“La decisión del ministro de Hacienda es arbitraria, ilegal e inconstitucional.”
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa.
(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández transmitida el domingo 4 de octubre de 2020)
En noviembre de 2019, cuando asumió su cargo, prometió una gestión conciliadora y el presidente Nayib Bukele dijo que se abría una nueva era en la relación entre ambos órganos del Estado. Eso no es lo que vemos en la práctica, de hecho la Asamblea que usted preside acaba de publicar un pronunciamiento donde dice que el Ejecutivo los está extorsionando y chantajeando. ¿Por qué falló esta promesa de concertación y diálogo que usted hizo con respecto al Ejecutivo?
Este servidor llegó con el compromiso de construir acuerdos al frente de este órgano del Estado con el reto de órganos. ¿Eso se mantiene en mi agenda? Por supuesto que se mantiene, he sido una persona que, de alguna manera, ha estado abierto al diálogo, abierto a la posibilidad de encontrar soluciones por la vía del entendimiento, encontrando cualquier solución posible a los diferentes problemas del país. Y ahí me han tenido el tema hacendario, en seguridad, en la pandemia prestos a darle la colaboración al Ejecutivo en esos aspectos. Ahora bien, debo entender que en el caso particular del Ejecutivo, el presidente Bukele, él tiene una, digamos, una peculiaridad, muy propia de su juventud.
¿Qué peculiaridad?
En primer lugar, el presidente Bukele es un presidente imperativo, un presidente que busca estar en los medios, especialmente en las redes sociales, estar tuiteando. Estar generando polémica y eso, de alguna manera, genera una situación de confrontación con el resto de los órganos de Estado. Y en el caso particular, de este órgano, formado por 84 miembros con diferentes formas de pensamiento ideológico, alguien le va a contestar y él no se queda callado, siempre responde. Esa situación ha generado, digamos, roces hasta llegar al nivel de asfixiar al órgano Legislativo, en el sentido de no trasladar las transferencias, que es la última muestra de poder es decir: “te voy a demostrar que yo te puedo, de alguna manera, callar, asfixiar, no trasladando los recursos para tu propio funcionamiento”. Y esto es lo que vemos hasta este momento (1 de octubre). En lo particular, yo debo mantener siempre la cabeza fría y las puertas abiertas, para poder discutir los temas con serenidad, criterio técnico y apegado a la legalidad, pero nunca salirnos del margen de la ley.
Usted dice: “Debo mantener las puertas abiertas”, por esto, ¿Debemos entender que en este caso particular, en el que el gobierno central, no ha hecho los pagos de los salarios de la Asamblea, usted estaría dispuesto a ceder a la petición del Ejecutivo de aprobar más financiamiento?
Lo que está pidiendo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, es imposible, en primer lugar, porque él está atropellando y metiéndose en los asuntos propios del Legislativo. El ministro de Hacienda ni nadie puede trastocar sus funciones ni el presupuesto de la Asamblea. Lo que él está pidiendo obviamente es imposible. Y este servidor no va a caer en una situación de ilegalidad, en una falta. Lo que él está solicitando está fuera del margen de la ley y el Legislativo no se va a prestar a ello. El día de ayer en una carta que se le envió, se lo hicimos saber, en la que le decimos que está obligado a hacer las transferencias en su totalidad al órgano Legislativo. No tiene porqué inmiscuirse en los asuntos propios de este órgano…
… ¿No hay disposición de diálogo en este punto? ¿Aprobar más financiamiento a cambio de que se paguen los salarios?
El punto es que el financiamiento que ellos están pidiendo no tiene nada que ver con el gasto corriente. Ya ese financiamiento producto de los préstamos del BID y del BCIE está orientado a otras áreas, a otro gasto que no tiene nada que ver con planillas; por lo tanto, no está en juego en que vengamos y avalemos el préstamo de $250 millones de dólares del BID, más otro de $50 millones del mismo banco y otro del BCIE por $50 millones. Lo que está pendiente son el equivalente a $350 millones de dólares.
