El último control sobre el TSE opera excluido y a ciegas rumbo a las elecciones 2027
La Junta de Vigilancia Electoral (JVE), el único organismo donde los partidos aún pueden fiscalizar al Tribunal Supremo Electoral, opera sin recursos y sin información. Directores de la JVE señalan que el Organismo Colegiado ha ignorado sus preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso, les niega información sobre el Plan General de Elecciones, el voto en el exterior y ha dejado de compartir datos actualizados del registro electoral.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, recibió el 6 de noviembre un reconocimiento por su “Contribución al Fortalecimiento de la Democracia Salvadoreña”. Soriano cumple su primer periodo frente al TSE y, aunque aún no ha dirigido ninguna elección, fue galardonada por los partidos políticos que deberían fiscalizar su trabajo. La Junta de Vigilancia Electoral (JVE), el último organismo donde los partidos pueden ejercer contraloría del proceso electoral, premió así a un Tribunal que los ha dejado sin recursos suficientes, sin información crítica sobre el plan de elecciones y sin datos del registro de votantes.
El gesto de la JVE llega a poco más de tres meses de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán al presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes de los 44 municipios del país. Será, además, la primera elección dirigida por un TSE en control absoluto del partido oficialista Nuevas Ideas.
FOCOS entrevistó a trabajadores del TSE, directores propietarios y suplentes de la JVE —algunos de ellos bajo anonimato por temor a represalias— para reconstruir cómo funciona el organismo encargado de fiscalizar la labor del tribunal y el desarrollo de las elecciones.
Estas fuentes señalan que la JVE no ha recibido el Plan General de Elecciones (Plagel) completo, que ya no obtiene los listados nominales con incorporaciones y exclusiones del registro electoral —vitales para llevar control del número de votantes— y que ha disminuido la vigilancia en las emisiones de Documentos Únicos de Identidad (DUI). Tampoco hay suficientes recursos humanos, equipos y presupuesto para fiscalizar efectivamente las elecciones de 2027.
Tres fuentes confirmaron además que la presidenta Roxana Soriano ha ignorado una petición urgente de la JVE para revisar la contratación de Romeo Auerbach, un exdiputado que ataca a candidatos opositores en redes sociales y se desempeña actualmente como delegado de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
La JVE está compuesta por un miembro propietario y un suplente por cada uno de los 11 partidos políticos inscritos actualmente ante el TSE. Es el espacio donde los partidos tienen el derecho de vigilar la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral, según el artículo 131 de la Constitución de la República.
Pero en la práctica, los partidos activos en la JVE no ejercen estos derechos. Una de las fuentes consultadas lo resume en una frase: “la JVE ha ido renunciando a su labor de fiscalización”.

“Vigilar, no fiscalizar”
En el reconocimiento entregado a Roxana Soriano, los directores de la JVE “expresan su reconocimiento y agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de la democracia salvadoreña y por promover una relación de respeto, colaboración y entendimiento entre ambas instituciones”.
Durante su gestión, sin embargo, el TSE ha tenido varios retrocesos. Fueron despedidos más de 150 técnicos del TSE con décadas de experiencia y se contrataron empleados cercanos a Soriano en la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), las otras dos instituciones que presidió antes de llegar al TSE. A pesar de estos movimientos, la presidenta del TSE mantuvo piezas cercanas a la Presidencia en el Registro Electoral y en la Unidad de Servicios Informáticos (USI).
Su control alcanzó también a la JVE. Según las fuentes que conversaron con FOCOS, las decisiones al interior de este organismo suelen tomarse en bloque a favor de Nuevas Ideas, con el apoyo del Partido de Conciliación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Fuerza Solidaria.
En la mayoría de las decisiones también acompañan con sus votos los representantes de los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ambos directores apoyaron, por ejemplo, otorgar el reconocimiento a Soriano. La propuesta fue de GANA, el partido que sirvió como vehículo para que Nayib Bukele llegara a la presidencia en 2019, y cuyos rostros más visibles siguen apoyando al oficialismo a pesar de no contar con representación legislativa. Se aprobó con todos los votos, a excepción de Vamos.
Al ser consultado por su apoyo, el director propietario de ARENA, Selim Alabi, aseguró que el reconocimiento entregado «responde a una valoración de las actuaciones» de Soriano, quien ha mostrado «disposición a apoyar el trabajo de la Junta, mantener una relación de respeto y reconocer su independencia institucional».
Aclaró, sin embargo, que este reconocimiento «no constituye un respaldo irrestricto a futuras decisiones» y que «no significa renunciar a la función de vigilancia, fiscalización y contraloría que por mandato legal» debe realizar la Junta.
