Detienen a cinco exfuncionarios del FMLN y ordenan captura de Sánchez Cerén

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó ayer a cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), la primera administración del FMLN, por recibir sobresueldos provenientes de la partida de gastos reservados de la presidencia. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de lavado de dinero.

Los detenidos son el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, y la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal.

Según la Fiscalía, Cáceres habría recibido $210 mil en pagos alternos a su salario como funcionarios. Mejía habría recibido en el mismo concepto, $208 mil; Flores $174 mil, y Menjívar y Hándal , $167 mil, cada una.

Además, existen órdenes de capturas vigentes contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, por los sobresueldos recibidos cuando fue vicepresidente. También contra el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez: la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl y el exministro de Agricultura, Guillermo López Suárez, quienes también recibieron pagos extra.

El ministerio público destacó que Sánchez Cerén acumuló $530 mil y Martínez $290 mil en concepto de estos pagos.

Las detenciones no se realizaron porque los señalados no fueron localizados en sus viviendas y se presume están fuera del país. Las autoridades declararon que pedirán a interpol la difusión roja para su ubicación internacional.

El FMLN reaccionó a las detenciones señalando que ocurren en el marco de una persecución política contra la oposición por parte del Gobierno de Nayib Bukele. 

En una transmisión en Facebook, el secretario general del partido Oscar Ortiz también aseguró que las detenciones fueron irregulares y arbitrarias porque no se respetó el debido proceso. “Es un abuso desmedido de poder”, recalcó el dirigente.

Según el fiscal general de facto, Rodolfo Delgado, este proceso se deriva del caso Saqueo Público, por el que se acusa al expresidente Funes -huído a Nicaragua- de desviar $351 millones de la partida reservada,  monto del cual se habrían extendido sueldos alternos para los exfuncionarios

El 1 de mayo, el Ejecutivo en alianza con la Asamblea oficialista, nombró de manera irregular a Delgado como fiscal general. 

La Fiscalía sostiene que en el quinquenio de Funes, la Asamblea Legislativa aprobó $80.8 millones para fondear la partida de gastos reservados de la presidencia, sin embargo, a través de transferencias ilegales que habría realizado Cáceres, como titular de Hacienda, se engrosó el presupuesto hasta los $351 millones, sin la aprobación del Congreso.

De acuerdo a declaraciones que familiares y abogados de los detenidos dieron a la prensa, la PNC no habría informado oportunamente cuál era el motivo de la detención a los procesados hasta la llegada a la delegación policial, asimismo, los acusados no habrían podido consultar a su abogado hasta varias horas después de su captura.

Pese a tratarse de un operativo de la Fiscalía, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó activamente sobre el procedimiento a través de sus redes sociales, utilizando un hashtag especial y presentando incluso imágenes de los detenidos a las que solo el equipo de comunicaciones del Ejecutivo tuvo acceso.

El fiscal de facto respondió y dijo que “esto no es persecusión política, sino la persecución de ladrones”. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, secundó a su fiscal y dijo que “buscarán que quienes ostentaron cargos políticos respondan ante la justicia y el pueblo”.

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