“El órgano judicial también incumple las resoluciones de la Sala de lo Constitucional”

Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández transmitida el domingo 15 de noviembre de 2020)

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Fotografía: Focos / Elisa Hernández

Este 16 de noviembre de 2020 se conmemora 31 años de la masacre de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en la que fueron asesinados Elba, Celina y seis sacerdotes jesuitas en la UCA. Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y Coordinador General del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, hace un recuento de cómo todavía se incumple la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía general de 1993, un ejemplo de ello fue la última resolución de la Sala de lo Penal, que no permitió la reapertura del caso de esta masacre. Escalante también habla de cómo la Fuerza Armada de El Salvador sigue estando presente en espacios políticos públicos a pesar de lo dictado en los Acuerdos de Paz.

La condena en España del ex coronel Inocente Montano generó expectativas de que se iba a animar a los operadores de justicia salvadoreños a reabrir la investigación del caso, pero, al contrario, la Sala de lo Penal prohibió en un fallo la reapertura del caso. ¿Le parece que la sentencia de esta Sala es una reacción a la condena de Montano?

Estas expectativas de que lo que pasó en España generarían reacciones positivas en El Salvador, fueron de personas que están a favor de la justicia, que están en contra de la impunidad, que realmente quieren que los temas pendientes del conflicto armado se resuelvan definitivamente por las vías pacíficas.

Pero, lastimosamente sabemos que en este país todavía hay muchos personeros, incluso dentro de la misma institucionalidad pública, que están en contra de que esto se resuelva. Es decir, hay personas que están promoviendo la impunidad de manera activa. Y creo que la reacción de la Sala de lo Penal con esta resolución, es una situación que se da dentro de este marco. Es decir, frente a la posibilidad que hayan verdaderos juicios, verdaderas sentencias y por lo tanto sanciones a los responsables a nivel Internacional, se cierra la puerta en El Salvador. Creo que sí es una reacción por parte de la Sala. Y es una reacción motivada por el miedo a la justicia.

La decisión judicial de 2017 de ordenar la reapertura de este caso, intentaba cumplir con la resolución de inconstitucionalidad de la amnistía. La Sala de lo Penal argumentó que los delitos ya prescribieron y prohibió la reapertura, impidiendo que se investigue a los autores intelectuales. ¿Cómo explica que la Sala de lo Penal, desobedezca el mandato la Sala de lo Constitucional?

Al no respetar el marco constitucional y la jurisprudencia constitucional, esa resolución de la Sala de lo Penal realmente no debería ser llamada una “resolución”. La condición que necesitaron estos magistrados para llegar a esa conclusión fue no citar en ninguna parte la inconstitucionalidad 44-2013, que es la que declaró inconstitucional la amnistía y la que dijo que la prescripción tampoco aplica para estos caso.

¿Técnicamente pueden saltarse esta mención a la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía?

No. Pero aquí es un claro ejemplo de que no solamente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa incumplen sentencias de la Sala de lo Constitucional. Este es un claro ejemplo que también el Órgano Judicial está incumpliendo una sentencia de un máximo tribunal constitucional de nuestro país.

Y como no lo puede hacer; y no lo debe hacer; y lo hizo, esta resolución no debería de ser considerada con tal. Es decir, debería ser considerada inexistente porque ignora el marco constitucional, incluso el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dice que las inconstitucionalidades obligan a todas las autoridades sin excepción.

Por eso es que en el pronunciamiento de la UCA se le llama la atención a la Sala de lo Constitucional y se le dice que puede declarar inexistente o nula de oficio a esta resolución de la Sala de lo Penal. Porque la misma Sala de lo Constitucional ha demostrado ya, en otros casos y por otros temas, que puede entrar a conocer de oficio ante claros incumplimientos por parte de órganos de Estado a mandatos de sus sentencias.

¿Ve señales firmes y claras en los magistrados de la Sala de lo Constitucional para defender la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía?

