Caso Sigfrido Reyes: cómo el exdiputado habría usado su cargo para beneficio propio
La semana pasada, el Juzgado 11º de Paz abrió un proceso judicial contra 10 personas señaladas de formar parte de una estructura de lavado de dinero presuntamente liderada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Por este caso cuatro personas, incluido el exdiputado, continúan prófugas.
Los periodistas Fernando Romero, de Revista Factum, y Sergio Arauz, de El Faro, explicaron en FOCOS los principales hechos por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al líder del FMLN e identificaron similitudes entre este caso y los de expresidentes de la República.
El uso de las instituciones públicas y sus empleados en beneficio propio es un elemento del caso Reyes que también se puede identificar en otras investigaciones de la Fiscalía, como los casos contra Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores, dijo Romero.
“Lo que se deduce de todas las investigaciones en grosso modo es la utilización de las instituciones estatales a su favor. Es decir, en este caso del IPSFA (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada), adquirir lotes muy caros a precios muy cómodos; utilizar el Fondo Social de la Vivienda para promocionar sus propios negocios de bienes raíces, y también el acceso a terrenos embargados en Chalatenango”, dijo el periodista de Factum.
La Fiscalía señala a Reyes por el delito de estafa agravada por la compra de cinco lotes que realizó la sociedad Terrein, propiedad del exdiputado y su exasesor Byron Larrazabal, al Instituto de Previsión de Fuerza Armada (IPSFA) a por un precio menor al real.
Por estos hechos fueron detenidos tres empleados del IPSFA y también de la Corte de Cuentas, quienes presuntamente manipularon los informes sobre dichas anomalías. Este ocultamiento fue revelado en un segundo informe solicitado por el Ministerio Público a la Corte, el cual reveló que la reducción en el precio de los terrenos no fue justificada mediante criterios técnicos por el IPSFA, explicó Romero, periodista que reportó sobre estas compras anómalas en 2014.
Romero también señaló que a partir de las investigaciones se puede deducir que la red supuestamente liderada por Reyes tenía acceso a información privilegiada de las instituciones estatales para hacer inversiones a bajos costos y después explotarlas.
El diputado negó estos señalamientos a través de Twitter, asegurando que se trata de un caso inventado por la Fiscalía por una motivación política. Romero recordó que este mismo discurso ha sido utilizado por otros funcionarios acusados de corrupción en el pasado.
UN CAMBIO DE VIDA
El periodista Sergio Arauz señaló que el súbito cambio en el nivel de vida es otra de las principales señales de posible corrupción de un funcionario público. Antes de las investigaciones contra el expresidente Mauricio Funes, por ejemplo, El Faro ya había revelado algunos lujos del exmandatario, como viajes en jets privados y el uso de artículos de marcas reconocidas.
“Sigfrido Reyes, yo recuerdo que cuando llegó a la Asamblea andaba en un vehículo de clase media, de un modelo no tan reciente, y creo que su paso por la Asamblea Legislativa demostró un cambio vertiginoso en su forma de vivir; comenzó a vestirse diferente, se veía diferente y escarbando en su comportamiento, realmente se estaba haciendo rico. Básicamente, son $6 millones los que pasaron por las cuentas de él y su familia”, afirmó.
La investigación contra Reyes señala que dos de sus empresas, Lubbex y Eko Lime, fueron utilizadas en un esquema de lavado de dinero. A través de movimientos anómalos las sociedades habrían lavado hasta $6 millones, según las indagaciones preliminares.
Reyes además es señalado por el delito de peculado, por supuestamente desviar $106,000 de la Asamblea Legislativa en 56 viajes al exterior. Al respecto, Arauz indicó que El Faro reportó los frecuentes viajes de Sigfrido Reyes y los onerosos viáticos que se recetaba, algo que “aparece en el requerimiento como una práctica que refleja por qué es importante ser directivo de la Asamblea Legislativa. Entiendo que el requerimiento contabiliza casi un $1 millón en salarios (…) y de esos casi $300,000 solo son en viáticos; y hay unos tramos de su participación como directivo en los que los viáticos casi que igualan sus ingresos de salario”.
LAS DUDAS DEL JUZGADO
Durante la audiencia en la que se decidió abrir el proceso judicial, el Juzgado 11º de Paz cuestionó a la Fiscalía por algunas debilidades en su investigación y porque consideró que no hay suficientes evidencias para catalogar al grupo señalado como una estructura criminal. Además, señaló que, de ser así, el caso debió presentarse ante un juzgado especializado.
Al respecto, Romero señaló que las dudas del juez estaban relacionadas sobre todo con la vinculación de familiares en la supuesta red de corrupción, más que con la participación de los principales implicados, que actualmente se encuentran prófugos. En tanto, Arauz explicó que para el juzgado las dudas recaen sobre si el caso trata sobre una estructura de lavado de dinero y de crimen organizado, y recordó que no es la primera vez que los casos de lavado de dinero muestran debilidades en este sentido, puesto que el mismo fiscal general ha admitido que la institución tiene pocos analistas financieros.