«Un reconocimiento institucional no significa que desconozcamos los asuntos pendientes, que estemos satisfechos con absolutamente todos los aspectos del proceso o que renunciemos a nuestra función fiscalizadora», dijo.
El director del FMLN, Irvin Sorto, justificó su acompañamiento a la votación para entregar el reconocimiento diciendo que «institucionalmente” Soriano “ha efectuado un buen trabajo” y que “existe una buena relación entre ambas instituciones».

El único partido que votó en contra del reconocimiento fue Vamos. El director suplente de Vamos, Carlos Martínez, aseguró que la relación entre la JVE y el organismo colegiado es “de conveniencia” y señaló a los directores de la Junta a conformarse con “pequeñas facilidades presupuestarias” y algunos equipos entregados a sus oficinas. Comparó la situación con “darle un dulce a un niño para que no moleste”.
Martínez aseguró que en una reunión sostenida entre la JVE y el organismo colegiado el 12 de octubre, la presidenta del TSE les recalcó a los miembros de la Junta que su función es “vigilar, no fiscalizar”.
El artículo 131 del Código Electoral dice otra cosa: define a la Junta como “un organismo de carácter permanente, encargado de fiscalizar” las actividades y el funcionamiento de las dependencias del Tribunal.
El silencio del TSE
El 7 de octubre de 2026, la Junta de Vigilancia Electoral envió una carta al Organismo Colegiado con una petición para evaluar la contratación de Romeo Auerbach, actual delegado de la Dirección de Organización Electoral (DOE) y exdiputado de GANA, quien participa como comentador político en medios de comunicación y redes sociales, con posicionamientos a favor de Nuevas Ideas y ataques a partidos opositores.
Casi a diario, Auerbach publica mensajes respaldando a Nayib Bukele y en contra de sus críticos. El 15 de noviembre, en su cuenta de X, Auerbach escribió un mensaje refiriéndose a la campaña militar de Nayib Bukele en Haití y burlándose de los opositores: “La Chiquitinada dice que el Presidente Bukele ha mandado al ejercito (sic) a Haití para campaña electoral. Los haitianos no votan aquí y las encuestas dicen que Nayib arrasará”, escribió.
Seis horas después publicó una encuesta de opinión de la cuenta de X “World of Statistics” que le da una aprobación de 94 % de salvadoreños a Bukele. La cuenta no es de una casa encuestadora ni un instituto de opinión, si no un divulgador de datos que ha posicionado en repetidas ocasiones al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con altos índices de respaldo ciudadano basados en mediciones de firmas como CID Gallup.
El 11 de noviembre, compartió también una fotografía junto a Félix Ulloa, que busca su tercer periodo como vicepresidente junto a Nayib Bukele.
“Expresamos nuestra preocupación respecto a la situación generada a partir de la incorporación del señor Romeo Auerbach como empleado a la estructura del TSE”, señala la JVE en la carta, firmada por Ronald Alemán, director general de la JVE.
En el texto, la JVE indica que “los estándares de imparcialidad, objetividad, respeto institucional y neutralidad deben caracterizar a quienes prestan sus servicios dentro de la autoridad electoral”, y que “cualquier actuación de un funcionario del TSE que pueda generar la percepción de una posición política” puede “terminar afectando la confianza necesaria para el adecuado funcionamiento de las relaciones interinstitucionales”.

La Junta también pidió al TSE que evaluara jurídicamente la contratación de Auerbach, debido a que se acogió a un decreto de retiro voluntario aprobado por el TSE, y dejó su cargo como subdirector de Logística Electoral en 2022. Esta normativa prohíbe a los exempleados y funcionarios beneficiados ingresar nuevamente al TSE por un periodo de cinco años que finaliza hasta mayo de 2027, tres meses después de la elección. Auerbach, sin embargo, fue recontratado desde mayo de 2026.
La carta fue firmada de recibido por el TSE ese mismo día, pero hasta hoy sigue el silencio oficial. El director suplente de Vamos en la JVE aseguró que no han obtenido respuesta y que en las reuniones sostenidas con la presidenta del TSE, Roxana Soriano, tampoco han visto avances. “No recuerdo una respuesta afirmativa”, dijo.
“El Tribunal es un ente que, en teoría, tiene que ser imparcial. ¿Cómo es posible que tengan a una persona trabajando que sale dando declaraciones y atacando a los partidos de oposición, diciendo que Nuevas Ideas va a sacar los 60 diputados?”, cuestionó Martínez.
