Derribando el bien cultural: la política de la desmemoria

Por Karen Estrada Romero

Recuerdo la primera vez que visité el edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ese día, la persona a cargo de la visita guiada nos dijo de manera introductoria que, estábamos frente a las primeras escaleras eléctricas que se instalaron en el país, a finales de la década de 1950.

Desde octubre de 2019 el Gobierno de El Salvador anunció la construcción de una nueva Biblioteca Nacional en el mismo terreno donde se situaba el edificio de la ahora extinta BINAES, lo que implicaba derribarlo. El argumento: el edificio construido a mitad del siglo pasado estaba dañado.

Desde entonces, varios especialistas han expresado que el edificio, que finalmente fue derribado, no tenía ninguna alerta por daño estructural y si había algún daño era totalmente reversible, por lo que su demolición era innecesaria.

Pero hay más, desde el 2008 el edificio fue declarado como Bien Cultural junto a otras edificaciones del Centro Histórico de la capital, mediante el Decreto Legislativo No. 680 del 18 de julio de 2008; esto significaba añadirle medidas de protección para procurar el resguardo de dichas edificaciones, las cuales, fueron plasmadas en la resolución interna MP 001/2016 de la Secretaría de Cultura de la Presidencia publicada en el Diario Oficial del 19 de octubre del 2016.

Es en este documento, se detalla que al edificio de la BINAES le correspondería un nivel de intervención parcial 1; es decir, que al ser una edificación con una extraordinaria calidad tipológica se le debía procurar la protección de su fachada, así como de su estructura. En este sentido, demolerlo era una opción claramente fuera de toda consideración.

Sin embargo, a pesar que la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador determina que es el Ministerio de Cultura quien debe velar por el resguardo y procurar las medidas de protección a bienes públicos con la calidad de Bien Cultural, fue esa misma entidad la que decidió resolver en el 2019 que el nuevo edificio a construirse para la BINAES tiene un Interés Social Cultural y que abarcaría el actual terreno y, además, el resto de la manzana de extensión.

A raíz de todos estos hechos, un grupo de personas especialistas resolvieron enviar una carta con más de cien firmas solicitando una reunión con el Ministerio de Cultura y la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa para que se explicara las razones de la decisión tomada por las autoridades. No ha habido respuesta hasta hoy.

A partir de aquí, vale la pena aclarar que la construcción de una edificación que busque el resguardo óptimo del acervo literario, además del Archivo General de la Nación que ha estado errante y sin las condiciones necesarias hasta ahora, no es lo que se está denostando en estas líneas; sino, la cuestión que se expone aquí es el desdén hacia el patrimonio cultural y su valor simbólico: llegar al punto de no negociación del resguardo de un edificio de carácter de Bien Cultural al extremo de su demolición.

Considerar la posibilidad de un uso alternativo y búsqueda de una nueva locación de la Biblioteca Nacional hubiese evitado el irrespeto por parte de las mismas entidades encargadas de su protección.

También, cabe aclarar, que esto no es una acción sui géneris del actual gobierno. A lo largo de la historia salvadoreña los entes rectores de la política cultural han validado acciones que van en detrimento del patrimonio cultural y en esencia del valor simbólico de la cultura del país. Desde la década de 1980, Néstor García Canclini debatía cómo en América Latina existen de manera recurrente políticas en donde el valor material suele sobrepasar el valor simbólico de la cultura de un país.

Se desvanece la relevancia que tiene para la memoria, la identidad y los diversos contextos el cuidar de dónde venimos para examinar la posibilidad de mejorar hacia donde vamos. La destrucción del edificio de la BINAES como una especie de “borrón y cuenta nueva” refleja un fuerte mensaje de la política cultural actual, siendo un eslabón más que acompaña un discurso que subestima la memoria de la población.


Por Karen Estrada Romero es Maestra en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Licenciada en Artes Plásticas Opción Diseño Gráfico por la Universidad de El Salvador. Ha sido Jefa de Artes de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador, Encargada de Comunicación y Relaciones Externas en la Alianza Francesa de San Salvador y Directora de Museos del Ministerio de Cultura. Desde el 2018 es integrante de Red de Politólogas #NoSinMujeres y, desde 2020 es investigadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (IIJ-UNAM). Actualmente se desempeña como Investigadora Senior en la Fundación Cristosal.

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