Apelaría a la coherencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Digo coherencia, porque en la última audiencia de seguimiento al cumplimiento de la resolución de inconstitucionalidad, los magistrados, después de escuchar a los representantes de la Presidencia, del Ministerio de la Defensa Nacional (Minden) y del Ministerio de Hacienda (MH) hicieron preguntas sumamente incisivas, cuestionando que no estaban haciendo caso a la resolución. Lo más incisivo fue con el Minden, cuestionando su contribución a la búsqueda de la justicia en el tema de las inspecciones en los archivos. Esa misma actitud incisiva esperaría, por coherencia, frente a la Sala de lo Penal, porque ya todo esto es de su conocimiento, es un hecho notorio. Incluso hasta la misma resolución de la Sala de lo Penal, la casación, se publicó la cuenta de Twitter de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entonces, ya los magistrados pueden informarse perfectamente y podrían hacerlo y, como digo, por coherencia esperaría que lo hicieran.

De nuevo, ¿ve señales de estos magistrados de auto-exigir dentro de la Corte Suprema de Justicia?

Yo esperaría eso, pero claro que hasta este momento tampoco estos magistrados de la Sala de lo Constitucional han tenido algún movimiento crucial frente a la Ley de Amnistía o la Ley de Reconciliación. Este creo que es su momento crucial.

Un observador incauto, vamos a decir, pensaría que basta con que los partidos que participaron en la guerra, Arena y el FMLN, ya no estén en la presidencia o que basta con el reemplazo y el recambio generacional dentro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para que la justicia avance en los casos de violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno. A pesar de los años, ¿a través de qué mecanismos se mantiene la complicidad y la impunidad en la FAES?

Hay un matiz cuando mencionamos el cambio generacional. Ya se ha demostrado en la política de nuestro país que poner rostros jóvenes no significa que van a venir ideas novedosas o que van a romper dinámicas que dañen a la democracia. Incluso, como dirían algunos, “hay jóvenes que son más viejos que los viejos”, en esta construcción o reproducción de dinámicas que no son adecuadas. Entonces en esa perspectiva creo que la FAES, tiene, durante mucho tiempo y quizás antes menos visible que ahora una postura que la pongo entre dos perspectivas. La primera es «nosotros no hicimos nada malo. Lo que hicimos lo tuvimos que hacer porque era lo que correspondía hacer. Nosotros defendimos la patria», dicen.

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Fotografía: Focos / Elisa Hernández

¿Del comunismo, por ejemplo?

Del comunismo, de las amenazas extranjeras. Pero lo que quiero decir es que para ellos todo es periodo de tiempo no fue malo, por lo tanto y ahí viene el segundo componente: “No hay nada por que pedir perdón”. Si no que, incluso, creo yo que en su lógica, al contrario de estarles exigiendo justicia, la gente debería estar dándole las gracias, porque no vivimos en un país comunista.

La forma en cómo hablan muchos generales y coroneles pareciera eso, pareciera que la sociedad está siendo malagradecida porque les estamos exigiendo justicia cuando la verdad deberíamos estar dando gracias. Pero todo esto parte de que para ellos nada estuvo mal hecho. Y el problema es que han cambiado los rostros, han aparecido nuevos oficiales del ejército pero esas ideas continúan.

¿Qué otros mecanismos ves que le sirven a la FAES para mantener esta cultura de silencio, de impunidad, de impedir el acceso a la verdad y a la justicia?

Yo creo que ahí, y me centro en los hechos recientes, un mecanismo claro de que la FAES actual está a favor de la impunidad y al mismo tiempo está favoreciendo, por lo tanto, a criminales del conflicto armado. Y no solo de la Fuerza Armada, sino también de acatos criminales perpetrados por la guerrilla. Hablo de cuando se niegan a abrir los archivos militares para que el juez segundo de instrucción de San Francisco Gotera llegue a hacer una inspección, con peritos especialistas en documentación. No contribuir a la justicia de esta manera es el ejemplo claro que estamos frente a una organización, un ejército que en el pasado cometió crimen de lesa humanidad y que trató de encubrirlos; y que en el presente quiere mantener todo eso en la impunidad.

¿Realmente la Fuerza Armada perdió poder político después de los Acuerdos de Paz?

