Prisma - FOCOS

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Condena histórica en España por masacre de sacerdotes jesuitas
El viernes 11 de septiembre de 2020, en una resolución judicial histórica. 31 años después del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, la Audiencia Nacional de España condeno al exviceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano a 133 años por los asesinatos de cinco, todos ciudadanos españoles, de las ocho víctimas de esta masacre. Sentencia 17-2020 Audiencia de Madrid, España, Caso JesuitasLeer más publicaciones en Calaméo La sentencia, aunque se limita a cinco de las ocho víctimas de la masacre, es el primer precedente judicial en el que se culpa a una militar de alto rango como autor intelectual de los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 1989, cuando un comando del Batallón Atlacatl asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López; además de a Elba Ramos, empleada de los jesuitas, y su hija Celina Ramos.
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Las preocupaciones de la Nuevo Israel sobre el proyecto prometido por el presidente
Los daños del sector Quiroa de la Comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, tres meses después de la tormenta tropical Amanda. Fotografía/ Edwin A. Galdámez. Ana (nombre ficticio) camina por lo que era la sala de su casa haciéndose paso entre los objetos que cubren el suelo. Esa alfombra de ropa, juguetes, zapatos y papeles mezclados con lodo seco la avergüenza, como si fuera por la falta de limpieza que la habitación se encuentre en ese estado. “Va a disculpar todo el desorden, no he tenido tiempo de venir a limpiar bien. Es que es un montón de trabajo. Voy haciendo lo que puedo, cuando vengo”, dice. Atraviesa la sala y llega al dormitorio. Un cuarto de uno seis metros cuadrados, donde las dos camas en las que antes dormía su familia están apiladas una sobre otra, rodeadas de objetos amontonados que llenan todo el espacio disponible del cuarto. Hay una parrilla oxidada, una refrigeradora sin puertas, una bicicleta, sillas, electrodomésticos, más ropa y más zapatos que forman un pasillo por el que es difícil caminar. Todo está cubierto o salpicado del mismo lodo que cubre el suelo. Ana tiene razón, ordenarlo y limpiarlo implicaría varios días de trabajo y, quizá,…
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El punto de quiebre de Nayib Bukele con la UCA
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) o instituciones adscritas a ella han sido críticas con las actuaciones de Nayib Bukele desde que fue candidato a la presidencia, reconoce el rector de esta institución, el padre Andreu Oliva, SJ. Pero tres temas, en el contexto de la pandemia de COVID-19, marcaron el inicio de las críticas abiertas del presidente y sus seguidores a esta universidad: el manejo del sistema penitenciario, la violación de derechos humanos de la ciudadanía y la salida de la UCA del Comité que supervisaba el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por la pandemia, en mayo de este año.
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Comunidad Nuevo Israel en la incertidumbre tras la tormenta Amanda
Tres meses después de la destrucción causada por la tormenta Amanda, unas 200 familias afectadas en la Comunidad Nuevo Israel siguen viviendo en incertidumbre y bajo riesgo, aferrados a la promesa que hizo en ese mismo lugar el presidente Nayib Bukele, la noche del 31 de mayo pasado. Los habitantes de la comunidad esperan reconstruir sus casas cerca de donde residen actualmente y no en la finca «Betraña», en San Martín, donde el viceministerio de vivienda planea hacer condominios para los afectados.
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Los enfermos abandonados durante la crisis sanitaria
Durante cinco meses, el acceso a servicios como exámenes médicos, las consultas, las cirugías e incluso las emergencias estuvieron limitados por la pandemia de Covid-19. Hasta junio de este año, por ejemplo, el Ministerio de Salud reportó solo un 35% de atenciones con respecto al 100% brindado el 2019 en todo el año. En el caso de las cirugías el nivel de producción en ese mismo periodo fue solo del 34%. Además, hubo 500, mil atenciones preventivas menos, que incluyen acciones como vacunación de menores de edad, exámenes de cáncer y VIH. Las consecuencias de esta parálisis de la salud en todo el país, son imposibles de medir pero es sensible para la población, sobre todo aquella que padece enfermedades crónicas.
