Ochaeta: la Cicíes no investigará casos
La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) no investigará casos de corrupción, dijo a FOCOS Ronalth Ochaeta, comisionado de la entidad.
“Vamos a dar asistencia técnica sistematizada, día a día, con cada uno de los fiscales; lo que les vamos a dar son capacidades técnicas para realizar su investigación”, explicó.
Esa es la principal diferencia con otros modelos de comisiones anticorrupción en Centroamérica, como la CICIG, en Guatemala, y la MACCIH, en Honduras, los cuales sirvieron de referente para la Cicíes.
De acuerdo con el modelo planteado en el Plan Cuscatlán, que engloba las promesas de campaña del ahora presidente Nayib Bukele, la Cicíes se implementaría con el apoyo de dos entidades internacionales, una de ellas es la Organización de Estados Americanos (OEA), con la cual se firmó un convenio de cooperación el 26 de noviembre. La otra es la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la que aún no se concretan acuerdos.
Según lo establecido en el plan de Bukele, Naciones Unidas brindaría apoyo directo en la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta la fecha se desconoce si la ONU tendrá algún tipo de papel en la Cicíes. En tanto, la OEA se limitará a prestar asistencia técnica.
Sin embargo, debido a que las funciones de investigación corresponden a la FGR por mandato constitucional, la Cicíes no puede involucrarse en ese proceso, dijo Ochaeta.
“Nos vamos por la cooperación técnica porque no lo podemos hacer de otra forma. El candado constitucional es muy fuerte en el país, entonces no se puede tener intervención directa en los casos”, indicó. El comisionado no mencionó si se está planeando proponer una reforma a la carta magna en el futuro, para permitir a la Cicíes apoyar con investigadores propios.
El comisionado dijo que además de la capacitación a los fiscales y el personal de la Fiscalía, la Cicíes podrá realizar auditorías forenses en el Ejecutivo, las cuales consisten en procedimientos administrativos, sin connotación judicial. Para ello, en el acuerdo marco de establecimiento de la comisión, el Gobierno se compromete a entregar la información que requiera la entidad.
Por el momento, la Cicíes tampoco puede participar como querellante en los procesos judiciales. Esto le permitiría a la comisión poder intervenir en el litigio de los casos y hacer solicitudes como una parte más ante un juzgado. Ochaeta aseguró que el Ejecutivo también se comprometió a presentar una reforma al Código Penal para poder dar esa función a la comisión, pero desconoce cuándo se podría presentar la iniciativa a la Asamblea Legislativa.
El 6 de septiembre, el Gobierno y la OEA firmaron una carta de intención para la instalación formal de una comisión anticorrupción en el país, la Cicíes.
En este documento se estableció un plazo de tres meses, a partir de su suscripción, para la firma de un convenio de establecimiento definitivo. Este convenio se firmó el pasado 26 de noviembre de 2019.