Creo que no. Lo que perdió fue visibilidad pública. Pero ese poder político que siempre estuvo ahí. Todo el mundo se acuerda o sabe que en 1992 se desmovilizó a la Fuerza Armada; pero poco se habla de que un año después, en 1993, la FAES vuelve a las labores de seguridad pública en apoyo a la Policía.

Desde el 93 hasta la fecha, la FAES siempre se ha mantenido en labores de seguridad pública. Eso demuestra que, en el ejercicio de esa labor permanente, la Fuerza Armada juega un rol importante. Y, por lo tanto, ahora ya es inconcebible y sobre todo para el sector gubernamental el decir que va a retirar al ejército para garantizar la seguridad. Al contrario, pareciera ser que necesitamos más militares para tener más seguridad.

Eso te da un enorme poder de capacidad, porque te está diciendo que este es un protagonista de una política pública tan importante como la seguridad.

Más allá de su participación en la seguridad pública. ¿Qué otros elementos nos sirven para visibilizar esto que afirma de que la Fuerza Armada sigue teniendo poder político?

Lo que pasa es que entiendo el poder político como la capacidad de, en este caso, de influir en las políticas públicas. Y entonces, claro, en la medida en la que le estás dando un protagonismo a este actor para poder decidir qué se va a hacer en un Plan Control Territorial, que no lo conocemos pero por lo menos en el discurso aparece eso. O que en el Plan Control Territorial es necesario que ellos estén presentes. Seguramente no solo están en la ejecución. Seguramente estarán en la planificación. Entonces ellos serán una voz. Y seguramente, también, muchos de los civiles estarán diciendo «no, es que los militares saben de seguridad. Entonces que sean ellos los que nos digan qué hacer».

A eso me refiero con capacidad de poder político. Y ahí, en ese caso, estaríamos teniendo una FAES que de manera activa esté probablemente en la planificación y en la ejecución de una política pública tan clave en la seguridad, por la problemática que tenemos; pero, al mismo tiempo, tan electoral. Porque no hay que perder de vista, también, que el tema de seguridad pública ha sido un tema electoral a todo nivel. Y ahí están ellos presentes. Lo que pasa es que no han tenido una visibilidad pública como ahora sí lo están teniendo, verdad.

¿Cuánto se transformó realmente la Fuerza Armada después de los Acuerdos de Paz?

Creo que cambió su forma. Porque obviamente no actúa de la misma manera. También es cierto que hubo algunas capacitaciones en derechos humanos. El pensum o el plan de estudios cambiaron. Pero el problema no es tanto lo que ocurre en las aulas o lo que ocurre en los libros, si no es lo que pasa en el terreno.

Y ya lo hemos visto. También la misma Sala de lo Constitucional a través de un hábeas corpus, en el gobierno anterior, reconoció la desaparición forzada de jóvenes en occidente promovidos por elementos de la Fuerza Armada sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). O sea, desde hace unos cuantos años, hay algunas manifestaciones de que la Fuerza Armada, a pesar de todo el discurso de derechos humanos y de los Acuerdos de Paz, se desvió de ellos ya en el terreno.

El FMLN que no tenía vínculos aparentes con oficiales de la FAES jamás desclasificó sus archivos. En mayo del 2019, Roberto Lorenzana, exfuncionario de administraciones del FMLN, reconoció en un evento público que existió un juego de poder protagonizado por la Fuerza Armada que los hizo temer un golpe de estado. Desde su punto de vista, ¿era real la amenaza desestabilizadora de la Fuerza Armada? Es decir, ¿la FAES conserva capacidad de desestabilizar a un Gobierno Democrático?

Yo no me atrevería a decir que la FAES tiene capacidad de desestabilizar al país. Y yo no sé si le creo o no le creo a Roberto Lorenzana, porque también esa puede ser la medida fácil para lavarse las manos y echarle la responsabilidad a la FAES y salir ellos como la víctima. Pero de lo que sí estoy claro es que en El Salvador, este año, tuvimos el 9 de febrero. Y esa es una máxima manifestación de que la Fuerza Armada puede entrar a espacios democráticos y meternos en problemas de desgaste institucional.