¿Usted sospecha que el ministerio de Hacienda sí tiene disponibilidad de ingresos corrientes para pagar los salarios de los trabajadores de la Asamblea Legislativa?
En efecto, y más o menos lo que está ingresando a diario al Estado anda rondando entre los $10 y $12 millones de dólares en días normales, de lunes a viernes, por lo tanto no hay motivo alguno para no transferir los recursos de los ingresos corrientes netos del presupuesto de la nación a este órgano de gobierno. Este ya es un capricho, una posición muy personal… es un capricho propio del ministro de Hacienda, ante el cual nosotros no vamos a ceder y no vamos doblegarnos.
¿Es un capricho personal del ministro de Hacienda o expresa una actitud del Ejecutivo, presidido por el presidente?
Yo no voy a entender que el ministro de Hacienda está actuando solo, él está siguiendo una orden porque no creo que se la esté jugando solo. Ya en este caso en particular, hemos puesto aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), hemos hecho toda la descripción de la situación provocada por no haberle trasladado los recursos a la Asamblea. Pero ayer (1 de octubre) en horas de la tarde, presentamos una denuncia con nombre y apellido a donde se están tipificando los delitos posibles en los que ha incurrido el ministro de Hacienda y su equipo.
Tengo aquí la denuncia que ha presentado la Asamblea ante la FGR, ¿Qué delitos están señalando que han sido cometidos por el ministro de Hacienda, de acuerdo a su perspectiva?
Los actos arbitrarios están tipificados en el Código Penal y creo que ese uno de los delitos obviamente está incurriendo; y el otro delito es incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 321 del Código Penal.
Debo entender que sí la FGR solicita a la Asamblea el desafuero del ministro de Hacienda, ¿usted está dispuesto a acompañarlo con su voto?
En efecto, ningún funcionario puede estar por encima de la ley. Todos estamos obligados a cumplir al pie de la letra el marco constitucional y la ley; y en este caso particular nadie, por mucho poder que tenga al frente de una instancia, puede atropellar el marco constitucional…
… ¿Eso es un sí?
Esto que estamos haciendo está orientado a la defensa de la institucionalidad. Hoy se lo hacen al Legislativo, mañana se lo pueden hacer al Judicial, porque no les guste una sentencia. O la FGR, porque no les guste una investigación. Mañana se lo pueden hacer a la Corte de Cuentas de la República (CCR), porque no les guste una investigación sobre un acto de corrupción concreto que se investiga. Entonces, no se puede dejar una puerta abierta a este tipo de situaciones arbitrarias.
El 30 de septiembre, cuando el Ministro de Hacienda y otros funcionarios del Ejecutivo llegaron a la Asamblea a presentar el proyecto de presupuesto de 2021. Usted dijo que había que reforzar el diálogo. Pero luego va a la FGR, primero a presentar un aviso y luego una denuncia contra el Ministro de Hacienda y otros funcionarios de esa cartera. Esto contrasta mucho con esa disposición, ese llamado al diálogo que hacía, ¿habló con el presidente Bukele para resolver el problema antes de acudir a la Fiscalía General de la República?
Debes de entender cómo funciona el Órgano Legislativo, después de mi llegada como presidente de esta institución. Las decisiones que se toman son de forma colegiada. Por lo tanto, las decisiones que obviamente se están tomando, a partir del día del 1 de octubre por la no transferencia de los recursos, son decisiones colegiadas de los 11 miembros que dirigen este órgano. Por lo tanto, no es una decisión personal. Ahora, claro, yo soy el que está al frente y tengo que cumplir el mandato de la Junta Directiva.
Esta toma a bien el presentar un aviso ante la Fiscalía a partir de las cero horas en las que se caía en delito, todavía el día 30 de septiembre no había delito alguno porque se podían hacer las transferencias. Pero la Junta Directiva estaba preparada para decir: sí no se transfieren los recursos en el período que manda la ley, pues que se proceda inmediatamente a presentar el aviso a las cero horas y así el equipo de abogados hizo lo que mandató la Junta Directiva.
