Víctimas de la guerra ven con cautela veto presidencial a la ley de reconciliación
El viernes pasado, el presidente Nayib Bukele vetó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa, pero esta decisión del Ejecutivo debe verse con cautela, dijo Amanda Castro, de la organización Víctimas Demandantes (Vidas), que busca justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra salvadoreña.
Bukele vetó la ley de reconciliación por considerar que es una nueva amnistía que beneficia a los criminales de guerra e incumple con el cometido de reconciliar a la sociedad salvadoreña. De acuerdo con Castro, el mandatario debe acompañar su veto con otras acciones que demuestren su voluntad de respetar los Acuerdos de Paz. “Lo que hemos visto de este presidente es más armas, más soldados en la calle, lo que para nada se corresponde con las garantías de no repetición”, advirtió.
Un ejemplo de interés real en lograr justicia y verdad para las víctimas de la guerra es acatar la orden judicial que exigió al Ejecutivo abrir los archivos del Ejército, señaló Castro. “El presidente con esto tiene la oportunidad de demostrar si él manda a las Fuerzas Armadas o si es un títere”, dijo a FOCOS.
En ese mismo sentido se pronunció Benjamín Cuéllar, también parte de Vidas y uno de los demandantes que inició el proceso de inconstitucionalidad contra la amnistía de 1993. “Con el veto se abre una puerta para que el presidente demuestre que esto no es en función de terminar con sus enemigos internos”, señaló.
El presidente Bukele aprovechó el anuncio del veto de la ley para criticar el papel de los diputados de Arena y el FMLN, a quienes anteriormente ha declarado enemigos del país por no aprobar un préstamo que el Ejecutivo ha solicitado para su plan de seguridad.
Para Cuéllar, el veto por sí mismo no tiene utilidad, a menos que el Ejecutivo convoque a una mesa de consulta con las víctimas para la redacción de un nuevo proyecto de ley y el desarrollo de políticas públicas que apunten al cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional.
LEY DE RECONCILIACIÓN BURLA SENTENCIA DE SALA
Cuéllar afirmó en FOCOS que la Asamblea burló la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en 2016 declaró ilegal la amnistía de 1993 y les ordenó crear una nueva ley de reconciliación nacional que incluyera garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
De acuerdo con el abogado, la ley aprobada por los legisladores ignora varios parámetros fundamentales ordenados por la Sala, entre ellos el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La ley que votó la Asamblea impone a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de un año, prorrogable por 6 meses, para que investigue si las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra tienen indicios de ser crímenes de lesa humanidad o de guerra. Además, dispone un plazo de 10 años para la judicialización de los casos. “El único camino que les queda a las víctimas es presentar una impugnación en la Fiscalía y una demanda en la Sala de lo Constitucional. Tienen que pagar abogado y no tienen recursos. O sea, la prescripción es de hecho”, afirmó Cuéllar.
Al respecto, Castro señaló que los plazos impuestos a la Fiscalía violan el acceso a la justicia de las víctimas. “Tenemos 40 años buscando justicia. No es una afectación que cometieron hace dos días (…). No es una posibilidad para las víctimas presentar una querella. La mayoría de las víctimas son personas campesinas que están lejos de la ciudad, donde ya de hecho ir a la Fiscalía en un plazo limita el acceso a la justicia”, dijo.