Otra fuente del TSE confirmó que la Junta presentó el escrito pidiendo que se evalúe la contratación de Auerbach, pero que la presidenta ni siquiera subió la solicitud al Organismo Colegiado para que fuera revisada. La agenda del pleno y los puntos a abordar son definidos previamente por Roxana Soriano.
La petición de la JVE fue respaldada por la mayoría de partidos de la Junta, a excepción de Nuevas Ideas y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según fuentes del TSE.
FOCOS envió mensajes al teléfono personal de Auerbach para consultar sobre la petición de revisión que presentó la Junta en su contra y si considera que su contratación vulneró los procesos internos de la institución; pero no respondió a una solicitud de entrevista.
Sin plan de elecciones ni registro electoral
El TSE tampoco ha brindado a los partidos políticos la información ni los datos necesarios para fiscalizar las elecciones de 2027. Una fuente interna del TSE aseguró a FOCOS que “no se están cumpliendo las condiciones legales establecidas” ni se están proporcionando “los materiales para el ejercicio de la fiscalización” a la Junta, lo que, a su juicio, impide construir un proceso limpio y con la participación de todos los contendientes.
“No se puede garantizar el desarrollo del proceso electoral de forma transparente y limpia”, señaló la fuente.
El director suplente de Vamos aseguró que la JVE no ha recibido el Plan General de Elecciones (Plagel) completo, sino la versión pública y recortada que compartió el TSE después de reservar partes del documento “por motivos de seguridad de la elección”.
Esta es la primera vez que el TSE oculta partes críticas de la planificación electoral. Debido a esta reserva, ni la ciudadanía ni las organizaciones de la sociedad civil ni los partidos políticos han podido conocer detalles críticos de la organización electoral, como presupuestos específicos por área, las actividades, la cantidad de personas necesarias y mecanismos de contratación para cumplir los 24 programas que conforman el Plagel.
La información llega a cuentagotas. El Plagel debía contener, por ejemplo, proyecciones de la cantidad de centros de votación, Juntas Receptoras de Votos (JRV) y electores, datos que los partidos utilizan para planificar cómo vigilarán los votos recibidos el día de la elección. Al momento de conformar las JRV, los partidos opositores ni siquiera estaban seguros de cuántas mesas de votación debían conformar.
Otro director de la JVE, quien pidió anonimato por temor a represalias del organismo colegiado, agregó que desde que Soriano asumió la presidencia, la JVE dejó de recibir información actualizada del Registro Electoral.
Esta información consiste en los listados con nombre y Documento Único de Identidad (DUI) de los ciudadanos incorporados y excluidos del registro electoral.
En la práctica, los partidos cruzaban la información del registro con nombres y DUI de personas recién agregadas al registro y ciudadanos excluidos. A partir de estos datos, la JVE debe supervisar la emisión de padrones electorales, y revisar que estos coincidan con nuevos votantes y de defunciones reportadas por alcaldías.
Ahora, a pesar de que el TSE comparte videos con visitas oficiales a las oficinas de la JVE, solo llegan las cifras finales como el total de nuevas inscripciones, y no un registro verificable con nombres de ciudadanos.
El último informe estadístico, con fecha de corte al 9 de octubre de 2026, revela que había 7,338,333 salvadoreños inscritos en el registro. De ellos, 6,348,342 viven en El Salvador y 989,991 en el extranjero. Un documento titulado “resumen general”, enviado a la JVE, reporta un aumento de 14,678 en las incorporaciones, pero no brinda datos de las exclusiones por fallecimientos.
La remisión y publicación de las incorporaciones y exclusiones se fundamenta en el artículo 24 del Código Electoral, el cual establece que el TSE debe llevar el listado de ciudadanos incorporados y excluidos, el cual, “hará publicar sin expresión de causa cada tres meses por medios electrónicos” y debiendo “remitir copia a los partidos inscritos”. Hoy, el TSE dejó de enviar la información.
El TSE tampoco ha informado oficialmente sobre la contratación de la empresa para la implementación del voto electrónico para los salvadoreños de la diáspora. Según información del Registro de Adjudicaciones del Estado, retomada por La Prensa Gráfica, el TSE pagará $32 millones a la empresa española Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U. para que se encargue de la logística, operatividad y tecnología del voto en el exterior.
El contrato fue realizado con un mecanismo de contratación directa con competencia, después de que el TSE recibiera ofertas por nueve días entre el 23 y el 31 de julio de 2026. La JVE no fue informada oficialmente sobre esta contratación.
Esta es la segunda vez que el Tribunal insiste en entregar el voto de la diáspora a Indra. En 2024, la empresa ejecutó el sistema de voto en el exterior después de que el TSE la eligiera a pesar de ser la oferta más cara y peor puntuada, según reveló FOCOS.