Por supuesto que yo mantengo un mensaje y un discurso de buscar por todos los medios un entendimiento. No he podido hablar con el Presidente de la República pero si tengo una buena comunicación con los funcionarios, especialmente con el ministro de Hacienda, y le hice saber a qué se estaba sometiendo si no hacía las transferencias de los recursos.
Por supuesto que la contrapropuesta que el ministro Zelaya me hizo, que yo le enviara las planillas separadas de empleados, asesores y de diputados para poder hacer las transferencias correspondientes a los empleados. La decisión que tomó Junta Directiva es simple y sencillamente que este órgano no puede ser manipulado o manejado de forma arbitraria por un funcionario ajeno a este órgano de gobierno. Por lo tanto, la decisión del ministro es totalmente arbitraria, es totalmente ilegal y es totalmente inconstitucional.
Él no puede entrometerse en los asuntos propios del Legislativo, especialmente en la parte de su funcionamiento. Él está obligado a hacer las transferencias de forma total al órgano legislativo, tal como lo ordena la Ley de Presupuesto. Yo busco el diálogo, qué es lo que quiero para el país. Pero deberá entender que las decisiones colegiadas son las que deben ponerse en práctica y es un mandato.
“Hay una denuncia muy concreta ante la Fiscalía, a partir del 1 de octubre a las cuatro de la tarde, de la cual ya el fiscal tendrá que proceder inmediatamente a activar y a hacer efectivo su trabajo fiscal en función de esa denuncia.”
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa.
Está señalado directamente el ministro de Hacienda, pero hay otros funcionarios
Esta, el Director General de Presupuesto, Carlos Gustavo Salazar, y el Director General de Tesorería, Juan Neftalí Murillo Ruiz, porque han caído en falta, están cometiendo, de acuerdo al equipo de abogados que han estructurado la denuncia penal, están cayendo en delito. Así es que hoy sí hay una denuncia muy concreta ante la Fiscalía, a partir del 1 de octubre a las cuatro de la tarde, de la cual ya el fiscal tendrá que proceder inmediatamente a activar y a hacer efectivo su trabajo fiscal en función de esa denuncia.
Usted decía que hay información en esta propuesta que el ministro les hacía, información sensible que no puede revelar al ministro de Hacienda, además de este elemento, por qué no ve viable esta propuesta de división de planillas tales como el Ejecutivo lo propone
En primer lugar, el presupuesto del legislativo es un todo. No está dividido, no está separado, es un todo. Que yo venga y le dé información tal como lo pide el ministro Zelaya, estaría cayendo en una falta y yo estaría incurriendo en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, no voy a caer en la trampa, en el sentido de que de presto venga y cancele los salarios de los empleados y no el de otros funcionarios y estos vengan y me demanden.Obviamente yo no me voy a someter ni voy a caer en esa trampa. O transfiere la totalidad de los recursos o que no transfiera nada, pero tiene que transferir los recursos tal como lo ordena la ley del Presupuesto.
“Yo debo acompañar cualquier proyecto que vaya encaminado a que saquemos al país adelante. Pero debemos de ser realistas, el país no puede crecer solamente con números.”
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa.
El estudio del presupuesto 2021
Hablemos del proyecto de presupuesto 2021. La proyección de ingresos corrientes que ha presentado el Gobierno para el 2021 es optimista a pesar de la crisis post Covid-19. ¿A usted le parece realista esta proyección de crecimiento de ingresos que hace el Ejecutivo?
Lo dije en la presentación del proyecto de presupuesto. Obviamente uno tiene que ser optimista al presentar el plan de gasto del año próximo y ese tiene que estar de alguna manera sujeto a realidades. Nunca hemos crecido más del 2.5%. Revisa el registro que tenemos, desde el 2009 hasta la fecha, no hemos logrado superar el 2.5%.
