios recolectados por la comisión que,  en marzo de 2023, entrevistó a personas detenidas y posteriormente liberadas durante el régimen, familiares de personas privadas de libertad y representantes jurídicos de las personas detenidas y de sus familiares. 

Las perspectiva del Estado salvadoreño también está incorporada ampliamente en el informe, en el que además se deja constancia de que el Gobierno tuvo oportunidad de revisar y hacer comentarios al borrador del mismo, los cuales también fueron incorporados en la medida que eran pertinentes. Sin embargo, la CIDH también recordó que en reiteradas ocasiones ha solicitado una visita “in loco” (en el lugar) al país, y hasta la fecha no ha recibido respuesta afirmativa de las autoridades. 

El medio El Faro reportó que el Gobierno de Nayib Bukele, a través de su comisionado de derechos humanos, el colombiano Andrés Guzmán, ejerció presión para “empantanar , complicar” la publicación del informe. De acuerdo con lo que fuentes en Washington dijeron al medio, el Gobierno salvadoreño presentó numerosas discrepancias con el borrador del informe, pidió dos veces prórroga para enviar una respuesta, e incluso sostuvo reuniones presenciales con la CIDH en pleno en Washington, en julio pasado, lo cual es “altamente inusual”.

El informe final de la CIDH se publicó hasta junio de 2024 y se aprobó con el voto de la mayoría de la composición de la CIDH. Sin embargo, la presión del Gobierno salvadoreño hizo mella. Si bien el borrador del informe fue aprobado por los siete comisionados que conforman la Comisión, luego de las observaciones del Estado salvadoreño, el informe final tuvo dos votos menos. 

El comisionado Carlos Bernal Pulido, emitió su voto razonado parcialmente disidente del informe, al cual se sumó el comisionado Edgar Stuardo Raón Orellana. En su argumentación, Bernal Pulido cuestionó la transparencia del informe en cuanto a la metodología usada para seleccionar los testimonios, las denuncias e informes que se tomaron en cuenta para hacer el análisis de violaciones a derechos humanos. Así mismo se plantea una posible vulneración al derecho de defensa del Estado.

Bernal Pulido es un abogado colombiano conocido por sus posturas conservadoras y abiertamente religiosas, quien como magistrado de la Corte Constitucional de ese país, se posicionó contra el acuerdo de paz del Gobierno con la guerrilla. 

Ralón Orellana es guatemalteco, ex representante de la gremial empresarial de ese país y defensor de las acciones del Gobierno del expresidente Jimmy Morales contra la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG). Antes de dejar el cargo, Morales lo propuso ante la CIDH. 

En respuesta a Bernal y Ralón, los comisionados José Luis Caballero Ochoa y Andrea Pochak emitieron un voto razonado concurrente, en el cual señalan que las críticas sobre la supuesta falta de rigurosidad metodológica no fueron advertidas durante el proceso de elaboración del Informe por los comisionados, sino recién cuando el Estado de El Salvador hizo llegar sus observaciones a la versión preliminar. Además rechazan que el informe constituya un prejuzgamiento del Estado salvadoreño por la posible comisión de violaciones a derechos humanos.

El Estado salvadoreño también respondió al informe. El comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia cuestionó la credibilidad de la CIDH y del informe, señalando un “conflicto de interés” debido a “vínculos financieros compartidos” entre la Comisión y la organización no gubernamental Cristosal. 

Guzmán pidió a la CIDH revisar «sus procedimientos para recuperar la confianza», garantizar «imparcialidad» y “rectificar” su informe. El comisionado, sin embargo, omitió referirse a los 29 testimonios recabados por la CIDH de personas que denunciaron torturas, malos tratos, abusos y capturas arbitrarias.

La CIDH es el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de monitorear y defender los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes y junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), constituyen parte del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).