Población LGBTI no ve clara la política del Gobierno de Bukele para este sector

Muchas personas LGBTI votaron por Nayib Bukele en las elecciones presidenciales porque esperaban de él un buen trabajo, pero una vez en el Gobierno sus acciones generan dudas sobre su voluntad política para atender las necesidades de este sector de la población, aseguró en FOCOS Roberto Zapata, secretario general de la Asociación Amate, que trabaja por la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador.

Zapata consideró un retroceso la decisión del Gobierno de Bukele de eliminar la Secretaría de Inclusión Social, donde se encontraba la Dirección de Diversidad Sexual. Explicó que luego de las protestas de la población LGBTI, que cuestionaron al presidente Bukele sobre esta acción, recibieron como respuesta un tuit del mandatario indicando que las funciones de la dirección se trasladaron a una unidad en el Ministerio de Cultura. 

Para Zapata esta decisión no es idónea. “Para comenzar no se va a crear (una nueva unidad). La Unidad de Género ya existía porque está dentro del marco legal de la ley contra la violencia contra la mujer. Lo nuevo es el agregado de ‘diversidad sexual’, pero es una unidad que ya existía. Una persona que ya tenía todas sus actividades y su marco legal a favor de las mujeres, y a la que se le agregaron nuevas funciones, pero hasta ahora no sabemos cuál va a ser el plan estratégico o la política pública referido a esto”, dijo.

Además, recordó que el Ministerio de Cultura es una cartera de capacidades limitadas, con poco presupuesto. “Ahora se le están dando más responsabilidades y no un refuerzo presupuestario específicamente para este tema”, criticó.

Roberto Zapata, secretario general de la Asociación Amate, afirmó en FOCOS que no hay claridad sobre el nivel de compromiso del nuevo Gobierno con la defensa de los derechos de las personas LGBTI. / Elisa Hernández

En reuniones sostenidas con organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTI,  funcionarios del Gobierno se comprometieron a consultarles sobre los planes a implementar durante el actual Gobierno, pero según Zapata nunca fueron llamados. Esta pasividad genera dudas sobre el compromiso del Ejecutivo, dice. “No conozco personalmente a la ministra (de Cultura, Suecy Callejas), pero he escuchado que ella sí tiene un legítimo compromiso con la población LGTBI, el problema es que no sé hasta qué punto en el organismo Ejecutivo existe esa verdadera voluntad política de llevar el tema como una prioridad”, indicó.

OLA DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBTI

En el último mes, al menos cuatro personas LGBTI fueron asesinadas en el país. Los crímenes se han caracterizado por su brutalidad, señales de tortura y hasta la exposición pública y sádica de los cuerpos. 

El Salvador es el tercer país de la región en niveles de violencia homicida contra la población LGBTI, según un informe de la Red Regional de Información de Violencias LGBTI de América Latina y el Caribe, que reporta por lo menos 60 homicidios entre 2014 y junio de 2019.

Al respecto, Zapata dijo que el fiscal general Raúl Melara se comprometió a dar seguimiento a la creación del protocolo de investigación del delito de crímenes de odio contra la población LGBTI, el cual se inició en la gestión pasada, pero que hasta la fecha no se ha implementado.

Además, el activista lamentó la disolución de la mesa de Acceso a Seguridad y Justicia para la población LGBTI, porque en ella se buscaba sensibilizar a los funcionarios respecto a los derechos de ese sector.

En ese sentido, Zapata espera que el Estado salvadoreño tenga una política clara sobre los asesinatos contra la población LGBTI, «no que se esté improvisando o, peor aún, que haya un completo silencio de parte de las autoridades. Yo creo que al no existir esta claridad en la política pública, lo que está pasando es que el tema se queda en el olvido». 

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