Por lo tanto, en tiempos normales, ahora post pandemia, yo debo de entender que, al momento de estructurar un plan de gastos y un plan de ingresos futuros, se basa en algunas proyecciones bastante atractivas. Pero con un gobierno como el que tenemos, en el que lo que con sus acciones hace es correr la inversión, lo que hace es evitar que se invierte en el país. Evita que muchos vengan y sigan creyendo en este país, difícilmente se va a poder crecer.
Yo debo acompañar cualquier proyecto que vaya encaminado a que saquemos al país adelante. Pero debemos de ser realistas, el país no puede crecer solamente con números. Yo más creo que el planteamiento de haber hecho un presupuesto de ingresos bastante voluminosos donde se cree que vamos a estar creciendo cuantitativamente, vamos a tener ingresos arriba de $473 millones de dólares en relación al 2020. Y que eso nos va a permitir de alguna manera cubrir otras áreas. Eso solo está, digamos, dentro de quien ha presentado el proyecto de presupuesto.
Pero eso tiene su razón de ser y en la medida que tú aumentas el volumen de los ingresos supuestos, tenés posibilidad de emitir deuda flotante. Entonces tenés que verlo por la vía de cómo te están planteando el proyecto de presupuesto. No es lo mismo calcular el 30% de la deuda flotante de un presupuesto de $6 mil 426 millones que de $ 7 mil 453 millones de dólares. Entonces ves cómo te aumenta la deuda flotante y te da la holgura de emitir deuda de corto plazo. Entonces, claro, en el fondo dan a entender que lo que ellos quieren es tratar de aumentar, de inflar los números para tener margen de emitir deuda de corto plazo.
Hablemos de la deuda y del tipo de deuda justamente en el proyecto, el Gobierno dice que está solicitando 1342 millones de deudas. Pero el tipo de préstamos sí cuenta, porque los títulos valores, por ejemplo, suelen tener precios más altos que los que se podrían poner con préstamos de organismos internacionales. ¿Qué tipo de deuda está dispuesta a probar el Legislativo?
Bajo el supuesto de que le demos el aval al Ejecutivo para financiar el presupuesto 2021, el órgano legislativo tiene que darle un abanico de posibilidades de emisión de deuda. Puede ser deuda titularizada o contratada. Y no lo podemos atar o ponerle una a camisa de fuerza diciéndole “solo emitan deuda contratada, no deuda bonificada”.
Se pueden establecer límites. Ahora, todo depende de cómo se comporta el mercado, pero en este caso en particular no podés sujetarlo a qué tipo de deuda se tiene que someter. Siempre estamos priorizando la deuda más barata, digamos que es la deuda contratada. Lastimosamente se nos está cerrando ante la banca multilateral de acceder a recursos baratos. Y eso es porque el país ya no tiene de alguna manera movimiento de cintura para tratar de decir bueno, me voy a ir a conseguir este monto de esta deuda para financiar parte del gasto.
Acordémonos cómo funcionan los mercados y la banca multilateral, que te presta dinero para proyectos concretos, no para gasto corriente. A excepción de hoy durante la pandemia que hicieron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quizá siendo benevolente con los restos de los países y especialmente El Salvador en momentos de pandemia, vino y orientó los $250 millones de dólares para el problema fiscal y para el pago de planillas. Pero fue una excepción.
Entonces usted no nos ve, digamos, pensando en el Estado Salvadoreño no tenga mucho margen de maniobra, por ejemplo, para tratar de limitar la deuda de corto plazo o los títulos valores que al final son los que más caro están resultando. El Gobierno acaba de poner a un interés de 9.5%, ¿no ve posibilidad de limitar esa opción de financiamiento?
No, no, no… Creo que el Gobierno va a seguir recurriendo a la emisión de deudas en los mercados, colocando los bonos a ese tipo de tasas de interés. Lamentablemente no nos toca de otra que seguir recurriendo a eso. Ahora, ¿qué tan atractivos pueden ser los bonos del país con un endeudamiento casi al límite a donde tú ya no puedes pasar la línea?