Notas
UES sin poder acceder a los archivos militares
Desde 2016, durante la gestión del rector Luis Argueta Antillón, la Universidad de El Salvador (UES) mantiene una batalla para obtener toda la información existente en el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) sobre hechos de violencia y de graves violaciones de derechos humanos hacia la comunidad universitaria. Todo esto como parte de la batalla por recrear la historia de la represión que sufrió la UES en los años 70, 80 e inicios de los 90. Una tarea que ha tenido como principal adversario el mismo Estado, que se ha negado en repetidas ocasiones abrir los archivos militares al escrutinio público.
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MOP usó fondo de emergencia para gastos decorativos de hospitales nacionales
El Ministerio de obras públicas gastó más de $30 mil dólares en decoración, iluminación y ornamentación del nuevo Hospital El Salvador. / Fotografía: Presidencia. El Ministerio de Obra Públicas (MOP) hizo 15 órdenes de compra por un total de $138,396.42 dólares para gastos decorativos en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, utilizando dinero del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid). El dinero fue destinado para la compra e instalación de iluminación ornamental, decoración de fachadas, logotipos y rótulos en hospitales nacionales que atienden a enfermos por covid-19 y el hotel para personal médico, ubicado en la ex residencia presidencial.
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Centros Penales usó irregularmente $8.9 millones de tiendas carcelarias
Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) manejó arbitrariamente $8.9 millones de dólares provenientes de los depósitos familiares en favor de los privados de libertad, a pesar de que las normas de control y fiscalización creadas por este mismo Ejecutivo obligan a que esos recursos sean resguardados por Ministerio de Hacienda. Los depósitos familiares constituyen la fuente de financiamiento de las tiendas institucionales que hay en las cárceles de todo el país, en las cuales los reos pueden adquirir productos de higiene y alimentos para suplir los insumos y la dieta precaria que les proporciona el Estado. En septiembre de 2019, el presidente Nayib Bukele emitió el Decreto Ejecutivo 22, que reforma el reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario y creó un nuevo sistema de control y administración de las tiendas carcelarias con el objetivo de garantizar la transparencia. Pero a casi un año de emitida la nueva regulación, Centros Penales no ha cumplido con sus propias reglas. La ley establece que los depósitos familiares deben ser colectados por Centros Penales, pero al tratarse de fondos que pertenecen a los reos, después de ser recogidos deben enviarse a resguardo del Ministerio…
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¿Control territorial o Tregua 2.0?
El gobierno del presidente Nayib Bukele presenta durante su primer año de gestión cifras menores a los 200 homicidios mensuales, las más bajas desde el 2013, el período de tregua con las pandillas durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Jeannette Aguilar, especialista en seguridad pública, asegura que existen paralelismos entre el proceso de pacificación de 2012 – 2013 y el período actual. Ella explicó a Focos que uno de los indicios es la reducción drástica en los enfrentamientos y ejecuciones extralegales entre la Policía Nacional Civil (PNC) contra las pandillas. “Sabemos que hubo apoyo electoral de las pandillas hacia Bukele, que hubo acercamientos del gobierno de Bukele y algunos de sus funcionarios”, analizó Aguilar. También aseguró que el mandatario contó con el apoyo de las principales pandillas en las elecciones municipales y presidenciales. El gobierno de Bukele asegura que la baja en los homicidios se debe al plan Control Territorial, pero Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group, destacó que ese documento no se ha presentado en físico para comprobar su efectividad. El debate actual se enfoca en la legalidad de acuerdos con los grupos criminales para alcanzar una disminución de los delitos y si estos…
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El transporte pirata que mueve al país
El confinamiento domiciliar obligatorio finalizó hace 40 días pero el transporte público no se reactivó. El Ejecutivo, argumentando el posible foco de contagio de COVID-19 que sería los buses y microbuses autorizados, dejó para la fase dos de la reactivación económica el reinicio del sector público de transporte. Sin embargo, la fase dos ha sido pospuesta ya en dos ocasiones. Aunque las empresas formarles están obligadas a dar transporte a sus empleados, la realidad económica del país es que el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) pertenece al sector informal. Son ellos: vendedores informales, obreros y trabajadores de oficios varios que deben salir a ganarse la vida han echado mano de pickups y microbuses pirata que les cobran cerca de cinco veces más que los autobuses autorizados para transportarse. Este es un corto relato del transporte que mueve a la ciudadanía en San Salvador.