Al mismo tiempo también tenemos un Ministro de la Defensa, que está activo por cierto. O sea, además de ser Ministro, lo he escuchado en reiteradas entrevistas diciendo palabras más y palabras menos que el Gobierno del presidente Bukele es el mejor gobierno que ha existido en la historia reciente del país. Eso ya es calificar la política nacional. Y eso ya es tener participación en temas políticos.

Si no le crees del todo a la justificación del FMLN del temor a un golpe de estado, ¿por qué otros motivos el FMLN no desclasificó archivos?

No sé. Ahí puede haber otros elementos. Pueden ser archivos que también no les favorezcan a ellos. Porque eso también puede darse el caso, no.

¿Archivos del ejército que no favorezcan al FMLN?

Exactamente. Acordémonos que también dentro de los archivos del ejército están los de inteligencia militar, que tenían como objetivo investigar los planes de la guerrilla. Entonces ahí puede haber información también relativa a la guerrilla. Entonces, por esto puede ser que si efectivamente tenían miedo a los militares.

Lo cual significa que los militares sí tenían un poder real para quitar un Gobierno democráticamente electo. Puede ser que haya información que a ellos no les favorezca. Como también puede ser, incluso, lo que dijo el presidente Bukele de que los archivos hayan desaparecido.

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Fotografía: Focos / Elisa Hernández.

En esto que dijo el presidente Bukele quiero detenerme: El presidente dio tres opciones, dijo: o los destruyeron, o se los llevaron o están en otro lugar. En cualquiera de las tres alternativas se están cometiendo delitos que están favoreciendo la impunidad y esto me llama la atención. A través del IDHUCA, presenté un aviso penal para que se investigara justamente lo que dijo el presidente. Porque sabemos, entonces, que esos archivos existieron pero ya no están en la Fuerza Armada o que alguien los destruyó. Bueno, investiguemos porque ahí hay un delito. Pero independientemente lo que haya ocurrido, lo cierto es que todos estos gobiernos, el actual y los anteriores, no han sido suficientemente transparentes ni claros, ni han querido colaborar con la justicia para que este asunto de resuelva y se aclare.

Hablemos de la relación del presidente Bukele con la FAES. El presidente también es cómplice al impedir diligencias de investigación judicial en el Estado Mayor. Él tiene un discurso “guerrerista”, vamos a decir; rinde tributo público al ejército., incrementa su presupuesto y ha dado la dirección de la PNC a un elemento proveniente del estamento militar. ¿Ve indicios de que el presidente Bukele también tiene temor o que algunas de sus decisiones están subordinadas al poder de la Fuerza Armada?

Creo que sí. Es decir, tal vez no subordinación, tal vez no lo podría poner en este momento, porque no tengo elementos, si es de subordinación o no. Pero, al menos, lo que sí puedo asegurar es que, este gobierno tiene relaciones de coordinación con la Fuerza Armada. O sea, al menos hay una necesidad mutua. Ya sea del gobierno para mantener su estabilidad o para mantener su presencia estratégica y ya no solamente en el territorio sino también en redes sociales.

Es decir, todos estos el tributo a la Fuerza Armada es muy fuerte. Y por el otro lado, obviamente también, la Fuerza Armada está teniendo mayor presencia en el territorio. Está teniendo mayor presencia en las políticas públicas. Y sobre todo, si se comienzan a abrir los próximos préstamos que están pendientes, van a tener más recursos.

¿El gobierno del presidente Bukele está dando más poder político y más poder visible a la Fuerza Armada, entonces?

Yo creo que sí, es decir, todo esto no va de sopetón, como dicen, no va de un golpe si no que puede ir de manera gradual. Y creo que en la pandemia hemos ido viendo en corto tiempo esa gradualidad. Te dicen que van a aplicar medidas sanitarias pero lo que te ponen son retenes militares. O sea ahí hay una presencia militar muy fuerte. Atacan las langostas nuestras plantaciones y lo que mandan son militares con redes. Hay un enjambre sísmico por la zona de Santa Tecla. Y las primeras fotos que aparecen son militares al frente de las pantallas.