Si nosotros estamos casi rondando el 95% por ciento de la deuda, o sea, el margen que tenés es un 5%, es muy mínimo y prácticamente ya no vas a tener posibilidad alguna. Y alguien lo decía de forma muy sencilla: “De cada cien dólares que nosotros recibimos, producto de los ingresos corrientes netos, $90 van para el pago de la deuda”. Con ese tipo de intereses que estamos pagando, cada día te presiona más la caja y entonces no te queda más para resolver los problemas de país. Ya para la inversión no existe posibilidad alguna. Entonces estás asfixiando prácticamente las finanzas del Estado, ¿Qué le toca a este gobierno? No sé con qué medida va a salir a futuro. Desconozco. Tiene recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a donde se está exigiendo que se hagan los ajustes fiscales y los ajustes fiscales tienen que ser por la vía de los ingresos o por la vía del gasto de la reducción del gasto.
Usted dijo “en el supuesto de que se apruebe”. Me da la impresión de que hoy por hoy usted no está en disposición de aprobar el proyecto tal cual ha sido presentado, ¿qué tiene que cambiar para que usted tenga más disposición de aprobar el proyecto del Ejecutivo?
En primer lugar, tenemos que sincerar la información que contiene el presupuesto 2021. Desde mi punto de vista, el presupuesto tiene demasiado inflados los números, las cifras relacionadas a los ingresos. Esos son supuestos que obviamente difícilmente se pueden lograr. Tienes que tener un presupuesto real, basado en la verdad. Y debemos entender que después de la pandemia hay una nueva realidad en la que deberían de hacerse los ajustes correspondientes en las diferentes áreas.
No se puede estar ampliando más el gasto de forma como se ha presentado en el presupuesto 2021. Si no vas a tener esos posibles ingresos, yo no le veo por donde esa fuente de financiamiento sea tan certera para poder cubrir todo lo que ahí se está planteando. Lo único que es real en este presupuesto es el plan de gasto. Lo que no es totalmente irreal, es la fuente de los ingresos, porque se está planteando, ingresos corrientes netos por el equivalente a $5 mil 400 millones de dólares, producto de la tributación del impuesto al valor agregado (IVA) y de renta. En una situación en la que hay alrededor de 50 mil micro y pequeñas empresa (MYPES) que no han vuelto a abrir y eso nos deja prácticamente alrededor de 90 mil empleos formales que no se han vuelto a restablecer.
Son 50 mil contribuyentes pequeños que no están tributando y 90 mil empleados formales que no están cotizando al sistema y que tampoco, tienen certeza de que van a regresar a sus labores. Con eso se tiene de alguna manera un panorama totalmente diferente. Entonces, cuando planteas un crecimiento del 3.9%, cuando el histórico ha sido el 2.5% en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Y te están planteando que vamos a tener un ingreso de 473 millones de dólares en impuestos, con la fiscalización, con la mayor tributación, digo, ¿de a dónde?, y, ¿cómo?
“En este caso en particular al país, de qué le sirve que se esté publicitando lo que está haciendo el Ejecutivo cuando eso va en detrimento de los ingresos de funcionamiento de otras instituciones.”
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa
Usted decía que lo real eran los gastos. Hablemos de los gastos, ¿está dispuesto a aprobar un proyecto de presupuesto que destina más fondos a propaganda gubernamental que a instituciones de control, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Tribunal de Servicio Civil (TSC)?
Ese es el punto. Lo que nosotros queremos decirle al Ejecutivo es que tenemos que priorizar. No es con publicidad como tenemos que resolver los problemas, sino orientando los recursos para que las instituciones fiscalizadoras hagan su trabajo que por ley les corresponde.
Estoy convencido de que la publicidad es nada más para dar a conocer los efectos de las políticas públicas que obviamente estamos implementando. Pero en este caso en particular al país, de qué le sirve que se esté publicitando lo que está haciendo el Ejecutivo cuando eso va en detrimento de los ingresos de funcionamiento de otras instituciones. Estoy totalmente convencido de que tenemos que orientar los recursos al IAIP, a la Corte de Cuentas de la República (CCR), al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), a todo aquello que le sirva a la población para estar debidamente informada de cómo están funcionando las instituciones y cómo se están invirtiendo sus recursos.