Consultado por FOCOS, el director de la JVE por ARENA aseguró que la Junta ha recibido equipo informático y que el Tribunal está dispuesto a reunirse, pero admitió que la Junta “no cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros suficientes” para cumplir plenamente su función fiscalizadora.
Señaló que hay «temas pendientes» a abordar, como el acceso al registro electoral del voto electrónico presidencial con pasaporte, información sobre los sistemas de votación nacional y extranjera, y detalles sobre el proceso para contratar a la empresa que realizará la auditoría al sistema.
Consideró «indispensable» que los resultados de las auditorías sean «públicos, transparentes y accesibles, sin que después se les impongan restricciones de acceso o se declaren bajo reserva».
La auditoría realizada por la empresa CGTS al sistema de votación utilizado en 2024 fue declarada bajo reserva por el pleno del TSE anterior. Tras las elecciones, los exmagistrados se comprometieron a revelar el informe y levantar la reserva, pero esto no sucedió. El actual TSE tampoco ha divulgado esta auditoría.
Una JVE dividida y sin recursos
A pocos meses de las elecciones, la JVE solició un refuerzo presupuestario para elevar su presupuesto a $1.6 millones este 2027 y garantizar recursos suficientes para la fiscalización en el año electoral. El Ministerio de Hacienda se negó.
La petición buscaba elevar el presupuesto actual de $814,720 a un total de $1,621,604.11 para el próximo año. Hacienda asignó un total de $12.3 millones al TSE, el mismo presupuesto de 2026, dentro del cual se incluyen fondos para el funcionamiento de la JVE.
El director de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Ciro Alexis Zepeda, manifestó a Diario El Mundo admitió que la Junta debe valorar pedir presupuesto extraordinario «para que el 2027 podamos ejercer la función tal como establece la ley secundaria y el Código Electoral».
Mientras, el director de la JVE por el FMLN, Irvin Sorto, aseguró que el presupuesto aprobado para la JVE “es una burla». «Es como que usted deje $8 en su casa y quiera desayuno, almuerzo y cena cuando el cartón de huevos cuesta $6», reclamó. «Yo entiendo el tema hacendario pero nosotros nos están amarrando de pies y manos, y nos están exigiendo que cumplamos lo que la ley mandata”.
Los directores de la JVE confirmaro que insistirán en solicitar el refuerzo a Hacienda. Mientras, la Junta opera al mínimo con parte del presupuesto que queda para 2026, cubriendo únicamente la fiscalización en San Salvador y realizando algunas visitas al exterior para corroborar la emisión de DUI y pasaportes, según dos fuentes de la Junta.
La falta de recursos no es un obstáculo nuevo para la JVE. En 2026, los partidos pidieron al TSE un refuerzo presupuestario de $633,172.69. Sin embargo, en junio de 2026, la JVE aceptó recibir solo $531,805. La reducción se hizo a petición de Roxana Soriano, luego de que el organismo colegiado ofreciera saldar parte de las necesidades tecnológicas con equipo que dejará de usar el TSE al renovar su inventario.
La presidenta se comprometió con la Junta a entregarles computadoras, vehículos y mochilas, pero Martínez advirtió que no todas las necesidades tecnológicas quedan resueltas con esta promesa.
El TSE adquirió equipo nuevo para su personal y, fruto de las reuniones entre la JVE y Soriano, entregó a la Junta unas 51 computadoras usadas. La presidenta también prometió prestarle tres vehículos porque no pudo asegurar presupuesto para el mantenimiento de los pickups de la Junta.
Además, el TSE informó a la Junta que le habilitará 22 habitaciones en el hotel donde se realizará el escrutinio final, destinadas a directores propietarios y suplentes, según tres fuentes internas de la institución.
El director que habló bajo anonimato dijo que, a cambio de estas facilidades, la Junta ha ido renunciando a fiscalizar el registro electoral, a presentar informes electorales y ha aceptado no conocer los detalles del Plagel. Por eso, dice, “no confía” en el proceso, y considera que la relación es de “sometimiento de la Junta al TSE”, especialmente a la Presidencia.

La falta de liquidez, aseguró la fuente anónima, también ha profundizado la división que ya existía en la JVE. Además de estar separados entre quienes apoyan al oficialismo y quienes se oponen, denuncia que hay un aislamiento en contra de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) y Fuerza Solidaria (FS), cuyos directores no reciben el pago de dietas.
La solicitud hecha al TSE incluye $37,800 para cubrir las dietas de tres partidos sin financiamiento y $36,450 para actualizar las dietas de directores propietarios y suplentes. Pero el dinero sigue sin llegar.