Pareciera ser que ya no solamente los problemas de seguridad pública, si no cualquier problema que afecte la sociedad son los militares los que tienen que estar al frente. Eso, a nivel simbólico, sin duda, nos está mandando un mensaje de que para el gobierno los militares son claves. Estamos a un paso, si no es que ya lo hemos dado y no nos hemos dado cuenta, de que sean los militares los que comiencen a participar en la toma de decisiones estratégicas del país.

¿Qué implicaciones tiene que los militares, como dice, si no es que está pasando ya, empiecen a participar en la toma de decisiones estratégicas de nuestro país?

Creo que ahí, por lo menos con lo que conozco, me atrevería a decir que el problema que se da en este punto y sobre todo con que ellos participen es principalmente es si el modo de proceder de ellos se impone. Porque hay que decirlo, el ejército es una estructura jerárquica donde la orden se obedece, no se discute, no se platica, no hay consenso. Entonces la forma en la que ellos operan es distinta a lo que se promueve en una democracia donde tiene que haber diálogo, donde puede haber voces diferentes, donde puede haber disenso y consenso. Entonces, el tratar de imponer un modo militar de resolver los asuntos sociales, puede llevarnos a una ruptura en el ejercicio democrático de toma de decisiones, por ejemplo. Y eso es grave en un país como el nuestro.

La Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Reconciliación y Justicia Transicional que beneficiaba a los perpetradores de grandes violaciones a los derechos humanos. Sabemos que algunos diputados pueden temer que ellos mismos resulten afectados por la reapertura de los caso, pero más allá de eso Manuel, ¿hay otros factores que hacen que los diputados también participen de este mantenimiento de la impunidad?

Creo que son por afectaciones personal. Hay diputados que les afecta directamente, pero hay que pensar un poquito más. Al ampliar su círculo. Se les afecta a familiares, amigos, compadres o socios de negocios. Y sobre todo porque les puede afectar, digo y traigo de cuenta esto: los militares nunca se separaron del poder. Si yo sigo ese esquema entonces claro, en la medida en que estos se mantuvieron cerca de los políticos, los políticos si toman una decisión y se busca justicia, se podría estar juzgando a gente que siempre estuvo cerca de ellos. Entonces esto es lo que creo que, entre otras cosas, estarían deteniendo. Y es un factor más humano diría, pero bueno aquí la idea es que principio de igualdad, es decir todos somos iguales ante la ley, y si ellos cometieron delitos pues tienen que ser juzgados.

Renunció en los últimos días al equipo ad hoc de estudio y propuestas de reforma a la Constitución. Has aclarado ya, en una columna de opinión en Gato Encerrado, que es porque ve retrocesos en el avance de la justicia transicional y prefiere dedicar más esfuerzos a este trabajo. Pero, los retrocesos que ve y que señala, ¿están también relacionados con la actuación del Ejecutivo salvadoreño?

Sí. Bueno, y yo lo cito en la columna de opinión el tema de que no se abren los archivos militares. O sea, cuando yo hago el recorrido de cuáles son los retrocesos que veo, lo que veo es: una Asamblea que no dicta una Ley de Reconciliación con los estándares que deben de ser, un Ejecutivo que no permite la apertura de los archivos militares, y un sistema Judicial que incumple la sentencia porque niega la reapertura del Caso Jesuitas. Eso me dijo a mí «tengo que concentrarme en este tema. No puedo tener energías para otro asunto más». Y quizás agregaría un elemento más: después de que tomé mi decisión a la fecha, con lo que ha ocurrido en los últimos días, creo que tomé la mejor decisión.

Es decir, cuando ya aparecen casos como relativos a corrupción en este Gobierno, casos que pueden estar vinculados a incumplimientos por parte de la PNC, no, la Comisión de Delitos, sin obstaculizando a la Fiscalía General de la República (FGR), algo que no me esperaba. Ante esta situación creo que era la mejor decisión era el seguir defendiendo los derechos humanos en lugar de continuar con el equipo.

Aquí puedes ver la entrevista completa con Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), y otros materiales de FocosTV en nuestro canal de Youtube.
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