Usted hablaba también de la relación entre el gobierno del Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ¿Tiene información de que está sobre la mesa entre el Ejecutivo y el FMI, sobre todo, que está sobre la mesa pensando en cómo aumentar los ingresos de este país?
Bueno, las recomendaciones que tenemos del FMI antes de la pandemia, de la cual no se veía venir, digamos, era que se tendrían que hacer ajustes por la vía del gasto o por la vía de los ingresos. En primer lugar, decía el Fondo Monetario, es necesario reducir la grasa del aparato del Estado, bajar el gasto y disciplinar, digamos, en la parte del gasto corriente.
No quiero decir que no tengas que generar gasto, porque hay un gasto necesario que permite el funcionamiento del aparato del Estado. Pero hay un Estado demasiado robusto. Por lo tanto, nuestra recomendación es que ustedes hagan un ajuste por la vía del gasto. Si no lo quieren hacer por la vía del gasto, dice el Fondo Monetario, hagan por la vía del ingreso, ¿por qué?
Porque los ingresos con los cuales está tributando en este momento no son suficientes para poder cubrir las demandas y el funcionamiento efectivo del aparato estatal. Entonces, el FMI lo que te hacen son recomendaciones de nuevos impuestos. Esta situación es la que ve el gobierno en este momento y tiene que buscar una salida. Yo no veo por dónde o cuál va a ser la receta que el gobierno va a echar a andar.
Están en una situación complicada. Primero, porque con la última emisión de deuda de $3 mil millones de dólares, más la que ya se le había autorizado prácticamente la tarjeta de crédito está casi topada, eso le exige al Gobierno que empiece a regular el gasto. Si se mantienen ese gasto exorbitante y descontrolado tampoco veremos resultados de las acciones en políticas públicas, entonces el país va en una situación desordenada, en una ruta donde no tenés, digamos, un norte.
¿El Gobierno debe revisar el aumento del IVA?
El Gobierno tiene que revisar varios aspectos. Es su responsabilidad determinar qué acciones van a tomar. Ellos pueden hacerlo por la vía de hacer una mejor fiscalización y que todos paguemos sin aumentar impuestos. Ellos pueden de alguna manera lograr una efectiva tributación, porque se entiende que de los que tributamos al final no ingresa a las arcas del Estado entre un 15 y 20%.
Desde gobiernos pasados venimos escuchando este argumento. Debe de combatirse la evasión fiscal y estamos de acuerdo, ¿es suficiente una recaudación más efectiva, perseguir más la evasión fiscal para obtener los ingresos que necesitamos para invertir en desarrollo en este país?
Lo pongo de la siguiente manera: el Estado, en este momento, tiene que buscar los mecanismos para hacer que todos tributemos. Y aquí se ha dicho, y es una de las propuestas que ha hecho el FMI. Que el impuesto predial, creo que solo El Salvador y otro país en el mundo no lo tiene. Ese podría ser una salida para resolver el problema. No es por la vía del IVA, sino es por aquellos que de alguna manera tienen patrimonio y puedan ser gravados esos patrimonios que obviamente son patrimonios ociosos.
¿Y usted ve estas como soluciones o alternativas más viables?
Bueno, como cuando leemos las recomendaciones del fondo, no podemos de alguna manera venir y tomar, digamos, como parte nuestra esa recomendación. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo, no es del Legislativo. El Legislativo tiene que avalar sí considera que eso es que eso es necesario.
Pero este es un problema del Ejecutivo. Nosotros queremos ver qué hace el Ejecutivo. No es una responsabilidad que el Legislativo tenga que tomar. Será el mismo Ejecutivo, a través de su ministro de Hacienda o de su equipo económico, el que determinará qué salida tendrá que darle. Nosotros no le vamos a dar recomendaciones al Ejecutivo, ni aumentar IVA, ni aumentar renta ni meter el impuesto predial. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Para eso él tiene la responsabilidad del manejo de las finanzas y tendrá que decidir qué ruta tomar.
A