Contabilizan 13 ejecuciones extrajudiciales y al menos 15 grupos de exterminio en los últimos seis años

El estudio del OUDH identificó un uso excesivo de la «fuerza letal» en la PNC.
Fotografía: Presidencia de la República.

Un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), revela que entre 2015 y 2020 se registraron al menos 13 ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes policiales, efectivos militares y personas civiles.

La mayoría de estos casos fueron catalogados por las autoridades estatales bajo la figura de “enfrentamientos armados”, pero los representantes del observatorio aseguran que se trata de un encubrimiento de los abusos de las fuerzas de seguridad. 

“Los procesos de investigación, tanto internos como externos, deben ser investigados de manera independiente e imparcial. Sin embargo, en el período estudiado, se observa una narrativa que busca legitimar este tipo de hechos”, señaló Jorge Rodríguez, coordinador técnico del Observatorio.

La investigación revela que, durante los años analizados, el Ministerio Público registró mil 365 casos de agentes de seguridad pública procesados por muertes violentas. Sin embargo, sólo 25 de ellos (1.83 %) han recibido sentencia condenatoria.

“Todos los datos nos dicen que hay abuso de la fuerza; por tanto, hay ejecución extrajudicial y el sistema judicial nos está diciendo lo contrario. Es decir, que todo o casi todo es en defensa propia. Evidentemente, hay un déficit de investigación muy fuerte, que tiene que ser corregido. Y la investigación, indudablemente, debe llevar a la depuración”, señaló José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

Uno de los principales problemas que generan impunidad en estos casos es que el delito de “ejecución extrajudicial” no está tipificado en ningún marco legal, dijo Tojeira.  También, afirmó que hay un “trato diferenciado” para los agentes policiales y militares que enfrentan procesos judiciales por muertes violentas, puesto que se trata de quienes representan la “versión oficial”.

El estudio del OUDH refleja que hay dos modalidades bajo las cuales se han reportado los asesinatos arbitrarios: la coordinación entre miembros de instituciones estatales de seguridad con personas civiles para realizar asesinatos selectivos y el uso excesivo de la “fuerza letal”.

Con respecto a la primera modalidad, el OUDH señala que hay registro de al menos 15 grupos de exterminio en el país, con participación de agentes policiales, militares y civiles que se organizan para ejecutar homicidios selectivos, simulando acciones como requisas, allanamientos y operativos policiales, además de privaciones arbitrarias.  

Sobre el uso excesivo de la “fuerza letal”, estándares internacionales establecen que, en materia de enfrentamientos armados, siempre debe haber menor número de personas civiles fallecidas que lesionadas. Pero, en El Salvador, en los últimos cuatro años, ese indicador nunca se ha cumplido.

En 2017, hubo cinco civiles fallecidos por cada lesionado; para el 2018, hubo 2.3 civiles fallecidos por cada lesionado; en 2019, 2.5 fallecidos por cada lesionado y, para 2020, 1.4 personas fallecidas, por cada persona lesionada. 

Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, enfatizó en que el estudio refleja datos relacionados con un arraigo cultural, social y político de muchos años atrás. Además, asegura que es un tema preocupante que debería tener en alerta a todas las instituciones de seguridad pública.

“En el caso de la Policía Nacional Civil, su comportamiento en el territorio está fuera del marco legal, hace uso de la violencia política. Actualmente, se vive un contexto de gran vulnerabilidad en acceso a la justicia y respeto de derechos fundamentales”, agregó.

El informe establece que, para prevenir más casos de abusos y mejorar los controles internos, se debe:

  • Tipificar penalmente el delito de “ejecución extrajudicial”.
  • Fortalecer la investigación y la administración de justicia en el procesamiento de asesinatos arbitrarios.
  • Garantizar la desarticulación de los grupos de exterminio.
  • Capacitar en el “uso de la fuerza letal” a todos los agentes policiales y darles atención psicológica.
  • Transparentar la información pública sobre abusos policiales.

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