Pese al impago, los directores continúan asistiendo a las sesiones de la Junta. Uno de los directores relató que el TSE permite desde enero de 2026 que la propia Junta autorice sus gastos, y desde entonces, los representantes de FPS, PAIS y FS no reciben planes de datos móviles para los celulares institucionales. La Junta prioriza los gastos de los ocho partidos que “siempre han recibido presupuesto”, aunque el Código Electoral establece que el presupuesto total debe dividirse entre todos los partidos miembros, denunció.
Otra fuente interna del TSE dio una lectura distinta del cambio de enero: se “facilitó el mecanismo de aprobación” de gastos, y ahora los directores acuerdan su presupuesto. Luego, el Tribunal “solo se da por enterado” y verifica que haya disponibilidad financiera. La fuente respalda ese esquema porque la Junta vigila al Tribunal y debe administrar su propio presupuesto, pero señaló una dificultad: la Junta no tiene representación legal y debe recibir sus fondos a través del TSE.
“En la Junta peleamos por todo y por nada”, dijo un director de la JVE que pidió el anonimato. Detalló que la JVE discutió hasta la entrega de $10 por cada partido para tener una máquina expendedora.
Sobre el presupuesto para 2027, aseguró que la discusión empezó con tiempo, pero se consumió en “asuntos superficiales”, como “qué tipo de mantenimiento requiere cada vehículo”. Al final del plazo, dijo, se planteó que Hacienda les había informado que debían mantener el presupuesto en el “mismo techo”, y se convocó a una sesión extraordinaria en la que se aprobó el mismo monto de forma exprés y sin aval de todos los partidos, debido a que algunos se ausentaron.
Martínez coincidió en que se aprobó sin la participación de todos los directores. “Pareciera que es: discutamos por lo que sea, pero que no vaya antes, agotemos el tiempo”, dijo otro director bajo condición de anonimato.
En su quinto informe de transparencia electoral, la organización contralora Acción Ciudadana señala que la falta de un presupuesto adecuado «podría afectar el papel fiscalizador» de la JVE. Al carecer de los recursos económicos y técnicos necesarios, los partidos ya no pueden vigilar el proceso, indica el informe.
FOCOS consultó a la oficina de prensa del TSE sobre las críticas emitidas por miembros de la JVE sobre la falta de acceso a detalles del registro electoral, al Plagel y al proceso de contratación del voto en el exterior. También se les pidió su postura sobre señalamientos de un proceso no limpio ni con garantías y sobre la falta de discusión del Organismo Colegiado sobre la petición para evaluar la contratación de Auerbach. La encargada respondió de recibido, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Además, se consultó al director ejecutivo de la JVE, José Antonio Palacios, sobre las limitaciones expuestas por directores de ese organismo sobre la fiscalización y la centralización del presupuesto en ocho partidos, excluyendo a tres institutos políticos, pero tampoco hubo respuesta.
El estándar: reglas ciertas y fiscalización
Eduardo Núñez, director de programa regional del Instituto Nacional Demócrata (NDI), explicó a FOCOS que una elección íntegra se basa en “reglas ciertas y resultados inciertos”: que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y ciudadanos, y se apliquen “en buena medida” de “forma estandarizada”, sin cambios cercanos a la votación.
Además, destacó que los partidos deben competir en condiciones “de equidad y competitividad”. Para garantizarlo, dijo Núñez, “se requiere que haya un sistema de control y fiscalización suficientemente robusto” para verificar su cumplimiento. En el caso de El Salvador, esa función le corresponde a la JVE.
Núñez dijo desconocer las condiciones actuales de la JVE, aunque afirmó: “Es relevante que la Junta de Vigilancia Electoral tenga los recursos en tiempo y forma para realizar su trabajo”. Advirtió que “sin una fiscalización efectiva y activa es muy difícil que se pueda producir información verificable” que no provenga de actores como el Tribunal o los partidos.
Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, aseguró que la JVE enfrenta carencias presupuestarias y que “no se le toma en cuenta en diversas decisiones que está tomando” el TSE.
“Esta elección va a carecer de integridad electoral y de diversos elementos e índices que debería cumplir una elección para considerarse competitiva, transparente y equitativa”, aseguró.
Cartagena señaló que la organización ya ha denunciado que el TSE “no está resolviendo los problemas de fondo” de la Junta. Para él, “esto es preocupante porque recordemos que la Junta es el único órgano contralor que queda en toda la institucionalidad del Estado”.
La JVE “se ha convertido en la única entidad donde hay presencia de los diversos partidos y donde todavía hay el poco de balance que queda en el país”, recalcó.
